Para la aplicación de esta medida, Arrenta reclama la creación de juzgados especiales para la ejecución de los laudos arbitrales en las principales capitales de provincia como sucede con el Juzgado de Primera Instancia 101 en Madrid.

El objetivo de esta medida es conseguir que a través de los procedimientos de arbitraje, estos conflictos se solucionen en una media de entre 45 y 60 días, ya que el miedo al impago del alquiler es uno de los mayores problemas que sufre el mercado de vivienda español.

La asociación considera que las medidas de agilización presentadas durante la pasada legislatura no están ayudando a reducir los tiempos para solucionar estos conflictos. El gerente de Arrenta, Carlos Ruiz, explicó que "se apuesta por dar potestad al árbitro para que, en el momento en el que reciba un expediente de desahucio, pueda pedir al juzgado, como medida cautelar, que marque una fecha para el desalojo del inquilino moroso".

De esta forma, se podría acortar el proceso entre dos y tres meses. "Independientemente del resultado del arbitraje o de si finalmente hay solución amistosa, habría una fecha concreta para el lanzamiento, que podría mantenerse o anularse en caso de que casero e inquilino alcancen un acuerdo", añadió Ruiz.

En esa misma línea, Arrenta apuesta por incrementar la colaboración entre jueces y árbitros mediante reuniones periódicas con el objetivo de avanzar en la reducción de los tiempos para la resolución de conflictos.