Constituye un incumplimiento del principio de confidencialidad relativo al tratamiento, habiéndose vulnerado el art. 5.1.f) RGPD.
Vulnera el derecho a la igualdad y causa discriminación por razón de sexo al existir discriminación refleja
Existe obligación de imputarlas por el tiempo en que el inmueble no ha estado arrendado, sin poder deducirse gasto alguno en ese período.
La verificación del balance que es la reducción de capital social por pérdidas no puede sustituirse por aportación directa a fondos propios.
La simple diferencia entre lo reclamado y lo ofertado no puede considerarse causa de exoneración, con lo que ha abonarse la totalidad.
Los Estatutos tienen que estar inscritos en el Registro de la Propiedad para producir efectos frente a terceros.
La fecha inicial será el primer ejercicio en que la entidad A (antigua) cotizó en un mercado oficial de valores, aunque luego haya habido una fusión inversa.
No supone una infracción administrativa, por no obtenerse imagen alguna, pero si puede suponer intromisión en el derecho al honor.
Es proporcional y justificado por el grave perjuicio que puede suponer para el normal desarrollo de la actividad empresarial.
El cónyuge supérstite, que recibe el usufructo del tercio de la herencia, no responde de las deudas tributarias del causante.
Hoy a las 11h, en formato virtual, Lefebvre y REA Auditores presentan el Memento Auditoría, obra que analiza la nueva Ley de Auditoría.
No lo es pese a que por su inasistencia, la junta no pueda constituirse válidamente por no reunir el quórum necesario.
El empresario accedió al correo electrónico particular instalado, sin consentimiento, en el ordenador de la empresa.
Aclaración de dudas sobre los expedientes para autorizar matrimonios y el acto de celebración.
Si se traspasa su actividad empresarial fundamental el plazo comienza cuando la auditora contrató con la entidad original.
Es obligada la respuesta expresa, empleándose para ello cualquier medio que justifique la recepción de la contestación por el reclamante.
Es válido si se ha establecido por convenio y, además, concurren circunstancias que hacen justifican este plazo.
Abarca también las fijadas mediante un convenio regulador formalizado ante el Letrado de la Administración de Justicia o el notario.
Aunque socialmente pueda entenderse una actividad profesional, no está sometida a colegiación obligatoria y no le es aplicable la LSP.
Solo podrá serlo en delitos graves, independientemente de que los datos conservados a los que tengan acceso las autoridades del Estado.
Comienza el día que el perjudicado conoce por su curación en la sanidad pública el alcance real de sus lesiones y su evolución.
No se interrumpe porque uno de los años no fuese EIP, al mantenerse el mismo auditor de forma ininterrumpida en todo el periodo.
Existe infracción porque se accedió a datos personales de la trabajadora que debieron haber estado especialmente protegidos.
Puede acreditarse mediante certificado de empadronamiento u otro medio de prueba que demuestre la convivencia de manera inequívoca.
No pueden repercutirse, lo cual no excluye otras posibles vías de resarcimiento del retenedor respecto al retenido.
Estos pasan a funcionar de hecho, estando facultados para convocar junta con la finalidad de nombrar administradores.
No si es un juicio de valor sobre cuestión de interés general y no se usan expresiones insultantes no vinculadas del mensaje transmitido.
Si es sobre elementos que condicionan o afectan a los precios, constituyen una infracción por objeto y pueden ser considerados como cártel.
Si no existe, o desaparece, la vinculación entre la vendedora y la compradora, será fiscalmente deducible.
Lo hace la exposición en los ascensores del acta de la junta con identificación de asistentes y representados.
Es preciso un examen de los derechos o facultades que otorga a su titular para poder determinar su calificación a efectos tributarios.
Es posible si no hay información previa por el empresario sobre el derecho de desistimiento y hasta cuando se ejerce.
Es incompatible con un patrón de conducta constitutivo de violencia doméstica elevado a la condición de delito.
Salvo que esté inscrito en el Registro de la Propiedad, pues los arrendatarios están en precario por ineficacia sobrevenida de su título.
