La receptora deberá valorar la misma por su valor en las cuentas anuales consolidadas y, en ausencia de dicho valor, por el valor contable que tuvieran en la sociedad aportante.
El TS cambia su doctrina y rechaza que los contratos temporales puedan extenderse en el tiempo sin más justificación que la duración de la contrata.
Debe aplicarse cuando hay una actuación para aminorar los perjuicios materiales, pero no si se orientan a convencer a los perjudicados de que las inversiones eran reales.
La invocación genérica de la necesidad de cubrir los permisos, licencias y vacaciones de la plantilla no justifica la utilización de ese contrato.
El devengo del IIVTNU en las donaciones mortis causa se produce en la fecha de fallecimiento del donante.
Si se desconoce la capacidad económica del alimentante puede acudirse a signos precedentes para determinarla.
Es válido el contrato aun cuando el precio de la compraventa no esté determinado.
Existe desviación de poder al obstruir el ejercicio de una competencia estatal.
Deben serlo los mayores de 12 años así como los menores de dicha edad pero que por su edad y madurez puede presumirse que tienen suficiente juicio.
La autorización para el tratamiento de los datos otorgado por la solicitante no alcanza a los datos de su pareja.
Se impone a los intermediarios el deber de informar a la AEAT sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal.
La presencia del representante de un socio-administrador, por si sola, no convalida la conformidad con la convocatoria.
Sí, si la situación en la que se encontraba el trabajador cuando se produjo la caída y el tiempo y el lugar de trabajo.
La ayuda debe imputarse al período en el que se produce la puesta a disposición del beneficiario.
A pesar de desplegar toda su eficacia a los tres días de su correcta remisión aunque no se haya accedido a su contenido.
Las aportaciones del partícipe no reducidas de la base imponible del IRPF en su día, puedan deducirse posteriormente en el momento de la obtención del rescate.
El impedimento de contagiarse mediante el uso de mascarilla no lesiona el derecho a la integridad física y moral.
Siempre que esa información menoscabe el derecho al honor, carezca de interés público y pueda considerarse obsoleta.
Esta infografía recoge los aspectos clave para que exista un despido nulo que, como consecuencia de la crisis sanitaria ha vuelto a tomar protagonismo.
Es válida aunque sea para cambiar a administración única.
Te explicamos que pasos debe dar una comunidad de propietarios que quiere reclamar frente a un comunero que ha sido declarado en concurso y adeuda cuotas de comunidad.
Lo contrario vulnera el derecho de igualdad.
La compra por un tercero distinto del arrendatario está exenta de IVA y tributa por ITP.
Es un impedimento para el desarrollo de las ocupaciones habituales que incluye también las laborales.
Existe en una exclusión de cobertura por la seguridad del lugar de aparcamiento del camión.
No existe desobediencia a la autoridad por incumplir una norma de carácter general.
El presente artículo analiza las modificaciones referentes a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT).
El contrato no se extingue por el fallecimiento del relevado.
La telemedicina se considera como parte de la asistencia sanitaria a personas y está exenta del IVA.
Ponderación del derecho a la información.
El objetivo del proyecto de ley es es doble. De un lado, procede a la incorporación del Derecho de la UE al ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de elusión fiscal. De otro, introduce cambios dirigidos a prevenir y luchar contra el fraude reforzando el control tributario
Contempla la actualización de la lista de paraísos fiscales, refuerza el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas y prohíbe por ley las amnistías tributarias.
Lefebvre organiza el 15 de diciembre esta jornada virtual para abordar las novedades del proyecto de ley.
Garantía de indemnidad retributiva.
Pronunciamientos de la DGT sobre la procedencia de aplicar el tipo de gravamen reducido para entidades de nueva creación.
Delitos de revelación de secretos y coacciones graves.
Te ofrecemos en esta infografía un resumen sobre la prestación de incapacidad es permanente cuando la persona afectada por una patología, enfermedad o accidente, ve anulada o disminuida su capacidad para realizar la actividad laboral.
Te ofrecemos una infografía sobre la incapacidad permanente que ayudará a resolver las dudas generadas sobre esta prestación.
Si coinciden con un periodo de confinamiento el trabajador afectado debe conservar su derecho a disfrutarlas en un tiempo posterior.
El incumplimiento de la obligación de inscribir no determina por sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado.
Puede imponerse una sanción modificando la calificación jurídica, siempre que sea sobre los mismos hechos.
Sus objetivos son la investigación y el análisis de las claves y tendencias que transforman el entorno jurídico empresarial.
No se puede asimilar toda enfermedad a discapacidad.
Es una ocultación fáctica, consciente y deliberada, por lo que supone una infracción.
Nulidad de un inciso del art. 2, apartado veintidós RD 70/2019, de 15 febrero.
Si se presenta un documento debe de tener las firmas legitimadas notarialmente.
Superar el plazo de tres años no supone la novación de los contratos de interinidad por vacante.
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Cuenta desde que se constata que el ingreso en cuestión ostenta el carácter de indebido.
Hasta el fallecimiento del causante no empieza a contar.
