Éstas son algunas de las modificaciones sobre el proyecto de ley original que se han incorporado al texto a propuesta de la oposición, en muchos casos transaccionados con el PP. Así, finalmente se ha incluido la obligación de acompañar cualquier proyecto de rehabilitación, renovación o regeneración urbana de una memoria que "asegure su viabilidad económica en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas para los propietarios".

Entre otras cosas, este documento deberá incluir un análisis de la inversión que pueda atraer la actuación regeneradora, una justificación de la capacidad de la obra para generar ingresos suficientes con los que financiar la mayor parte de su coste, "garantizando el menor impacto posible en el patrimonio personal de los particulares"; un marco temporal para amortizar la reforma y una evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el mantenimiento de las redes públicas.

Además, se modifica la Ley del Suelo para precisar que el deber de entregar a la Administración el suelo libre de cargas correspondiente al porcentaje de la edificación media ponderada de la operación se fijará "atendiendo sólo al incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso, resulte de la modificación" del plan urbanístico.

"Dicho deber podrá cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de costear la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación, o a integrarse en el patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas", se apostilla.

Inmuebles protegidos

El proyecto de ley que ha sido aprobado ha incluido también dos precisiones en relación con los inmuebles de interés cultural o protegidos, para los cuales se deberán "buscarán soluciones innovadoras" a la hora de mejorar su eficiencia energética y garantizar su accesibilidad, "sin perjuicio de la necesaria preservación de los valores objetos de protección". En cualquier caso, seguirá siendo necesario el informe favorable de la administración competente para poder realizar las obras.

Por otra parte, cuando la administración exija a los propietarios de un inmueble obras por motivos turísticos o culturales, se prevé que sólo sean obligatorias si su coste no supera "la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de planta nueva, equivalente al original en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio".

Eficiencia energética

En materia de eficiencia energética, la ley incluirá finalmente previsiones con respecto al agua, y no sólo sobre el consumo energético o la limitación de las emisiones. En concreto, se incluye entre los fines de las políticas públicas en materia de rehabilitación urbana el objetivo de "contribuir a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el uso de los recursos hídricos basada en el ahorro y en la reutilización".

Además, se permitirá la ocupación de zonas comunes o de dominio público para realizar obras que reduzcan en un 30% al menos el consumo del conjunto del edificio.

Por otra parte, se han incluido todas las enmiendas de los ‘populares’ que, entre otras cosas, permiten a las comunidades autónomas suspender durante un plazo máximo de cuatro años la obligación de destinar parte del suelo urbanizable a la construcción de vivienda pública protegida (VPP), siempre y cuando existan más pisos de este tipo construidos que demanda real si se cumplen otros requisitos.

También se ha incorporado así el régimen de infracciones y el sancionador, se crea un registro de los nuevos Informes de Evaluación de los Edificios, y se autoriza a Ceuta y Melilla a reducir hasta un 10% el suelo libre de cargas que los operadores urbanísticos están obligados a entregar a la Administración, para completar a la posibilidad que ya tenían de incrementar hasta el 20% esa cesión.

Además de estos cambios, los ‘populares’ han modificado a través de las enmiendas a este proyecto de ley una decena de otras normativas para, entre otras cosas, ampliar el plazo para solucionar el problema de las participaciones preferentes, aumentar el tiempo en el que el juzgado puede escuchar la oposición de un afectado por desahucio, modificar las bonificaciones al transporte aéreo a las islas y las ciudades autónomas, abrir la puerta a posibles nuevas autorizaciones de estancos, limitar los gastos plurianuales de las administraciones públicas o permitir que la Intervención General pueda ceder datos a la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude.