Esta norma, que entra en vigor el 20 de mayo de 2025, deroga el actual Reglamento de 2011, no solo responde a la necesidad de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, sino que también refuerza la claridad jurídica para los extranjeros en España y sus derechos.
Está destinada a mejorar la gestión migratoria de forma eficaz y adaptada al contexto geopolítico actual, fortaleciendo los canales de migración regular, la integración social y la protección internacional.
Además, incorpora en el ordenamiento jurídico nacional directivas recientes de la Unión Europea, como la Directiva 2021/1883 relativa al empleo de alta cualificación y el nuevo Pacto de Migración y Asilo. Este reglamento busca también responder a los cambios demográficos y económicos, estableciendo mecanismos para retener talentos extranjeros, fomentar su empleabilidad y consolidar un sistema de migración sostenible.
El reglamento se estructura en quince títulos que abordan diversos aspectos de la regulación migratoria, incluyendo:
Introduce cambios en los procedimientos de entrada y salida para ajustarse al Código de Fronteras Schengen. Se incluyen disposiciones sobre visados de corta y larga duración y sus requisitos específicos.
2. Estancias
Modifica las normativas para estancias de corta y larga duración, estableciendo procedimientos claros para la renovación y extinción de autorizaciones. Incluye disposiciones para estancias vinculadas a estudios, actividades formativas y movilidad de alumnos.
Regula autorizaciones de residencia temporal por reagrupación familiar, empleo, y circunstancias excepcionales como arraigo social y humanitario. Se crea la figura del arraigo de segunda oportunidad, reduciendo requisitos y plazos para facilitar la integración laboral y social de los extranjeros.
Permite la tramitación conjunta de autorizaciones de trabajo para grupos de trabajadores no residentes en España.
Aborda la residencia de hijos o tutelados de extranjeros residentes y el desplazamiento de menores con fines humanitarios o educativos. Introduce mejoras en los procedimientos de residencia para menores no acompañados.
Reafirma el marco sancionador para infracciones en materia de extranjería, incluyendo procedimientos para expulsión y multas.
Establece normas sobre la emisión, renovación y extinción de documentos como la tarjeta de identidad de extranjero.
La norma también dedica especial atención a la protección de colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género y trata de personas, garantizando su acceso a autorizaciones específicas.
Ley de Vivienda
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