Si no existe se incumple artículo 393 de la Ley de Sociedades de Capital.
El TS declara que el requisito de estar al corriente de las obligaciones de seguridad social necesario para obtener los beneficios de cotización establecidos para los trabajadores autónomos regulados se refiere a las cuotas de cotización.
El TS declara que la venta de participaciones en empresas del grupo se computa en el denominador de la prorrata de un holding cuando constituye una prolongación directa, permanente y necesaria de su actividad principal. Por el contrario, las operaciones con derivados financieros no intervienen en la prorrata por no estar sujetas a IVA.
No requiere coincidencia plena con su descripción catastral.
Responsabilidad del transportista aéreo desde que toma las mercancías bajo su poder, hasta que las entrega al destinatario.
El TS ha declarado que en el cómputo del periodo de carencia la jubilación es la única que ha sufrido modificación legal para introducir, de forma expresa, la exclusión de los días cuota por gratificaciones extraordinarias. Por tanto, para obtener la pensión de viudedad a efectos de completar el periodo de cotización de quinientos días de la pensión de viudedad, sí deben computarse los días cuota por gratificaciones extraordinarias.
Incluye nuevos impuestos así como modificaciones de los tipos impositivos del IRPF, IVA, Sociedades y Patrimonio.
El TS determina que la Ley 57/1968 no es aplicable a quienes, sean o no profesionales, adquieran la vivienda con finalidad no residencial, sino con fines inversores, si bien, en este caso, las partes pueden pactar la sujeción a las garantías establecidas por dicha ley, a saber, la obligación del vendedor de garantizar la devolución de las cantidades anticipadas y la sujeción de la garantía a lo establecido en la Ley 57/1968, pero el pacto privado solo vincula al banco avalista a la devolución de las cantidades avaladas hasta el límite indicado en los avales correspondientes.
Existió una negociació precontractuales y se proporcionó al prestatario información clara para comprender la cláusula.
El TS considera que, aunque solo se haya solicitado el reconocimiento judicial de la IPT, si el trabajador tiene más de 55 años no es incongruente reconocer judicialmente el incremento del 20% correspondiente a la IPT cualificada.
Señala la DGT que los intereses de demora han de tributar como ganancias patrimoniales, en cuanto comportan una incorporación de dinero al patrimonio del contribuyente —no calificable como rendimientos— que da lugar a la existencia de una ganancia patrimonial, la cual no está amparada por ninguno de los supuestos de exención establecidos legalmente y que, al no proceder de una transmisión, debe cuantificarse en el importe percibido por tal concepto.
El TS declara que existen supuestos en los que la falta de convivencia efectiva de un hijo mayor de edad en el domicilio familiar no deslegitima al progenitor para reclamar en el proceso matrimonial el establecimiento de una pensión alimenticia.
El TS declara que no solo está incluida en la protección de desempleo a los socios trabajadores de cooperativas afiliados al Régimen general, sino que no lleva a cabo excepciones ni matizaciones en atención al porcentaje de sus participaciones, ni a circunstancias tales como su relación con el resto de socios cooperativistas.
El TS señala que la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos al consumidor no supone que el banco deba restituirle todos los pagos derivados del ITPAJD.
El TS declara que la Administración tributaria no puede imputar temporalmente los gastos contabilizados según el criterio del devengo y los ingresos contabilizados anticipadamente a su devengo aplicando el criterio de caja.
El TS sostiene, con respecto a la extensión temporal de la pensión compensatoria que el establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso.
Se ha publicado en el BOE del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el cual grava los beneficios generados por la digitalización de la economía, cuando estos están íntimamente ligados a valor creado por datos y usuarios. Entrará en vigor el 16 de enero de 2021.
Este impuesto, conocido también como tasa tobin, entrará en vigor el 16 de enero de 2021 y está constituido por la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación.
La DGSJFP entiende que existe una modificación sustancial del objeto social, que da lugar al derecho de separación del socio, cuando se restringe dicho objeto (en este caso, se limita la comercialización de embarcaciones a aquellas que superen cierto tamaño) y se suprime una de las actividades existentes (en este caso, la intermediación y arrendamiento chárter de embarcaciones).
El TS adopta un concepto amplio de documento y considera que los correos electrónicos tienen validez de prueba documental a efectos de la revisión de la prueba en los recursos.
La ausencia de un hijo que se va a trasladar al extranjero para estudiar una carrera y residirá en una residencia universitaria, no impide la aplicación del mínimo por descendientes por este hijo, si se cumplen el resto de requisitos exigidos legalmente.
El TS condena a la entidad bancaria al pago de las costas en los litigios sobre cláusulas abusivas en que la demanda del consumidor resulta estimada, inaplicando así la excepción a la regla general del vencimiento objetivo por la existencia de serias dudas de derecho. Si por esa excepción el consumidor, pese a vencer en litigio, tuviera que pagar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación, no se restablecería la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva cuya nulidad ha sido declarada y no quedaría indemne.
