Esta ha sido una de las medidas que el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas va a llevar a cabo y que su presidente, Rafael Trujillo, y su homólogo en Sevilla, Rafael del Olmo, han trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con quien han mantenido una reunión este martes ante la creciente preocupación por el incremento de morosidad que las entidades financieras están adquiriendo con las comunidades de propietarios y que, según estiman, alcanza los 46 millones de euros.

Asimismo, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas va a realizar un informe jurídico para que el Defensor del Pueblo Andaluz lo pueda presentar en la oficina de la Defensora del Pueblo en Madrid, en el que se detalle las reformas solicitadas tanto en la Ley de Propiedad Horizontal como en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En este sentido, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas vienen trasladando a las instituciones públicas la necesidad de modificar la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 9.1. apartado e) según la cual el adquiriente de una propiedad responde de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales adquiridas por el anterior propietario, que es de dos anualidades. La propuesta es ampliar este proceso de afección real de dos a cuatro años.

De igual forma, el Consejo Andaluz va a poner en marcha, con un proyecto piloto en el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla en un plazo no superior a dos meses, un Servicio de Asesoramiento Básico Gratuito a aquellas comunidades con escasos recursos para que sepan gestionar su morosidad. Así, la figura del administrador de fincas colegiado, gracias a este compromiso social, adquiere un valor añadido a los servicios que ya presta de por sí.

Finalmente, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas ha mostrado su preocupación por el problema del pago de las tasas de las demandas de morosidad en las comunidades de propietarios, cuyo coste asciende, como mínimo, a cien euros, no pudiendo todas ellas hacer frente a este pago de manera continuada.

Impagos en cuotas

Del Olmo ha señalado que como consecuencia de la crisis financiera y del sector inmobiliario, un "ingente" número de promotoras, constructoras y en menor medida, familias, no han podido hacer frente al pago de su deuda hipotecaria, razón por la que las entidades financieras, tras los desahucios ejecutados, pasan a ser propietarios de un elevado número de inmuebles, en especial, viviendas y locales.

"La situación crítica de algunas de estas entidades, junto con las enormes dificultades que tienen para hacer frente a la gestión de estos activos, provocan que no estén cumpliendo, puntualmente, con sus obligaciones económicas con la Comunidad de Propietarios", ha subrayado.