Debe aplicarse cuando hay una actuación para aminorar los perjuicios materiales, pero no si se orientan a convencer a los perjudicados de que las inversiones eran reales.
Si se desconoce la capacidad económica del alimentante puede acudirse a signos precedentes para determinarla.
Deben serlo los mayores de 12 años así como los menores de dicha edad pero que por su edad y madurez puede presumirse que tienen suficiente juicio.
A pesar de desplegar toda su eficacia a los tres días de su correcta remisión aunque no se haya accedido a su contenido.
Te explicamos que pasos debe dar una comunidad de propietarios que quiere reclamar frente a un comunero que ha sido declarado en concurso y adeuda cuotas de comunidad.
Es un impedimento para el desarrollo de las ocupaciones habituales que incluye también las laborales.
Delitos de revelación de secretos y coacciones graves.
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Hasta el fallecimiento del causante no empieza a contar.
No requiere coincidencia plena con su descripción catastral.
El TS determina que la Ley 57/1968 no es aplicable a quienes, sean o no profesionales, adquieran la vivienda con finalidad no residencial, sino con fines inversores, si bien, en este caso, las partes pueden pactar la sujeción a las garantías establecidas por dicha ley, a saber, la obligación del vendedor de garantizar la devolución de las cantidades anticipadas y la sujeción de la garantía a lo establecido en la Ley 57/1968, pero el pacto privado solo vincula al banco avalista a la devolución de las cantidades avaladas hasta el límite indicado en los avales correspondientes.
El TS declara que existen supuestos en los que la falta de convivencia efectiva de un hijo mayor de edad en el domicilio familiar no deslegitima al progenitor para reclamar en el proceso matrimonial el establecimiento de una pensión alimenticia.
El TS sostiene, con respecto a la extensión temporal de la pensión compensatoria que el establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso.
Declara el TS que el ámbito de aplicación de la agravante de discriminación por razones de género supera las relaciones conyugales o de pareja, pudiendo operar sobre cualquier delito sin establecer más exclusiones que la de aquellos que incluyan en su descripción típica factores de género.
El TS declara la imposibilidad de impugnar, con base en la disp. trans. 6ª Ley 11/1981, una paternidad fijada por sentencia penal firme antes de su entrada en vigor, cuando ha transcurrido el plazo de cuatro años previsto para ejercitar la acción. No se aprecia en esta negativa vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la imposibilidad de usar las pruebas biológicas recogidas en la cita disposición y que no podían solicitarse en el momento en que quedó determinada la filiación. Se formula voto particular.
El TS confirma la sentencia de instancia, pues agentes solicitan el acceso a la pareja del acusado, registran el inmueble y encuentran el depósito de armas, habiéndose acreditado que hubo consentimiento libremente emitido, por lo que no hay violación de la intimidad domiciliaria.
El BOE del sábado 19 de septiembre ha publicado una Orden conjunta del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía que, al igual que la primera, se celebrará de forma online de manera síncrona a través de la plataforma AVEX de la UNED.
El TS confirma la condena por delito de uso de certificación falsa al emplear la pegatina de la ITV de otro vehículo. El distintivo representativo del hecho de haberse realizado favorablemente la ITV, puede tener la consideración de documento oficial o de certificación a los efectos de satisfacer las exigencias de los correspondientes tipos penales de falsedad, de modo que la utilización de un distintivo genuino en un vehículo que no se sometió a la revisión, o que haciéndolo no la superó, puede integrar el comportamiento delictivo objeto de condena.
El TS declara la plena validez y eficacia del legado concedido, pues la testadora siempre conservó su voluntad de transmitir mortis causa el bien legado mientras mantuvo su capacidad. La enajenación no dependió pues de un acto voluntario suyo, que pudiera interpretarse como una manifestación tácita de revocar el legado, sino consecuencia de una autorización judicial instada por la tutora.
El TS declara que la estructura del delito objeto de condena es la propia de un delito de estafa, pues ha de concurrir una estrategia engañosa dirigida a inducir a error a la Administración de la Seguridad Social, dando de esta manera lugar a un acto de desplazamiento patrimonial.
El TS señala que el inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad.
El TS considera que debe descartarse una interpretación del contrato que elimine la libre facultad de desistimiento de la demandada, y puesto que el contrato no fija el derecho a percibir una suma en caso de no renovación, la única razón que puede dar a una indemnización a favor de la actora sería la acreditación por su parte de padecer determinados daños como consecuencia de la forma o de las circunstancias en las que se produce el desistimiento.
