No requiere el voto unánime de la Junta sino que basta con un apoyo mayoritario.
En una compraventa de vivienda en altura no se aplica la obligación de declarar si se ha realizado o no en la finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo.
Debe estarse al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas
Cualquiera de los comuneros puede comparecer en juicio y ejercitar acciones que competan a la comunidad
Se analizan los requisitos para la inscripción de una escritura de agrupación de fincas urbanas y cambio de uso de la finca resultante.
La mención a la titularidad en una Junta de propietarios no refleja voluntad de injuriar a los demandantes.
Aunque no haya manifestado su discrepancia en el plazo de los treinta días siguientes a su notificación no pierde la acción para impugnar.
Es posible siempre que no se impida el aparcamiento o se dificulte sensiblemente las maniobras a otros usuarios.
No lo es si se encuentra amparada en un legítimo derecho, sin intento de provocar un perjuicio a la comunidad.
Aunque existe una exención en los gastos ordinarios de ascensor, las obras de adaptación del servicio son gastos extraordinarios.
Los Estatutos tienen que estar inscritos en el Registro de la Propiedad para producir efectos frente a terceros.
Lo hace la exposición en los ascensores del acta de la junta con identificación de asistentes y representados.
Los estatutos de una Comunidad de Propietarios son la norma que la rige mientras no se modifiquen por unanimidad y a la que deben atenerse todos los propietarios.
Es válido si no está prohibido en el título constitutivo ni afecta a elementos comunes ni a otros propietarios.
Las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la entidad pública RED.es para la adaptación de las antenas colectivas de los edificios estarán exentas en la declaración del IRPF de los ciudadanos.
Con la exención de las tasas judiciales, las Comunidades de Propietarios se ahorrarán 15 millones de euros.
La anulación del "céntimo sanitario" posibilita recuperar las cantidades satisfechas por las comunidades de propietarios en concepto de gasóleo para calefacción más los correspondientes intereses de demora.
Se están impulsando las medidas necesarias para que las subvenciones no tengan incidencia en la declaración de la renta de los beneficiarios de las ayudas.
Periodista.
Se trata de dos códigos, uno dedicado a información general de vivienda y otro para el Plan Alquila.
Se deben flexibilizar los ‘quórums’ de los acuerdos que se tomen en Junta para promover la solución de cuestiones por vía del arbitraje.
La nueva Ley de Telecomunicaciones no recoge el principio de precaución ambiental especificado en la Ley de Salud Pública, que obligaría a restringir la instalación de antenas ante un posible peligro para la salud de los ciudadanos.
La anulación del "céntimo sanitario" posibilita recuperar las cantidades satisfechas por las comunidades de propietarios en concepto de gasóleo para calefacción.
La morosidad de las entidades financieras alcanza los 341,62 millones de euros.
Ya disponible en la plataforma online CertificadoEnergetico.es, permite a los propietarios conocer de antemano la nota que obtendrá su vivienda antes de solicitar el certificado energético.
Se trata de una iniciativa pionera que permitirá que 300 comunidades de propietarios de la Comunidad de Madrid puedan incrementar, sin coste inicial y sin derramas, su seguridad con cámaras de video vigilancia subvencionadas.
Un 79,8% de los españoles considera que la profesión de Administrador de Fincas debería incluirse entre aquellas para las que es obligatorio estar colegiado.
El Pleno de la Sala Primera ha confirmado el derecho de todo propietario de piso o local a usarlos como considere más adecuado, salvo que el cambio de uso esté expresamente prohibido o que el cambio de destino aparezca limitado por el régimen de propiedad horizontal.
Una conclusión unánime de los expertos reunidos en un encuentro informativo organizado por el Observatorio en las Comunidades de Propietarios (OCP) en la sede de la editorial Grupo Francis Lefebvre.
El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid ha solicitado al Ayuntamiento que elimine el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) en las actuaciones dirigidas a suprimir las barreras arquitectónicas o que favorezcan la introducción de energías renovables en las comunidades de propietarios.
¿Quién es el responsable de pedirlo, quién lo paga o quién concede este certificado? son las principales dudas de propietarios, pero también de inquilinos, que no terminan de ver claro si al final ellos correrán con los gastos de esta nueva certificación.
¿Cuáles son las cuestiones que más tiranteces provoca en una comunidad de propietarios? Te resumimos las principales.
El Gobierno estudiará si aprovecha la futura revisión de la Ley de Propiedad Horizontal que pretende llevar a cabo para ampliar de tres a cinco años el plazo en el que las deudas contraídas con una comunidad de vecinos se considera prioritaria.
La Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas -publicada ayer en el BOE-, incluye un plan de ayudas a las comunidades de propietarios para incentivar la rehabilitación de edificios y su eficiencia energética.
La Ley de Rehabilitación supondrá un revulsivo para las comunidades de propietarios, según el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.
El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid ha elaborado una pequeña guía que, a modo de pregunta-respuesta, soluciona las principales dudas de los propietarios a la hora de afrontar una reforma den su vivienda.
Las certificaciones energéticas, además de ser una garantía de seguridad para los clientes, permiten conocer el consumo de los hogares y aportan pautas de ahorro.
