El calendario fiscal ya tiene marcadas sus fechas clave para el presente ejercicio. El 8 de abril comienza la campaña de la renta y por eso, ahora es el momento ideal para que los contribuyentes comiencen a organizar su documentación.
Aplicación directa del Derecho de la Unión Europea y perspectiva de género en el empleo doméstico.
Conflicto entre títulos societarios y aplicación del principio de prioridad registral, que impide la inscripción de actos contradictorios.
El TSJ País Vasco analiza si es válida la comunicación del despido por email y fija como clave el conocimiento efectivo del trabajador.
La DGT aclara que los propietarios pueden aplicar la deducción por obras de mejora del consumo de energía primaria no renovable aunque la factura de la instalación de placas solares se emita a nombre de la comunidad de propietarios.
Las pensiones de alimentos fijadas judicialmente pero no percibidas no pueden computarse como renta para acceder o mantener el subsidio por desempleo.
La responsabilidad subsidiaria del administrador por deudas tributarias no es automática ni objetiva.
El TSJ La Rioja fija la indemnización por incumplimiento de un precontrato laboral según el lucro cesante real y un plazo razonable de compensación.
La Audiencia Nacional reconoce el derecho de las entidades no residentes en situación de pérdidas a la devolución de las retenciones practicadas sobre dividendos en el IRNR.
Control de condiciones generales en contratos de servicios con comunidades de propietarios.
La teoría del paréntesis no resulta aplicable para ampliar la duración de la prestación por desempleo cuando el trabajador se acoge a una excedencia voluntaria especial en el marco de un ERE.
El criterio administrativo exige, en IRPF, la correlación del gasto con los ingresos y niega la deducción del IVA cuando la formación se destina también a fines privados.
El TS delimita la responsabilidad penal y civil derivada del bloqueo de sistemas informáticos empresariales, precisando cuándo se consuma el delito de coacciones y confirmando los límites del recurso de casación en la revisión de daños económicos.
El Tribunal Supremo perfila cuándo un pacto parasocial puede elevar el umbral de votación hasta el 90% sin incurrir en unanimidad prohibida y cuándo puede imponer a socios fundadores una obligación exclusiva de prestar servicios de gerencia, siempre que su duración sea determinable.
El Tribunal Supremo aclara cuándo la baja en Seguridad Social tras la incapacidad temporal máxima no equivale a una extinción laboral.
El TS señala que la condición de partícipe no excluye por sí sola la laboralidad exigida por la LIRPF.
Puede adquirirse en propiedad privativa por usucapión ordinaria cuando tiene la consideración de elemento común por destino, existe justo título y se acredita una posesión cualificada prolongada.
Criterios relevantes sobre la compensación de créditos en el ámbito societario.
Delimitación del alcance de la modificación sustancial de las necesidades familiares y los requisitos formales exigidos.
Hay que distinguirlo entre rendimientos del capital mobiliario sujetos al IRPF y liberalidades gravadas por el ISD cuando el reparto no está previsto estatutariamente.
Son insuficientes las tasaciones basadas exclusivamente en visitas exteriores cuando no se justifica de forma expresa la imposibilidad de acceder al interior
Vulnera el derecho al honor de la trabajadora y genera responsabilidad indemnizatoria en el ámbito laboral.
Es el momento en que se constata jurídicamente el carácter indebido del ingreso y no la fecha en la que se realizó el pago.
Los datos personales contenidos en el currículum vitae que no resultan necesarios para la ejecución del contrato de trabajo deben suprimirse cuando el trabajador ejerce su derecho.
No puede concluirse un concurso por insuficiencia de masa cuando el deudor persona física percibe ingresos mensuales embargables relevantes, pues dichos ingresos integran la masa activa.
El empresario no puede justificar un despido disciplinario acudiendo a cláusulas genéricas del convenio colectivo cuando la conducta del trabajador está expresamente tipificada como falta leve o grave, y no como falta muy grave.
Análisis del tipo impositivo del IVA en el arrendamiento con opción de compra de viviendas destinadas al alquiler, según el criterio del TEAC y la interpretación restrictiva del tipo reducido.
El Tribunal Supremo aclara que la pensión compensatoria no puede extinguirse cuando la disminución de ingresos del obligado deriva de una decisión voluntaria.
Análisis jurídico sobre la responsabilidad del administrador en los mercados de valores, con especial atención a los conflictos de intereses, la protección del inversor minorista y la cobertura del seguro de responsabilidad civil.
Doctrina del Tribunal Supremo sobre contratas, actividad y encuadramiento convencional.