El TS señala que es evidente que la compra de una parcela integrada en una urbanización supone la transmisión de sus elementos comunes, pero obviamente los que se encuentren integrados en la misma al tiempo de su enajenación, no aquellos otros que ya no formaban parte de ella por el proceso expropiatorio sufrido.
El TS considera que la cláusula del contrato de obra que limita la responsabilidad contractual del arquitecto en relación con el promotor es válida siempre que no perjudique a los terceros adquirentes.
La AP acuerda la extinción de la pensión compensatoria reconocida a la esposa como consecuencia del divorcio, pues la situación económica de la beneficiaria ha experimentado una importante mejora a partir de la liquidación de los bienes gananciales, gracias a la gestión de ese patrimonio, pues invirtió el dinero obtenido en la adquisición de bienes inmuebles para su posterior arriendo.
El plazo es de cinco años y no de quince.
El TS señala que el legado está subordinado al pago de las legítimas, y en su caso de las deudas y, por este motivo, la entrega del legado debe ser precedida por la liquidación y partición de herencia, que es la única forma de saber si aquél se encuentra dentro de la cuota de la puede disponer el testador para no perjudicar la legítima de los herederos forzosos.
El TS considera que el mero hecho de ingresar dinero privativo en una cuenta conjunta no permite atribuirle carácter ganancial y, en consecuencia, si se emplea para hacer frente a necesidades y cargas de la familia o para la adquisición de bienes a los que los cónyuges, de común acuerdo, atribuyen carácter ganancial, surge un derecho de reembolso a favor de su titular, aunque no hiciera reserva de ese derecho en el momento del ingreso del dinero en la cuenta.
El TS señala que a falta de acuerdo, y en atención a las circunstancias, puesto que no se pone en peligro el sistema de custodia compartida adoptado en interés de los menores, no puede mantenerse la atribución a la madre del uso de la que fue vivienda familiar durante la convivencia del matrimonio durante el plazo que resultaría de integrar el fallo de la sentencia con su fundamentación, es decir, cuando alcanzara la mayoría de edad el menor de los hijos.
La AP Barcelona señala que la desheredación requiere se le atribuya al desheredado un acción u omisión que la ley tipifique como bastante para privarle de la legítima y que haya concurrido antes de que se otorgue el testamento. Pero además, esta exigencia implica la existencia del desheredado al tiempo en que se formalice testamentariamente la voluntad de su exclusión, lo que no ocurre en este caso respecto de los nietos, que son los herederos del desheredado y también tienen derechos.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ofrece, a los fiscales de los distintos órganos territoriales, las pautas de actuación frente a la impugnación de las resoluciones administrativas que prohíban reuniones o manifestaciones por razones de protección de la salud pública, frente al riesgo de contagio durante la pandemia de la COVID-19.
Esta norma pretende afianzar los comportamientos de prevención en el conjunto de la población, con la adopción de una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, dirigidas a garantizar la protección de salud, una vez expirada la vigencia del estado de alarma y de las medidas extraordinarias de contención, incluidas las limitativas de la libertad de circulación.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua DGRN) ha dictado una instrucción aclaratoria sobre el levantamiento de la suspensión de plazos administrativos y su aplicación a los procedimientos registrales.
Señala el TS que el hecho de que la comunidad haya establecido cuotas lineales, en algunos casos, sobre distribución de gastos según la cuota de participación en elementos comunes, no impide su impugnación por parte de los comuneros afectados.
El TS declara que la existencia de otras obras ilegales en una zona de asentamientos tolerados por el ayuntamiento no impide apreciar la comisión de un delito contra la ordenación del territorio por parte del propietario del terreno que se construyó una vivienda unifamiliar, ordenando su demolición de lo construido.
El TS señala que no puede entenderse que la sentencia de primera instancia haya recaído en un proceso diferente al de medidas provisionales previas, pues estas son unas medidas cautelares previas y conexas con el procedimiento principal, con lo que la fecha de vengo será desde la interposición de la demanda.
El estado de alarma aprobado para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha sido nuevamente prorrogado hasta el 7 de junio, con una duración de 15 días.
