A estos niveles de impago hay que añadir que el 62% de las comunidades de propietarios ha reducido su presupuesto de gastos, y el 92% han mantenido o reducido sus cuotas para sufragar el aumento de los impagos por morosidad. El Informe también destaca que el porcentaje de deuda que se abona en fase extrajudicial, es decir, de forma amistosa, sigue descendiendo, situándose en un 29,22% con respecto al año anterior, que era de un 38,02%. Las razones de esta reducción se encuentran en la situación de crisis económica actual.

Estos datos han sido presentados en un encuentro informativo convocado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) y el Observatorio de las Comunidades de Propietarios para dar a conocer el II Informe Nacional sobre morosidad en comunidades. Este Observatorio tiene como objetivo aunar opiniones, conceptos e iniciativas y crear un foro de investigación especializado y altamente cualificado que constituya una referencia sobre la materia, y que sea capaz de impulsar soluciones de la mano de las organizaciones más representativas de la sociedad civil en materia de vivienda.

A partir de una encuesta realizada a más de 800 administradores de fincas que, en su conjunto, administran 43.000 comunidades de propietarios en toda España, este II Informe pone de manifiesto que las deudas alcanzaron los 1.606 millones de euros en 2012, y confirma las malas perspectivas para 2013, ya que, en palabras de Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas "los niveles de impago previstos para 2013 pueden alcanzar los 1.900 millones de euros, y las entidades financieras seguirán siendo uno de los principales morosos de las comunidades de propietarios, lo que hace necesario que se realicen una serie de reformas legales, entre ellas, que se pueda solicitar el pago de la deuda de cinco años en lugar de los dos años que actualmente marca la Ley".

A lo anterior deben unirse las principales causas de una deficiente gestión de la morosidad: retrasos en la reclamación por falta de recursos, defectos formales que dificultan la iniciación del procedimiento, certificaciones deficientes, defectos de notificación, ausencia de documentación, etc. Este problema está presente en la mayoría de las comunidades de propietarios que no cuentan con un administrador de fincas y, en palabras de Rafael del Olmo, secretario del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, "la falta de un profesional cualificado que conozca la profesión de administración de fincas, conlleva para la comunidad de propietarios una pérdida de dinero y tiempo en temas tan importantes como es el de la morosidad, al no saber cumplir con los requisitos formales establecidos para iniciar un procedimiento judicial de reclamación de deudas".

Las deudas de las entidades financieras, para José Juan Muñoz, coordinador jurídico del Observatorio y representante de Acción Legal, seguirán aumentando y superaran los 256 millones de euros del año 2012, dado "que la gestión de los activos inmobiliarios de la banca está siendo un problema, y ello, pese a que se desprendieron de 110.000 viviendas en 2012, más del doble que en 2011. Una gestión patrimonial externalizada produce unas dilataciones en los pagos que conlleva que el resto de los copropietarios no puedan asumir las deudas de las entidades financieras".

El tema de las tasas judiciales es otro de los problemas que preocupan al Observatorio de las Comunidades de Propietarios porque podría conllevar, en palabras de Manuel Gambin, consejero del Observatorio y miembro de Logalty, "la decisión de la Junta de Propietarios de no reclamar judicialmente determinadas deudas por lo que supondría el pago de dichas tasas, difícilmente asumibles por una comunidad de propietarios con un alto índice de impagados. No ayuda, en estos momentos, establecer una nueva carga impositiva para las reclamaciones judiciales a partir de 2.000 euros".

Para el secretario del Consejo General, Rafael del Olmo, y referido al tema de las tasas judiciales, "los administradores de fincas defienden los intereses del 90% de los ciudadanos del país, y consideramos que las tasas no deben de ser un obstáculo para interponer una demanda judicial. Los administradores de fincas trabajaremos por este derecho a la reclamación judicial porque es de interés social y garantiza los derechos de los consumidores y usuarios".

En esta línea, Salvador Díez, presidente del Consejo General, anunció que los administradores de fincas han solicitado a la Agencia Tributaria que "las comunidades de propietarios se consideren como consumidores finales al no poseer personalidad jurídica propia. Con ello no les sería de aplicación las tasas judiciales".