En general, una empresa puede solicitar el aplazamiento de la mayoría de deudas tributarias, ya se trate de deudas originadas por autoliquidaciones, como deudas liquidadas por la propia empresa. Te lo desarrollamos en el siguiente artículo.
No están sujetas a los límites del embargo de sueldos, considerando que tienen naturaleza extrasalarial y son completamente embargables.
Delimitación de cuándo la conducta constituye un delito de descubrimiento de secretos vinculado al abuso del cargo público.
Análisis sobre el impacto de la auditoría pendiente y la suspensión del nombramiento de un experto independiente por el registrador mercantil.
No constituye discriminación por edad cuando se justifica por su vulnerabilidad y se adoptan medidas para mitigar los efectos del despido.
Resuelve la controversia sobre si deben computarse hasta acabar el trámite de alegaciones o hasta la fecha de la liquidación definitiva.
La Audiencia aplica el art. 101 CC al considerar probado, por medio de un informe de detectives, que existía.
Es necesario que haya indicios suficientes que obliguen a la empresa a justificar objetivamente la decisión extintiva.
Forman parte de la contraprestación del servicio y están sujetas a IVA cuando existe un vínculo directo con la prestación contratada.
Comienza en la fecha del accidente y que procede añadir el valor de afección al valor venal del vehículo siniestrado.
Procede cuando se acredita retraso injustificado en liquidación societaria, especialmente si el balance no se somete a la junta durante años.
Exige la acreditación formal mediante inscripción registral o documento público, incluso cuando exista convivencia prolongada o hijos comunes.
Interpretación del Tribunal Supremo del artículo 43.1.h) LGT en casos de derivación tributaria.
Cualquier contacto sexual inconsentido sobre zonas erógenas constituye agresión sexual, exigiendo un consentimiento claro.
Exige un nexo causal directo entre el incumplimiento de sus deberes legales y el daño reclamado, aplicando los criterios de la acción aquiliana.
La pensión de alimentos impagada no constituye renta computable para acceder al subsidio por desempleo, incluso sin denuncia previa.
Resolver anticipadamente contrato de suministro de gas constituye contraprestación de servicios y, por tanto, queda sujeta al IVA, según el TJUE.
El TS admite aplicar orientativamente baremo de la Ley 35/2015 para valorar daños corporales incluso cuando la póliza excluye su cobertura.
Análisis de si es válido cuando la persona trabajadora presta servicios a tiempo completo mediante ampliaciones reiteradas de jornada o si constituye fraude de ley.
El Tribunal Supremo exige la visita interior del inmueble para una valoración pericial válida y motivada, salvo justificación expresa de su ausencia.
La AP Zaragoza considera exonerables los créditos ICO COVID-19 en el concurso de persona natural al calificarlos como créditos financieros ordinarios.
El Tribunal Supremo determina que, en la sociedad de responsabilidad limitada, el cese del liquidador corresponde exclusivamente a la junta general, quedando excluida la posibilidad de separación judicial o registral por justa causa, reservada al régimen de la sociedad anónima.
El TSJ Aragón determina que el trabajador no está obligado a aceptar la retractación del despido comunicada por la empresa, y conserva su derecho a impugnarlo judicialmente cuando no se ha restablecido el vínculo laboral.
El Tribunal Supremo admite que la discapacidad derivada de una enfermedad genética existe desde el nacimiento cuando se acredita por medios de prueba válidos, permitiendo aplicar el mínimo por discapacidad en el IRPF con efectos anteriores a la solicitud administrativa.
La Administración autonómica solo puede instar a un ayuntamiento la revisión de oficio cuando una ley le atribuye esa potestad.
El Tribunal Supremo reconoce el derecho del administrador cesado a percibir la indemnización prevista en los estatutos salvo incumplimiento probado.
Las dietas y el kilometraje solo se devengan cuando el desplazamiento del trabajador tiene carácter temporal. Si el cambio de centro de trabajo se convierte en habitual o permanente, desaparece el derecho a percibir estas compensaciones.
Infografía con los últimos permisos parentales aprobados en 2025
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Si sus características físicas y circunstancias apuntan a su uso profesional, permitiendo la deducción de gastos en el IRPF.
El Tribunal Supremo analiza la nulidad del consentimiento en préstamos hipotecarios vinculados a productos financieros complejos.
El Tribunal Supremo fija que el plazo para comunicar la readmisión comienza con la notificación de la sentencia.