El TJUE ha declarado que aunque una comunidad de propietarios no es una persona física, por lo que no puede considerarse incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13. No obstante, puede ser considerada consumidor, si así lo considera la legislación nacional, cuando celebra un contrato para fines ajenos a la actividad profesional y se encuentra en situación de inferioridad en relación con el profesional, tanto con respecto a la capacidad de negociación como a la capacidad de información.
El TS ha condenado al fabricante de un vehículo, de forma solidaria con el concesionario, a pagar una indemnización de daños y perjuicios por la instalación en el motor de un software que manipulaba los resultados de las mediciones de emisiones contaminantes. Entiende que si el automóvil no reúne las características con las que fue ofertado, respecto del comprador final existe un incumplimiento tanto del vendedor directo como del fabricante que lo puso en el mercado y lo publicitó.
El TS sostiene que para que nazca la acción de responsabilidad "ex lege", en reclamación de vicios ruinógenos, se debe estar como día inicial del cómputo de la acción a la fecha en que se produce la garantía o se manifiesta el vicio, esto es, desde la aparición del vicio de la construcción, o desde el momento en que se detecta el desperfecto en que el vicio se hace patente.
Este sábado se ha publicado la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, de flexibilización para las unidades territoriales que pasan a Fase 2 dentro del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Recoge una serie de medidas relativas al ámbito social, el comercio minorista y de prestación de servicios, las actividades de hostelería y restauración, ciencia e innovación, locales y establecimientos culturales, el deporte, las piscinas recreativas y el turismo activo y de naturaleza, entre otros ámbitos.
El TSJ Aragón utiliza como criterio especialmente determinante, en la atribución de la guarda y custodia de un menor, el mantenimiento de la relación entre hermanos de vínculo sencillo, fruto de una relación anterior de alguno de sus padres, cuando el resto de criterios habituales de valoración (habilidades parentales, horarios, apoyos, etc.) son adecuados en ambos progenitores.
El TS declara que el título constitutivo establece que determinada zona no es común para todos los propietarios del complejo, sino que lo es para determinados propietarios y que son ellos quienes deben mantenerlo.
El TC concede el amparo solicitado y declara nulo el acuerdo de la dirección del centro penitenciario, por el que se denegaba al hoy recurrente en amparo una comunicación con un profesional acreditado de la información, al vulnerar sus derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
El sábado se publicó la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. En esta Orden se prevé la reincorporación escalonada de funcionarios judiciales al servicio a partir del 12 de mayo de 2020.
Un juzgado de Primera Instancia ha suspendido provisionalmente las estancias de un menor con su padre, que ejerce como profesional sanitario en una unidad a los pacientes sospechosos de infección por coronavirus, al ser un hecho notorio que estos profesionales se encuentran especialmente expuestos al riesgo de contagio.
Se ha aprobado el RDL 17/2020, de 5 de mayo, de medidas de apoyo al sector cultural, con la finalidad de garantizar la supervivencia de las estructuras culturales, y de los trabajadores y empresas que se dedican al sector; para así poder efectivo el derecho de acceso a la cultura, que es un compromiso ineludible de los poderes públicos.
Se han establecido por Orden Ministerial los requisitos que han de cumplir los arrendatarios en situación de vulnerabilidad para acceder a las ayudas transitorias de financiación para el pago del alquiler de su vivienda habitual, así como el procedimiento para la concesión de los créditos.
La finalidad de la norma es agilizar la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión. También adopta una serie de medidas en previsión del aumento de litigiosidad que se originará como consecuencia de las medidas extraordinarias que se han adoptado y de la propia coyuntura económica derivada de la crisis sanitaria por el coronavirus.
El Juzgado de Instrucción condena a una pena de prisión de 6 meses por desobediencia grave a la autoridad por incumplimiento de la prohibición de libre circulación de personas por las vías pública durante el estado de alarma.
El RDL 15/2020, de 22 de abril, establece la posibilidad de solicitar una moratoria obligatoria para el pago del alquiler de los locales de negocio afectos a la actividad económica de autónomos y pymes, bajo determinadas circunstancias, o la posibilidad de llegar, de forma consensuada entre las partes, a un acuerdo de aplazamiento con ciertas facultades sobre la fianza.
El Ministro de Justicia adapta la prestación del servicio a la prórroga de 15 días del estado de alarma en el que no se aplican ya los criterios de confinamiento cualificado contemplados en el RDL 10/2020.