La AP Burgos declara la nulidad de los acuerdos adoptados en una junta convocada mediante burofaxes dirigidos a los socios, pues dos de ellos fueron rehusados por fallecimiento del destinatario, cuando, dado el carácter familiar de la sociedad, el administrador sabía que no era cierto. En tal caso, debía haberse intentado otra notificación, pues la ley exige que la comunicación se haga por un medio que asegure la recepción por todos los socios.
El TS declara que cuando el incumplimiento empresarial en la cotización suponga una menor cuantía de la prestación causada, aunque no influya en el período de carencia, debe aplicarse el principio de proporcionalidad; declarando la responsabilidad empresarial forma proporcional a la incidencia de la falta de cotización. De este modo, la empresa debe responder de parte de la pensión de jubilación reconocida en atención a la falta de cotización durante un largo período de tiempo.
Señala la DGT que la actividad de arrendamiento de inmuebles se considera económica cuando para su ordenación se utiliza al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa, aunque se realicen distintos arrendamientos, incluido el de inmuebles por horas o días.
Declara el TS que el ámbito de aplicación de la agravante de discriminación por razones de género supera las relaciones conyugales o de pareja, pudiendo operar sobre cualquier delito sin establecer más exclusiones que la de aquellos que incluyan en su descripción típica factores de género.
El TS considera que resulta acreditado la presentación por parte del deudor de una propuesta de convenio que no alcanza la aceptación de los acreedores exigida para su aprobación, por lo que debe entenderse cumplida la exigencia establecida en la norma en virtud de la cual pueda concederse al deudor el beneficio de exoneración inmediata del pasivo insatisfecho sin necesidad de acreditar el pago del porcentaje del pasivo ordinario.
El TS estima el recurso empresarial y revoca la sentencia de instancia porque cuando se trata de una rebaja retributiva la existencia de perjuicio resulta difícil de negar. Así, quien insta la extinción de su contrato tras una modificación sustancial de condiciones de trabajo (MSCT) que afecta a la cuantía retributiva ha de acreditar que sufre un perjuicio, sin que una rebaja en torno al 5%, con ciertas compensaciones y posibilidades de reversión, pueda considerarse bastante al efecto.
La DGT establece que las cantidades calculadas en función de la normativa de cada impuesto se verán reducidas proporcionalmente en función de los días naturales de dicho trimestre en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en relación con los días totales del trimestre.
El TS declara la imposibilidad de impugnar, con base en la disp. trans. 6ª Ley 11/1981, una paternidad fijada por sentencia penal firme antes de su entrada en vigor, cuando ha transcurrido el plazo de cuatro años previsto para ejercitar la acción. No se aprecia en esta negativa vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la imposibilidad de usar las pruebas biológicas recogidas en la cita disposición y que no podían solicitarse en el momento en que quedó determinada la filiación. Se formula voto particular.
El TS considera que la limitación temporal de doce meses del derecho del administrador concursal a cobrar la retribución durante el periodo de liquidación es aplicable a los concursos en los que la fase de liquidación se había abierto con anterioridad a la entrada en vigor de la Dtr. 3ª Ley 25/2015, de 18 de septiembre, y en concreto a los casos en que la apertura de la fase de liquidación es anterior a los doce meses.
Varios meses después de la publicación y entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, todavía son muchas las empresas y los trabajadores que tienen dudas acerca de la interpretación y extensión de dicho “compromiso”.
La DGT resuelve la consulta de un trabajador al que la empresa cedió un vehículo para uso particular y quiere saber si debe reflejarlo como rendimiento de trabajo en especie durante el tiempo de confinamiento, ya que el vehículo estuvo inmovilizado. Declara que la imputación al contribuyente de la retribución en especie deriva de la obtención del derecho de uso del vehículo, existiendo dicha retribución en la medida en que tenga la facultad de disponer de él para usos particulares, con independencia de que exista o no una utilización efectiva, por lo que sí procede la imputación.
Se ha publicado el RDLey 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que, con vigencia desde 13 de octubre de 2013 establece una regulación suficiente que equilibre el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras.
Se ha publicado el RDLey 28/2020, que regula el trabajo a distancia, una norma que ha contado con el acuerdo final de patronal y sindicatos. Los especialistas de Lefebvre, editorial líder en contenido jurídico, resumen las principales cuestiones clave que deben tener en cuenta trabajadores y empresas en una infografía.
El TS confirma la sentencia de instancia, pues agentes solicitan el acceso a la pareja del acusado, registran el inmueble y encuentran el depósito de armas, habiéndose acreditado que hubo consentimiento libremente emitido, por lo que no hay violación de la intimidad domiciliaria.
El TS declara que las participaciones gananciales correspondientes a la empresa familiar deben atribuirse al cónyuge que se dedica al mismo, cumpliendo el principio de continuidad del bien, con compensación al otro cónyuge, sin que pueda esgrimirse la ausencia de liquidez actual frente a la alternativa de una subasta, pues conduciría a una prolongación de la indivisión o a la adquisición de las participaciones por un valor muy inferior al fijado por el contador partidor. Se emite voto particular.
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El despido nulo. Infografía
