Así consta en una respuesta parlamentaria al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, respecto a las medidas previstas por el Ejecutivo para reducir la morosidad que sufren las comunidades de propietarios de viviendas en el actual contexto de crisis y que, según datos del Consejo General de Administradores de Fincas, asciende a 1.606 millones de euros, de los cuales 256 millones corresponden a impagos relacionados con pisos en propiedad de las entidades bancarias.

Según el texto, que recoge Europa Press, el Gobierno está dispuesto a estudiar la ampliación del plazo de preferencia que ya prevé la normativa vigente en su "prevista" reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Actualmente, las comunidades de propietarios pueden solicitar que se considere crédito preferente el pago de la deuda del último año, de la anualidad corriente y de los tres ejercicios anteriores.

Sin embargo, no se prevé al menos "en este momento" modificar la Ley Concursal para, como pedía Llamazares, incorporar este tipo de deudas contraídas por impago de las cuotas para afrontar los gastos generales de la comunidad como créditos con privilegio especial de cobro.

No es cuestión de más regulación financiera

Además, hace unas semanas en otra respuesta escrita dirigida, en esa ocasión, al socialista Félix Lavilla, el Gobierno ya recordaba que las entidades financieras están obligadas a hacer frente a las deudas que mantienen con las comunidades de vecinos por los pisos de su propiedad que están en régimen de propiedad horizontal, desechando por tanto que la solución a este problema pase por nueva regulación del sector financiero.

Según el Ejecutivo, "las entidades bancarias, como cualquier otro propietario que viva en régimen de propiedad horizontal, han de hacer frente a las obligaciones derivadas de su condición de propietario", aunque solucionar este problema "no es una cuestión de regulación" del sector.

No obstante, a finales de mayo, el Congreso aprobó una iniciativa presentada por CiU y apoyada por los ‘populares’ para instar al Gobierno a acometer las modificaciones legislativas necesarias para obligar a las entidades financieras, promotoras o particulares que se hagan con una vivienda afectada por un lanzamiento a pagar las deudas pendientes con la comunidad de vecinos, modificando para ello la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil de tal manera que no se pudiera inscribir la adjudicación de la finca en el Registro hasta haber satisfecho todos los gastos adeudados.