Toda la información necesaria sobre cual es el procedimiento para aplazar o condonar el alquiler de la vivienda habitual lo encontrarás en esta infografía.
El CGPJ ha establecido que, durante el estado de alarma, los órganos judiciales podrán notificar las resoluciones que dicten, pero en los procedimientos no declarados esenciales la notificación no da lugar al levantamiento de los plazos suspendidos.
El RDLey 11/2020, de 31 de marzo, ha regulado en su artículo 28 el derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del coronavirus COVID-19. El modelo aprobado en su anexo IV es modificado con el fin de clarificar algunos aspectos prácticos de aplicación de esta nueva modalidad de bono social. También se desarrollan y aclaran algunos aspectos de su tramitación.
Con efectos desde 2-4-2020, se establecen diversas medidas de apoyo al alquiler de las familias y colectivos más vulnerables, cuyos ingresos se han visto reducidos por la paralización de la actividad económica durante la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
Se establecen las medidas necesarias para proceder a la tramitación y el abono de las prestaciones por desempleo causadas a consecuencia de los ERTEs producidos como consecuencia del COVID-19. Asimismo, se establecen las sanciones previstas en caso de haberse presentado solicitudes basadas en datos falsos y se regula la colaboración de la ITSS en la comprobación de las causas alegadas en las solicitudes.
Se ha regulado en el RDL 10/2020, de 29 de marzo, un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, y su prioridad es limitar al máximo la movilidad. Quedan exceptuados de su aplicación las personas trabajadoras que tengan su contrato suspendido durante el período indicado y aquellas que puedan continuar prestando servicios a distancia.
El RD 463/2020 ha declarado, con efectos desde última hora del 14 de marzo de 2020 el estado de alarma en todo el territorio nacional durante 15 días. Esta norma contiene una serie de medidas para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
Esta medidas tienen por objeto la adopción de nuevas medidas para responder al impacto económico negativo que se está produciendo en el ámbito sanitario, en el sector turístico, y sobre las personas afectadas por las medidas de contención adoptadas por las autoridades competentes, así como prevenir un mayor impacto económico negativo sobre las PYMES y autónomos
Entre otras medidas, el RDLey 6/2020 amplía los plazos de suspensión de lanzamientos hasta mayo de 2024. Asimismo contempla, como situación asimilada a accidente de trabajo y exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.
El TJUE se pronuncia sobre si la caída sufrida por un peatón que resbala con la mancha de aceite dejada por un vehículo en el suelo de su aparcamiento habitual se considera «hecho de la circulación» a los efectos de su cobertura por el seguro obligatorio.
Se establecen determinados límites y condiciones para la comercialización de las Entidades de Capital Riesgo (ECR) y de las entidades de inversión colectiva del tipo cerrado (EICC), distinguiendo según la comercialización se realiza en España o en el ámbito de la Unión Europea.
El TS considera la manipulación del tacógrafo un delito de falsificación de documento oficial, pues aun cuando la manipulación del tacógrafo no tiene más finalidad que se registren datos incorrectos para sortear los controles administrativos, la naturaleza oficial del documento resulta indiscutible.
El TS considera que en el tipo de maltrato que no causen lesión, no es exigible el requisito de la convivencia para integrar la condición de sujeto pasivo, para el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, ni para los hijos propios o del cónyuge o conviviente, que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela o guarda de hecho de uno u otro.
La DGRN considera que una servidumbre cuya finalidad es el uso de un ascensor, afectando exclusivamente a elementos comunes, no perjudica a los condueños, por lo que no requiere el consentimiento individualizado -unanimidad- de cada uno de ellos.
Para ejercer su actividad, las SGEIC españolas y las SCR autogestionadas españolas deben obtener la autorización de la CNMV, constituirse mediante escritura pública e inscribirse en el RM y en el correspondiente registro administrativo de la CNMV.
El TS declara que la renovación del pasaporte en el Consulado de España, debe considerarse como voluntad de querer conservar la nacionalidad española, sin necesidad de una declaración de voluntad expresa. Además, aunque formalmente no se diera esta declaración expresa y directa de su voluntad de conservar la nacionalidad española, la solicitud de renovación de pasaporte debe ser tenida como tal, en atención a lo que significa habitual y socialmente en este ámbito la tenencia del pasaporte.
