En concreto, los grupos parlamentarios han sacado adelante dos enmiendas transaccionales, a las que ha tenido acceso Europa Press. En una de ellas, han pactado modificar la Ley de 1982 de integración social de los minusválidos, de forma que "en los proyectos de viviendas protegidas se programará un mínimo de un cuatro por ciento con las características constructivas adecuadas para garantizar el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad".

En el caso de que las viviendas objeto de reserva antes mencionadas, y destinadas al alquiler, han acordado que podrán adjudicarse a personas con discapacidad, individualmente consideradas o a asociaciones o fundaciones integradas en el sector no lucrativo de la discapacidad, siempre que en este último supuesto se destinen por esas entidades a usos sociales de inclusión y promoción de la vida autónoma como viviendas asistidas, compartidas, de apoyo o a proyectos de vida independiente de personas con discapacidad.

En segundo lugar, han considerado necesario incluir una nueva disposición adicional al proyecto de ley por la que el Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento al artículo doce de la Convención de la ONU, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida.

Según acuerdan, dicho proyecto de ley establecerá las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que lo precisen.

SEGUNDO DEBATE SUPERADO

Precisamente, el pasado 7 de julio, la Comisión de Sanidad y Política Social del Senado rechazó incorporar enmiendas a dicho proyecto de Ley, de forma que se aprobó así en la redacción dada por el Congreso.

El proyecto de Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad incorpora, entre otras novedades, una modificación a la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos realicen las obras de accesibilidad hasta un límite cuyo importe no exceda las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

En concreto, establece que las comunidades de vecinos, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan o trabajen personas con discapacidad, estarán obligadas a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad en las zonas comunes que sean necesarias, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la comunicación de estas personas con el exterior.

Esta obligación no se aplicará cuando la unidad familiar a la que pertenece alguno de los propietarios tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el IPREM, excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que esa unidad familiar pueda tener acceso, impidan que el coste anual de las obras supere el 33% de sus ingresos anuales.

MÁS CAMBIOS

El proyecto normativo introduce cambios en otras diez normas, como la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad o la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades.

También sufrirían cambios la Ley sobre Extracción y Transporte de órganos, Ley General de Sanidad, Ley básica reguladora de autonomía del paciente, Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, Ley de calidad del sistema nacional de salud, Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley sobre Protección Civil, Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo o la Ley de Contrato de Seguro.