El actual demandante, interpuso demanda civil en reclamación de indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente de circulación. Anteriormente, se había incoado un procedimiento penal en el que se dictó auto de archivo de las diligencias, que propiamente no llegaron a incoarse, puesto que al día siguiente de la presentación de la denuncia entró en vigor la reforma del Código Penal que despenalizó las faltas. El actor recurrió en solicitud de dictado de auto de cuantía máxima.

La demanda es desestimada en ambas instancias, al apreciar que la acción estaba prescrita. Se consideró que el día inicial del plazo de prescripción fue el la notificación del auto de archivo de las diligencias penales, sin que las actuaciones posteriores tuvieran virtualidad interruptiva de la prescripción. Por el contrario, se estima el recurso de casación.

Afirma el TS que el cómputo del plazo de prescripción debe efectuarse desde la fecha en que la posibilidad de que se dictara una resolución en el proceso penal que permitiera la satisfacción de la responsabilidad civil «ex delicto» quedó definitivamente cerrada, esto es, cuando la Audiencia Provincial dictó resolvió el recurso de apelación rechazando su pretensión de que se dictara auto de cuantía máxima. Mientras estaba pendiente la resolución de ese recurso no cabe afirmar que no hubiera ya prejudicialidad penal y que la vía civil estuviera expedita. Por lo tanto, cuando se presentó la demanda la acción no estaba prescrita.

La denuncia en vía penal -con sus posibles efectos en el orden civil- supone una forma de ejercicio de la acción civil ante los tribunales e interrumpe la prescripción desde que se formula, sin que dependa del resultado que la denuncia llegue a tener. El efecto se produce aunque la denuncia termine archivada. Tampoco depende del número y la entidad de las actuaciones que integren el proceso penal.

STS (CIVIL) DE 20 NOVIEMBRE DE 2023. EDJ 2023/755380

Fuente: ADN Jurídico