Las denominadas en la normativa anterior sociedades gestoras de entidades de capital riesgo (SGECR) son sustituidas por las denominadas sociedades gestoras de entidades de inversión de tipo cerrado (SGEIC). Las SGEIC son SA cuyo objeto social es la gestión de las inversiones de una ECR o EICC, así como el control y gestión de sus negocios. Cada ECR o EICC debe tener una única SGEIC, la cual puede ser una SGEIC o una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva (SGIIC); o en caso de SCR, cuando su órgano de gobierno decide no designar a una sociedad gestora, la propia sociedad, siempre que sea autorizada como sociedad gestora (SCR autogestionada).
El TS considera que la llamada realizada al teléfono de una víctima de violencia de género por quien tiene prohibido comunicarse con ella, aunque no fuera atendida por ésta, constituye un delito de quebrantamiento de condena, siempre que quede registrada y sea posible saber quién la efectuó, ya que la víctima es consciente de la existencia de la llamada perturbadora de su tranquilidad y que amenaza su seguridad.
El TS calcula el importe con el que debe compensarse tras el divorcio al cónyuge que durante el matrimonio, en separación de bienes, se dedicó exclusivamente a las tareas del hogar, ejecutadas directamente por los empleados domésticos a su servicio.
Los fondos de capital-riesgo (FCR) son patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores , cuya gestión y representación corresponde a una sociedad gestora, que ejerce las facultades de dominio sin ser propietaria del fondo. Sus actividades, principal y complementarias, son las previstas, con carácter general, para las entidades de capital-riesgo y su realización corresponde a la sociedad gestora. La condición de partícipe se adquiere mediante la realización de la aportación al fondo común.
El TS confirma que existe intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen por la publicación de la fotografía de una persona detenida y en prisión preventiva, obtenida de una red social sin su consentimiento.
El TS examina la posible responsabilidad del notario en el otorgamiento de un préstamo hipotecario en el cual se había aportado por uno de los comparecientes un DNI falsificado.
Las sociedades de capital-riesgo (SCR) son entidades de capital-riesgo que revisten la forma de SA y pueden adoptar la forma de SCR ordinaria o de SCR-Pyme. Se rigen por las disposiciones de la Ley 22/2014 y, en lo no previsto en ella, por la LSC.
El capital-riesgo es una fuente de financiación aplicable a todas las etapas de desarrollo de las empresas, comprendiendo tanto lo que se ha venido denominando «venture capital», destinado a las primeras fases de desarrollo de las empresas, como «private equity», término que incluye la inversión en empresas ya maduras con una trayectoria consolidada de rentabilidad y que, por lo tanto, supone operaciones de mayor envergadura de reestructuración empresarial siendo necesario el recurso de las entidades de capital-riesgo a préstamos para poder financiarlas.
Declara el TS que, en los supuestos de válida extinción del contrato de relevo de duración determinada procede la extinción fijada en el ET para la finalización de los contratos temporales (12 días de salario por año de servicio) y no la indemnización fijada para los despidos por causas objetivas.
La cuantía de la prestación económica derivada de nacimiento y cuidado de menor, desde el mismo día en que comienza el descanso, es del 100% de la base reguladora, que es la equivalente a la establecida para la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, tomando como referencia la fecha de inicio del período de descanso.
Señala la AP Barcelona que el valor probatorio de informe biomecánico aportado por aseguradora en procedimiento judicial por accidente de tráfico para acreditar la posible inexistencia de nexo causal entre lesiones y colisión de baja intensidad.
La AP Salamanca condena a cuatro miembros de una misma familia como autores de un delito de estafa en grado de tentativa delictiva por simular un accidente de tráfico para intentar cobrar la indemnización del seguro.
El nacimiento del subsidio se produce el mismo día en que comience el período de descanso correspondiente. Respecto a su duración, hay que diferenciar el supuesto de parto del de adopción o acogimiento, así como si es disfrutado por la madre biológica o por el otro progenitor. Por otra parte, es posible disfrutar los períodos de descanso en régimen de jornada completa o a tiempo. Como mejora voluntaria, algunos convenios colectivos reconocen un permiso retribuido después del período de descanso por maternidad.
El TS declara que la sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho cuando se disuelva el matrimonio, pues el legislador no ha considerado oportuno ni siquiera que la admisión de la demanda de separación o divorcio tenga como efecto inmediato la extinción del régimen económico matrimonio. Por tanto, la pretensión de declarar extinguida la sociedad de gananciales en fecha anterior a la de la sentencia de divorcio únicamente opera ante reclamaciones contrarias a la buena fe.