Tienen tratamiento contable de «renta contingente» negativa, siendo un menor gasto para arrendatario y menor ingreso para arrendador.
Puede dar lugar a indemnización por daños y perjuicios al retrasarse la aplicación de la medida conciliatoria solicitada.
Es posible derivarla al responsable solidario aunque no haya adquirido firmeza en vía administrativa por haber sido impugnada.
No es anulable por razón del engaño doloso provocado por la sociedad cofiadora y conocido por la prestataria.
En el conocimiento del riesgo se encuentra implícito el conocimiento del resultado al que queda vinculada la decisión del autor.
La modificación de un PGOU calificando las viviendas de uso turístico como equipamiento no vulnera el ordenamiento jurídico.
Se considera un gasto, en concepto de donación, aplicable al ejercicio económico en el que se realiza la adquisición.
La mala aplicación o inobservancia de la legislación al respecto hace que se puedan recibir importantes sanciones por parte de AEPD.
El TS declara que el desempleo involuntario es una situación asimilada al alta para causar derecho a la prestación de IP.
Se transpone la Directiva 2016/680, que establece un marco jurídico que proporciona la seguridad jurídica necesaria para facilitar la cooperación policial y judicial penal.
Si la modificación se produce por un cambio legal en el baremo aplicable, los efectos tienen carácter retroactivo y se producen desde la discapacidad es reconocida inicialmente.
No puede calificarse como operaciones de tracto sucesivo la compra venta de productos realizada por una cooperativa de segundo grado.
La fianza ha de ser expresa y no debe extenderse a más allá de lo contenido en ella, por lo que la interpretación debe ser restrictiva en beneficio del deudor.
Lefebvre organiza el próximo 26 de mayo, en formato virtual, la jornada "Blanqueo de Capitales: nuevos factores de riesgo en el desarrollo de la actividad profesional".
Es necesario que la misma haya sido transmitida a un tercero extraño. No hay problema si la transmisión se realiza a favor de quien ya es comunero.
El cambio de inmueble arrendado y la elevación de la renta, no es suficiente para considerarlo extinguido si no viene acompañado de la expresión de voluntad de las partes en ese sentido.
Según el TJUE solo es tiempo de trabajo cuando las limitaciones impuestas afectan de manera considerable a su capacidad para administrar su tiempo libre durante ese período.
No deben incluirse una vez los mismos sean declarados inválidos por la Administración pagadora.
Los celebrados por medios telemáticos son contratos a distancia y hay derecho de desistimiento aunque se haya ejecutado parcialmente.
Resulta lesiva al impedir el derecho a la libre elección de abogado, por no guardar ninguna proporción con los costes
Es un acto de mera tolerancia que puede revocarse en cualquier momento, sin que pueda exigirse unanimidad para hacerlo.
La indemnización por rescisión del contrato de trabajo no tiene la consideración de salario por lo que puede ser objeto de embargo.
Con vigencia desde el 12 de agosto de 2021, establece una presunción de laboralidad de las actividades de reparto efectuadas a través de una plataforma digital.
No cabe trasladar o extender la responsabilidad fiscal a un menor por carecer de capacidad de obrar y resultar inimputable por ministerio de la ley.
Es rescindible por ser posterior a la comunicación del art. 583 TRLC y no realizarlas las originarias titulares de los créditos compensados.
Debe primar el interés del menor y hacerse una aplicación maximalista del art. 92.7 CC.
Es necesario que quede acreditada la relación de causalidad entre la conducta negligente de los titulares y los daños que se dicen causados.
El que la actividad que realizaba en su domicilio no fuese la principal y preponderante no impide esta calificación.
El derecho a deducción sigue existiendo incluso cuando, el sujeto pasivo no haya podido utilizar los bienes y servicios que la dieron lugar.
Consolidación de la jurisprudencia al respecto a los efectos de la aplicabilidad de la legislación de protección de los consumidores.
Puede subsistir el derecho de uso pese a la división y posible venta y su oponibilidad frente al adquirente de la vivienda
Solo se extingue tras liquidarse la relación societaria y recibirse el correspondiente valor de la participación.