La Dirección General de Tributos aclara cómo deben integrarse en la base imponible los intereses indemnizatorios reconocidos por sentencia judicial a un trabajador que gana una demanda contra su empresa, conforme a la doctrina reciente del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo reitera su doctrina sobre la protección de la configuración y estética de los complejos inmobiliarios sujetos a la LPH, así como la eficacia de las normas comunitarias para limitar actuaciones unilaterales que alteren el conjunto y perjudiquen a otros copropietarios.
El TS perfila el estándar de apreciación del riesgo de confusión en marcas con apellidos poco frecuentes.
El TS fija criterios sobre las obligaciones empresariales en materia de teletrabajo y ergonomía.
Cómputo del período restringido previo a la publicación de resultados financieros.
El TSJ Comunidad Valenciana declara que no procede devolver el recargo de prestaciones por IT ya cobrado, aunque se anule por resolución judicial, reforzando la seguridad jurídica del trabajador.
El TEAC establece que el importe del salario o pensión hasta el SMI es inembargable aunque permanezca en cuenta, reforzando la protección del mínimo vital frente a embargos.
Incluso en menores de corta edad, debe ponderarse el arraigo familiar en los procesos de guarda y custodia.
El TSJ de Galicia declara nulo un despido por discriminación al basarse en un certificado de no aptitud solicitado por la empresa.
La elaboración de pedidos por restaurantes colaboradores constituye una prestación de servicios sujeta a IVA al tipo reducido del 10%.
Se confirma la responsabilidad de la entidad bancaria en transferencias no autorizadas por falta de información clara al usuario.
Debido a la falta de garantía de las entregas a cuenta.
El TSJ Illes Balears en su sentencia de 7 de julio de 2025 (EDJ 668859), analiza si el despido de una trabajadora por mantener una relación sentimental oculta con su superior jerárquico y por el uso no autorizado de los medios informáticos de la empresa constituía una falta lo suficientemente grave como para justificar su despido.
Simulación de contrato laboral celebrado por la contribuyente para acogerse indebidamente al régimen de trabajadores desplazados a España.
No ampara la monopolización de elementos gráficos genéricos fuera del sector en que la marca posee distintividad suficiente.
No puede basarse en el mero incumplimiento de obligaciones contables.
El TJUE establece que la protección de los derechos de las personas con discapacidad también abarca la prohibición de discriminación indirecta por asociación.
La DGT se pronuncia sobre el carácter habitual de la vivienda en casos de teletrabajo y alquiler vacacional
La causa material, directa y eficiente del daño se atribuye a la conducta gravemente negligente del conductor, salvo prueba en contra.
Interpretación de la Audiencia Nacional sobre el complemento de IT en Convenios Colectivos.
Es compatible en el IRPF cuando el contribuyente tiene la guardia y custodia compartida
Deben cumplir los mismos requisitos que las notificaciones en papel, sin que los principios del servicio postal universal le sean aplicables.
La feria se celebrará el 5 y 6 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.
El Tribunal Supremo establece límites temporales a la responsabilidad del administrador por deudas de la sociedad.
La empresa puede en procesos de promoción interna para puestos que implican riesgos para la seguridad aérea y aeroportuaria.
La adjudicación de bienes en la disolución de una Comunidad de Bienes dedicada al arrendamiento de inmuebles constituye una entrega de bienes sujeta al IVA.
El Tribunal Supremo establece las condiciones para la disolución unilateral de una sociedad civil.
La omisión de medidas de seguridad en un centro terapéutico facilitó el daño sufrido por una paciente con riesgo de suicidio.
ACCOUNTEX ESPAÑA se celebrará en paralelo a HR EXPO, convirtiendo a IFEMA Madrid en el epicentro nacional de la gestión empresarial y de personas.
El Tribunal Supremo establece criterios para el cobro del Ingreso Mínimo Vital en situaciones de custodia compartida.
La Audiencia Nacional se pronuncia sobre la consideración de ingresos en efectivo como ganancias no justificadas.
Los trasteros, considerados elementos comunes por destino, pueden ser adquiridos por prescripción adquisitiva.
No es obligatorio proporcionar correo corporativo a los trabajadores si existen medios alternativos.
La Dirección General de Tributos establece las obligaciones de declaración para matrimonios en gananciales con cuentas en el extranjero.
Es necesaria la inscripción previa en el Registro de la Propiedad en casos de sucesión universal derivada de una fusión.
El Tribunal Supremo establece que las cláusulas que limitan los derechos del asegurado en un seguro de mercancías deben ser aceptadas expresamente y por escrito.
Es válido, independientemente de si fueron escuchados por clientes o si el trabajador afectado les restó importancia.
No se consideran ganancias de patrimonio no justificadas si están acordes a la capacidad de ahorro del contribuyente.
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