El recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo de aprobación de un plan director sectorial de equipamientos comerciales fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia. El plan establece una zonificación basada en el tamaño de la población y limita la superficie comercial máxima autorizable en cada zona. La impugnación argumentaba que el plan no cumplía con los requisitos de necesidad y proporcionalidad establecidos por la Directiva de servicios y la legislación estatal en materia de comercio minorista y unidad de mercado.

El TSJ sostuvo que el plan no vulnera la legalidad, ya que las medidas que contempla son proporcionales y están motivadas por razones de interés general, como la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio y la protección de los consumidores. La zonificación comercial se basa en criterios objetivos y atiende al papel territorial de cada área.

En casación, la parte recurrente no cuestionó el suelo destinado a establecimientos comerciales, sino la zonificación y la limitación de superficies en zonas de menor población. El Tribunal Supremo centró el debate en cómo la planificación territorial y urbanística puede limitar la libertad de establecimiento.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso, reafirmando que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística pueden establecer limitaciones a la libertad de establecimiento, siempre que estén justificadas y sean necesarias para los fines de la planificación, y que no puedan alcanzarse mediante medidas menos restrictivas. La zonificación del plan se justifica en criterios objetivos y de interés general, y sería ilógico permitir la instalación de grandes superficies en zonas de baja población que ya cuentan con centros comerciales adecuados a sus necesidades.

STS (Contencioso) de 9 octubre de 2024. EDJ 2024/709281