La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que, gracias al compromiso de la sociedad española, la responsabilidad de los interlocutores sociales con el Acuerdo de negociación colectiva de enero de 2012 y a las reformas emprendidas por el Gobierno "será el año del empleo en España" tras siete ejercicios de profunda crisis, ha asegurado Báñez.

Así lo ha asegurado durante la presentación del informe elaborado por la OIT "Crecimiento con empleo", junto al secretario general del organismo, Guy Ryder, y el presidente del Consejo Económico y Social (CES) Marcos Peña. La ministra ha explicado que el objetivo del Gobierno es que el crecimiento económico se traduzca en empleo lo más rápidamente posible.

Diálogo social

La ministra ha destacado la importancia del Acuerdo del pasado 29 de julio entre el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales para impulsar la recuperación y el empleo estable, un acuerdo con el que se abre "una nueva etapa de diálogo" para impulsar medidas destinadas a favorecer el crecimiento de la actividad, el empleo y la cohesión social.

Así, pese al poco tiempo transcurrido, la ministra ha afirmado que ya se han dado importantes avances en alguno de los elementos que integraban el acuerdo, como la negociación de la fiscalidad del despido, la interpretación de normativa en materia de jubilación anticipada, la puesta en marcha la Garantía Juvenil, la reforma las Políticas Activas de Empleo y están avanzando en el estudio de nuevas medidas para la mejora de la protección social de los parados de larga duración.

Asimismo, la ministra ha expresado su confianza en que los interlocutores sociales renueven pronto el Acuerdo para el Empleo y la Negociación colectiva, tal y como se comprometían en el citado acuerdo.

Colaboración con la OIT

La ministra ha anunciado que el Gobierno de España iniciará la tramitación del proceso de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al convenio número 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo forzoso, en cuanto reciba la aprobación de las instituciones comunitarias.

El Protocolo establece que todo Estado miembro debe formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, un plan de acción nacional "a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas".

Entre las medidas a adoptar para prevenir el trabajo forzoso, se impulsará la protección contra posibles abusos y fraudes en el proceso de contratación y colocación y se reforzarán las actuaciones de la Inspección del Trabajo en su lucha contra estas prácticas.

También se incluirán acciones informativas dirigidas a empresarios y personas consideradas especialmente vulnerables para prevenir estas prácticas.

Por otro lado, la ministra ha anunciado que el Gobierno va a colaborar y financiar el desarrollo de un Proyecto de cooperación internacional de apoyo al trabajo decente en países hispanoamericanos, centrado en labores de colaboración técnica, para fortalecer los derechos de los trabajadores, extender y mejorar la protección social y promover el diálogo social.

El objetivo de este Programa, que se desarrollará, en el Centro Internacional de Formación de Turín de la OIT, es mejorar las capacidades de las organizaciones latinoamericanas para abordar la complejidad del concepto, para lo que se contará con la colaboración de la Inspección de Trabajo española.

Políticas activas y reforma de la formación

El Ejecutivo ha impulsado la reforma de las políticas activas de empleo en coordinación con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales. De esta forma, se dispone de un sistema de difusión de buenas prácticas y de un conjunto de indicadores de eficacia en la gestión que condiciona la financiación que reciben las autonomías.

También se ha apostado por el desarrollo de nuevas herramientas para la activación y por la formación como pilar para una recuperación económica sólida.

Empleo joven

La ministra ha recordado que los cambios en la regulación laboral han venido acompañados de iniciativas que han apostado por el empleo joven, por el emprendimiento y por el empleo estable.

Así, la Estrategia española de emprendimiento y empleo joven de febrero de 2013, puesta en marcha gracias a la colaboración de los interlocutores sociales, está ya dando resultados, con casi 180.000 jóvenes beneficiados, lo que ha contribuido a que hoy haya 219.500 jóvenes menos en paro que el primer trimestre de 2012.

La ministra ha recordado que la OIT reconoce como un "avance importante" la puesta en marcha de la Garantía Juvenil este verano, con un nuevo portal en el que ya se han inscrito más de 30.000 jóvenes.

"La clave es la implementación", ha señalado Báñez, quien ha asegurado que confía en que, una vez puesto en marcha el sistema de información que constituye la base de la garantía, los servicios de empleo autonómico colaboren a la mayor celeridad en dar respuesta a las necesidades de los jóvenes gracias a los fondos que el Gobierno y la UE han puesto a su disposición.