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Redactado por: Redacción Espacio Asesoría
21 de junio de 2021

Intercambio de información empresarial y competencia

Si es sobre elementos que condicionan o afectan a los precios, constituyen una infracción por objeto y pueden ser considerados como cártel.

La cuestión que presenta interés casacional es precisar la jurisprudencia en relación al art. 1 Ley de Defensa de la Competencia (LDC) a fin de aclarar si los intercambios de información que no versan sobre precios o cantidades a futuro pueden ser calificados como cártel y en qué circunstancias.

Señala la Sala que la tradicional distinción, en el ámbito del Derecho de la Competencia, entre las infracciones «por objeto» y las infracciones «por efecto» ha sido ya destacando que la diferencia entre conductas prohibidas por su objeto o por sus efectos deriva, en primer lugar, del tenor literal del propio art. 1 LDC, que prohíbe todo acuerdo, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional.

La sentencia del TJUE de 20 de noviembre de 2008 (asunto C-209/07) ya puso de manifiesto los criterios para determinar si se estaba ante una infracción por el objeto o para establecer si era necesario establecer su incidencia sobre el mercado, afirmando que para estar incurso en la prohibición establecida en el art. 81 CE, apartado 1, un acuerdo debe tener «por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

Ahora bien, una vez establecida la conclusión de que se está frente a una infracción por el objeto no se precisa establecer los efectos negativos que la conducta infractora ha tenido o puede tener sobre el mercado.

Esta doctrina ha sido aplicada, entre otras, en la STS 331/2018, de 1 de marzo, que consideró, respecto a la no necesidad de examinar los efectos en el caso de infracciones por el objeto, que cuando quedaba acreditado que el acuerdo en cuestión tiene un objeto contrario a la competencia, no resultaba necesario acreditar en concreto los efectos perjudiciales de dicho acuerdo sobre la competencia y consecuentemente sobre el mercado que se aplican. En ese caso es suficiente exponer que dicho acuerdo es apto para impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado interior.

Por tanto, el TS matiza y aclara su doctrina jurisprudencial, al entender que la apreciación de los efectos anticompetitivos de un acuerdo de intercambio de información entre empresas competidoras exige tomar en consideración las condiciones y circunstancias en las que se producen las prácticas, singularmente, el marco concreto en el que se producen los acuerdos, el contexto económico y jurídico en el que operan las empresas, la naturaleza de los bienes y servicios contemplados, así como la estructura y condiciones reales de funcionamiento de los mercados afectados.

La calificación de un acuerdo de intercambio de información como infracción «por objeto» exige que resulte debidamente acreditado que tiene un grado suficiente de nocividad para la competencia mediante el examen de aspectos relevantes, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE.

Los intercambios de información sobre elementos que condicionan, integran o afectan de manera relevante a los precios, aunque no se refieren directamente a precios finales, constituyen una infracción por objeto y pueden ser considerados como cártel.

Aplicado lo anterior al presente caso, la Sala considera probado que mediante una conducta coordinada entre empresas competidoras, se produjo un intercambio de información bajo unas exigencias de reciprocidad entre las empresas partícipes, con el objeto de sustituir conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas, disminuyendo la incertidumbre sobre elementos clave de sus políticas comerciales y con aptitud para determinar su comportamiento en el mercado.

La regularidad y estabilidad de las reuniones, la organización y convocatoria de las mismas, en una primera fase por los partícipes, mediante empresas consultoras en conocimiento acreditado por parte de la alta dirección de las empresas partícipes son todos elementos que, tomados en su conjunto, confirman la calificación de la conducta como infracción muy grave constitutiva de cártel.

STS (CONTENCIOSO) DE 20 ABRIL DE 2021. EDJ 2021/558435

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Si es sobre elementos que condicionan o afectan a los precios, constituyen una infracción por objeto y pueden ser considerados como cártel.

21/06/2021
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