La acción de anulación no puede convertirse en un recurso ordinario que permita la revisión de todo lo actuado.
La empresa debe informar de los pactos a la representación de los trabajadores.
No es objeto de propiedad intelectual al no poderse identificar con precisión y objetividad en qué consiste la creación artística original del torero.
Pensada para el abogado, economista o titulado mercantil que quiera ejercer de Administrador Concursal, esta página reúne toda la información de actualidad y las últimas novedades que afectan al Derecho Concursal.
No resulta preciso emplear la totalidad del dinero, siendo suficiente con aplicar para el mismo fin dinero tomado a préstamo.
Se puede ejercer la acción publiciana, aunque se nombrase como reivindicatoria, por ser coherente con la causa de pedir.
Debe tenerse en cuenta la intervención que el mismo haya podido tener en la causación del daño.
No se puede resolver su contrato si las decisiones adoptadas, aunque no fueran exitosas, se encuentran dentro del ámbito de discrecionalidad empresarial.
Lo son los intereses del endeudamiento para adquirir autocartera y amortizarla, con reducción del capital social.
Es discriminatorio el que su cuantía sea reducida en proporción a la reducción del salario.
Es necesario que la Administración justifique la concurrencia de hechos nuevos que no existían en la primera comprobación.
Se aprecia al no haber podido conocer la magnitud de las obligaciones con anterioridad a la aceptación.
Modificación de la LSC para transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo.
Sí, pues la falta de trabajo no se debe a su propia y exclusiva voluntad puesto que la causa real es la existencia de causas económicas.
Cuando se recibe en vez del usufructo vitalicio bienes en plena propiedad, se entiende superado el título sucesorio y está sometida al ISD.
Incumplir su pago es una forma de “violencia económica”.
Se ha incumplido el deber de información al cliente no profesional y no existe prueba de que éste fuera un experto en inversiones financieras.
No está sujeta a la LAU en cuanto a los beneficios que comporta para el arrendatario, en base a la sucesión de ocupantes que puede haber en la vivienda.
Es la fecha en que finaliza el plazo de ingreso, que es el último día del mes siguiente al de su devengo.
Deben ser objeto de denegación –que no de inadmisión- cuando, contestado el requerimiento para completar esa acreditación, este hecho no haya quedado probado.
La liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general, al no entenderse integrada en un proceso de saneamiento.
El TS considera que la emisión de una orden de detención y de extradición europea supone una interrupción de la prescripción del delito, pues implica una activación del proceso.
La entidad bancaria se allanó a una demanda judicial tras rechazar una reclamación extrajudicial del consumidor que tenía el mismo contenido.
El saldo de compensación y derechos de cobro derivados del RD 907/2011 deben ser calificados como inmovilizado intangible.
Con vigencia desde 25 de junio de 2021, se ha publicado la LO 3/2021, de regulación de la eutanasia, recogiendo un procedimiento muy garantista de la ayuda a morir.
Es abusivo geolocalizar a los trabajadores cuando realizan labores de reparto mediante una "app" descargada en su teléfono móvil personal.
Tener dos pagadores obliga a presentar declaración del IRPF, aun cuando normalmente no le correspondería hacerlo.
Los estatutos de una Comunidad de Propietarios son la norma que la rige mientras no se modifiquen por unanimidad y a la que deben atenerse todos los propietarios.
Se imputan al período impositivo en el que se produjo el fallecimiento y no al período impositivo en el que la sentencia judicial adquiera firmeza.
No requiere comunicación escrita del empresario al trabajador, por lo que la ausencia de dicha comunicación no es despido improcedente.
Los gastos de tasación en los préstamos hipotecarios anteriores a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario corresponden al banco.
Protección del tejido productivo, así como del empleo en los sectores más afectados por la pandemia, evitando un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los balances del sistema financiero.
Ha entrado en vigor el 11 de marzo de 2021 y deroga el anterior de 2003, reforzando el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.
Solo ante circunstancias excepcionales el juez puede nombrar liquidador a un tercero, soslayando el régimen legal de conversión automática de administradores en liquidadores.
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