La prestación de nacimiento y cuidado de menor está prevista para compensar la pérdida de los salarios durante los períodos de descanso -antes por maternidad o paternidad- por las situaciones de: nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de 6 años o de menores de edad que sean mayores de 6 años cuando se trate de menores con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.
El TS ha confirmado la condena por delito consumado de asesinato al aceptar la valoración de la prueba existente de contenido meramente indiciario pero concluyente, en ausencia de prueba directa. Fija una serie de criterios para valorar la suficiencia de indicios cuando no haya prueba directa en una sentencia condenatoria.
Lo que se protege en este delito de trata de seres humanos es la libertad y la dignidad de las personas. Se considera un atentado contra la dignidad y la integridad de la persona.
La DGT declara que cabe ampliar la duración del derecho de usufructo en el título constitutivo más allá de la muerte del usufructuario.
El TS entiende que aunque resulta razonable que la empresa de mantenimiento de ascensores exija un tiempo mínimo que le permita organizar su infraestructura y amortizar gastos derivados de los contratos “a todo riesgo”, no puede suponer una vinculación excesiva que impida a los consumidores aprovecharse de las mejores prestaciones de otros empresarios.
La trata de seres humanos consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
El TS determina que el conocimiento no equivale a consentimiento, pero se considera que existe consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación, no exigiéndose que ésta sea expresa.
La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado nulo el límite de 75 años establecido por el Colegio de Abogados de Madrid para integrarse en el turno de oficio al considerar que constituye una discriminación por razón de edad. La sentencia estima un recurso de la Asociación “Abogados y Juristas pro Estado de Derecho” y de un particular contra el artículo 1.4. d) de las Normas Reguladoras del Turno de oficio, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Abogados de Abogados de Madrid de 10 de octubre de 2016, en línea con las aprobadas el 24 de octubre de 2013.
Se regula expresamente una reserva de puestos de trabajo que obliga a las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores a cubrir, al menos, el 2% de su plantilla con personas con discapacidad. Se trata de una obligación de resultado, y no de medios, referida a la totalidad de la plantilla y no a los procesos de contratación a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del empleo público.
El TS confirma la condena a una sociedad por intromisión ilegítima en la intimidad por colocación de cámaras de seguridad no aptas para grabar pero orientadas hacia la finca del demandante.
La promoción y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios debe formar parte de los principios reguladores de la política social y económica. Así, los poderes públicos están obligados a la defensa de los mismos, promoviendo la seguridad, la salud y los intereses económicos de los consumidores.
Además de la protección que ofrece la legislación en materia de condiciones generales y consumo, desde 16 de junio de 2019, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI) fija las normas de transparencia que han de regir dichos contratos, el régimen jurídico de los prestamistas e intermediarios de crédito inmobiliario, así como las normas de conducta aplicables a las personas involucradas en la comercialización de los préstamos que se encuentran dentro del ámbito de la norma.
Señala la AP Barcelona que la reducción del importe de la renta, o la concesión de una determinada carencia temporal en el pago, se deben considerar actos de administración ordinaria, para los que es necesario el acuerdo de la mayoría de los cotitulares.
Dentro del Título XII del Código Penal, "De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores", en la Sección 3ª. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores, se regulan diversidad de delitos que tienen que ver con el mercado y los consumidores. Estas conductas también pueden realizarse con medios informáticos.
El TSJ reconoce a un administrador de fincas el derecho al premio por denunciar la existencia de una herencia intestada a favor del Estado.
El JP Valladolid considera autores criminalmente responsables del delito de sustracción de menores a unos padres por llevarse sin autorización a sus hijos del centro de menores donde estaban acogidos.
Este contrato se puede concertar para sustituir a un trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo (interinidad por sustitución). También para cubrir temporalmente un puesto de trabajo vacante durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva (interinidad por cobertura de vacante) y, por último, para la sustitución de un trabajador autónomo, socio trabajador o socio de trabajo de una sociedad cooperativa en el supuesto de riesgo durante el embarazo o en los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente.
La DGRN entiende que solo cabe negar al propietario el derecho al cambio de uso de su local a vivienda, cuando los estatutos lo prohíban expresa y claramente.
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El despido nulo. Infografía
