De este modo, el texto, aprobado con competencia legislativa plena y que pasa directamente al Senado, establece que las comunidades de vecinos, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan o trabajen personas con discapacidad, estarán obligadas a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad en las zonas comunes que sean necesarias, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la comunicación de estas personas con el exterior.

Además, también incorpora a través de una enmienda transaccional, que esta obligación no se aplicará cuando la unidad familiar a la que pertenece alguno de los propietarios tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el IPREM, excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas, a las que esa unidad familiar pueda tener acceso, impidan que el coste anual de las obras supere el 33 por ciento de sus ingresos anuales.

El proyecto normativo introduce cambios en otras diez normas, como la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad o la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades.

También sufren cambios la Ley sobre Extracción y Transporte de órganos, Ley General de Sanidad, Ley básica reguiladora de autonomía del paciente, Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, Ley de calidad del sistema nacional de salud, Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley sobre Protección Civil, Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo o la Ley de Contrato de Seguro.

Durante el debate, todos los grupos han agradecido las aportaciones que han realizado las organizaciones del sector de la discapacidad, concretamente el Comité de Representantes de las personas con Discapacidad (Cermi), y han celebrado que las modificaciones normativas cumplan con la Convención Internacional de la ONU, ratificada por España en 2008. El PP, por su parte, ha señalado que esperaba un texto "más ambicioso", ya que, según ha dicho, "se deberían modificar 22 leyes y no once".

En materia de empleo, se aumenta, en las ofertas de trabajo público, el cupo de reserva de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad al siete por ciento contenido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y se crea, por vez primera con rango legal, una cuota específica, dentro de la genérica, para personas con discapacidad intelectual.

En materia de Sanidad, se modifican diversas leyes de modo que se incluye la discapacidad como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas administraciones públicas sanitarias, y se regula el derecho a la información en formatos adecuados que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, así como la prestación del consentimiento en diversos campos sanitarios.

Además, se regulan protocolos de actuación específicos en materia de protección civil para las personas con discapacidad, y en el ámbito de la cooperación internacional se incluye la discapacidad de un modo expreso y diferenciado.

En el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con discapacidad 2008-2012 se incentiva la promoción de una mayor contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, ordenando al Gobierno la revisión de la normativa legal y reglamentaria y la adopción de medidas para asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del dos por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores.