El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, por el que las comunidades de vecinos donde viva o trabaje una persona con discapacidad tendrán que realizar las obras para hacer accesible el inmueble y financiarlas hasta un importe equivalente a 12 meses de la cuota ordinaria de gastos comunes. En la actualidad, el máximo que tenían que aportar era tres meses de recibo de la comunidad.

En la votación en la Cámara Baja se han rechazado las enmiendas remitidas desde el Senado al artículo 10 así como al apartado dos del artículo 17. De este modo, se ha aprobado reconocer las lenguas de signos españoles y regular los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, con el objetivo de facilitar el acceso de estos colectivos a las telecomunicaciones y a los medios de comunicación social.

Durante su debate en el pleno, la diputada de Convergencia i Unió Concepción Tarruella ha mostrado la satisfacción de su grupo con el texto por la incorporación de distintas enmiendas, entre ellas una que considera "clave" para las personas con discapacidad, la que recoge la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para elevar el tope de 3 a 12 mensualidades la cuantía en obras de adaptación de viviendas que tendrán que pagar las comunidades de vecinos. Dicha enmienda del Senado al artículo 14 ha sido también aprobada.

4% DE VIVIENDAS ACCESIBLES

El texto remitido por el Senado se planteaba una enmienda al artículo 19, en materia de vivienda, que también ha sido aprobada, por la cual en la Integración Social de los Minusválidos, se rebaja la reserva al 4% (antes entre el 3% y el 6%) de las viviendas accesibles para personas con discapacidad en las promociones de viviendas protegidas.

En el caso de que dichas viviendas sean destinadas al alquiler, han acordado que podrán adjudicarse a personas con discapacidad, individualmente consideradas o a entidades asociativas sin ánimo de lucro integradas en el sector de la discapacidad. Además, se ha aprobado una disposición adicional nueva en la que se establece la obligación para la Administración General del Estado de poner en marcha líneas de ayuda en el marco de las políticas oficiales de promoción de vivienda.

"Espero que esta ley que hoy termina su trámite sea, realmente, un instrumento de inclusión en la sociedad", ha manifestado Tarruella, al tiempo que ha añadido que la nueva norma ha de modificar el entorno solidariamente para acoger a las personas con discapacidad para acogerlas como "personas que ensanchan horizontes y aportan a la sociedad" porque las leyes dan derechos pero, "es necesario poder ejercerlos".

Por su parte, el diputado del PNV Joseba Agirretxea Urresti ha destacado que en esta materia son los temas de accesibilidad al trabajo y a la vivienda los que van a permitir que las personas con discapacidad se integren mejor en la sociedad.

En su intervención, el diputado del PP, Francisco Vañó, ha valorado la adaptación del Convenio de la ONU "después de muchos avatares" aunque ha advertido de que "queda mucho por hacer" y que este es el principio. Así, ha destacado que el texto plantea que ya no es "culpa" del que tiene discapacidad, sino del entorno lo que agrava las condiciones de vida de este colectivo.

Además, estima que es "clave" otro punto que se refiere a pasar de los servicios sociales a los derechos sociales y ha defendido que fue el PP "el primero en adaptar la normativa" y ha destacado el "respeto" de todos los grupos parlamentarios con el objetivo de seguir avanzando con las personas con discapacidad.

En todo caso, a pesar de la nueva Ley, considera que la inclusión laboral de las personas con discapacidad "sigue siento del gran reto del futuro", así como la accesibilidad a productos y servicios. Aún más importante estima que es necesaria una mejora de la conciencia social, para que las personas "no pongan trabas, aunque sea inconscientemente, a las personas con discapacidad".

Respecto al texto, ha subrayado la mejora planteada en el Senado de elevar hasta el 7% de personas con discapacidad porque les parece "muy útil" así como una propuesta "muy interesante". En todo caso, ha añadido que el PP cree que "no es el mismo caso" el de discapacitados intelectuales que el de los sensoriales por lo que se ha mostrado en contra de dicha enmienda de IU, contemplada en el artículo 10, que finalmente ha sido rechazada.

Mientras, la diputada socialista Francisca Madina Teba considera que ha terminado la tramitación de un "proyecto fundamental" por el que cada uno de los Ministerios ha estudiado desde su propia órbita los aspectos que habría que regular para adaptar la normativa en aspectos como sanidad, discapacidad, empleo, cooperación internacional, seguros, etcétera.

EMPLEOS RESERVADOS

A su juicio, las enmiendas que han mejorado la Ley son el aumento hasta el 7% las plazas para discapacidad en oferta de empleo público, al menos el 2% para discapacidad intelectual, el 2% para discapacitados en empresas de más de 50 trabajadores.

En ese sentido, otra de las enmiendas aprobadas por el Congreso es la realizada al apartado uno del artículo 17, por la que en los Contratos del Sector público, los licitadores cuenten con un 2% de trabajadores con discapacidad. Sin embargo, ha sido rechazada la enmienda correspondiente al apartado dos del mismo artículo, en la que se establecía la obligación a las administraciones públicas de la reserva de un 5% de adjudicación de los contratos para centros de empelo de personas con discapacidad.

"Esta es una cuestión de derechos humanos y no una mera cuestión de bienestar social", ha destacado, al tiempo que ha deseado que se pueda avanzar en el camino que con esta Ley se inicia y que hace de la española una sociedad "más justa y más avanzada".

Asimismo, el Congreso ha aprobado una enmienda del Senado a la disposición adicional sexta que establece un plazo de 12 meses para que el Gobierno presente las mencionadas medidas y que establece la previsión de desarrollo reglamentario de las mismas, incluida la determinación del grado mínimo de discapacidad requerido.

Igualmente, mediante la aprobación de la enmienda 19 del grupo popular de la Cámara alta que incluía una disposición adicional nueva, se "impone" al Gobierno la obligación de elaborar un proyecto de ley que adapte lo previsto en el ordenamiento jurídico español sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, al principio de igualdad. Este proyecto, a su vez, habrá de remitirse en un año a las Cortes Generales para su tramitación.