La media de morosidad por habitante y año es de 35,24 euros y las entidades financieras adeudan 34 millones de euros a las comunidades.
A partir del pasado día 1 de junio, este certificado, con una validez de diez años, evalúa la eficiencia energética del inmueble.
Expertos señalan como positivo la creación del Registro de Morosos pese a carecer todavía de algunas lagunas, en un encuentro informativo organizado por el Observatorio de las Comunidades de Propietarios.
La Ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que este miércoles ha aprobado la Comisión de Fomento del Congreso, obligará a presentar una memoria de viabilidad económica de cualquier proyecto que se quiera llevar a cabo.
El Gobierno penará con sanciones de hasta 6.000 euros a los propietarios de viviendas y otros inmuebles que no dispongan del certificado energético pertinente a partir del próximo 1 de junio.
El 60% de los edificios residenciales en España se construyeron sin tener en cuenta ninguna normativa mínima de eficiencia energética, siendo la primera del año 1979.
La Comisión de Economía aprueba una proposición en la que se insta al Gobierno a acometer las modificaciones legislativas necesarias para obligar a las entidades financieras a pagar las deudas pendientes.
El CGCAFE solicita al Gobierno y a la Defensora del Pueblo, entre otras medidas, un incremento hasta 5 años del plazo de afección real establecido en el artículo 9 de la LPH.
Las deudas superaron los 1.600 millones al cierre del ejercicio 2012 y el periodo medio de cobro es de 151 días. Son datos extraídos del II Informe de Morosidad elaborado por el Observatorio de las Comunidades de Propietarios.
El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas va a crear un registro público de cuotas impagadas en comunidades de propietarios por parte de las entidades bancarias.
El 80% de los edificios residenciales no acomete obras por las condiciones poco preferentes de las líneas de ayuda.
Los administradores de fincas colegiados están percibiendo que la morosidad de las entidades financieras amenaza el buen estado de un inmueble al no poder sufragar, el resto de los vecinos, los pagos correspondientes.
Salvador Díez, anterior presidente del Colegio de Valladolid desde 2005, toma posesión de su cargo como cabeza de los Administradores de Fincas españoles con el objetivo es "conseguir el máximo reconocimiento profesional, institucional y social de una profesión colegiada como es la de Administrador de Fincas".
La editorial pone a disposición de los administradores de fincas madrileños documentación jurídico-normativa actualizada en los ámbitos de Propiedad Horizontal, Fiscal, Social, Contable y Mercantil.
La Ley de Arrendamientos Urbanos otorga mayor seguridad jurídica para el arrendador, y contempla cierta evolución en ejecuciones y notificaciones; no obstante, parece que todavía no es suficiente. Expertos del sector analizaron la nueva norma en una tertulia informativa organizada por el Observatorio de la Morosidad en las Comunidades de Propietarios.
Andalucía es la segunda región más endeudada con sus comunidades de propietarios, con 295 millones de euros, representando el 21,85% de la morosidad nacional. Los retrasos en el pago de recibos relacionados con la vivienda habitual estuvieron presentes en el 9,4% de los hogares andaluces.
El Derecho Grupo Francis Lefebvre colabora con el Colegio de Abogados de Zaragoza y el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragón en la celebración las 'II Jornadas Jurídicas Aragonesas de Propiedad Horizontal', que darán comienzo el jueves 24 de noviembre.
Colaborador de El Derecho desde hace años, el profesor de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha sido el ganador del Premio ARAG por su publicación Administrador de Fincas y Comunidad de Propietarios.
La morosidad está presente en más del 22% de las comunidades de propietarios madrileñas, y además, las deudas superan los 375 millones de euros, una situación cada vez más preocupante. El Programa de Lucha contra la Morosidad en las Comunidades de Propietarios, iniciativa de Acción Legal y el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid en la que participa Grupo El Derecho junto a otras empresas, pretende solucionar el problema de los impagos.
Se obligará a las comunidades de vecinos a sufragar las obras de adaptación de accesibilidad para los discapacitados
La Asociación Europea de Arbitraje (Aeade) ha administrado 859 arbitrajes entre los meses de enero y junio, lo que supone un incremento del 84% en comparación con el mismo periodo de 2010.
El Pleno del Senado, con el apoyo del PP, PSOE, Entesa Catalana, CiU, el Grupo parlamentario de Senadores nacionalistas y el Grupo Mixto, han dado luz verde al proyecto de ley de adaptación normativa a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, un texto que será remitido próximamente al Congreso para su aprobación definitiva.
Entiende que la existencia de una cláusula en los estatutos de la comunidad que le exonera del pago "no distingue entre gastos ordinarios y extraordinarios".
Los demandados solicitaron que se declarara la validez de dichas obras pero la Sala Primera reitera que no tienen como fin facilitar la actividad comercial del local.
La Comisión de Sanidad y Política Social del Senado ha aprobado por unanimidad el dictamen al proyecto de Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que incorpora a través de una enmienda la modificación a la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos realicen las obras de accesibilidad hasta un límite cuyo importe no exceda las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
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Ley de Vivienda
El despido nulo. Infografía
