El Gobierno introdujo esta estadística en el Plan Estadístico Nacional para el periodo 2013-2016, y puso en marcha un proyecto piloto para valorar su viabilidad a lo largo de 2013.

La nueva estadística comenzará ofreciendo datos correspondientes al primer trimestre de 2014, aunque podría incluir también cifras de 2013, puesto que el INE habitualmente dispone de esta información en cada nueva estadística para poder calcular las variaciones interanuales.

La información que ofrecerá el índice se referirá a ejecuciones hipotecarias de viviendas principales y de segundas residencias, tanto libres como en régimen de protección. En el caso de los desahucios, esta información se referirá exclusivamente a viviendas principales.

Por otro lado, fuentes del INE han precisado que este nuevo indicador no incluirá desahucios de familias en alquiler, puesto que esta información ya se recoge en las estadísticas sobre arrendamientos urbanos.

Según el Gobierno, la estadística que empezará a publicar el INE en junio viene a reflejar la "verdadera realidad" de los desahucios en España.

Hasta la fecha, los datos con los que se cuenta para conocer la evolución de estos lanzamientos son los que provienen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, esta fuente no distingue entre ejecuciones hipotecarias en primeras viviendas, viviendas vacacionales, locales de negocio o naves industriales, lo que plantea dificultades a la hora de abordar la cuestión de los desahucios.

El INE se nutrirá ahora de información procedente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (MJUS) para ofrecer información más detallada.

Coincidiendo con la Ley antidesahucios

La publicación de la nueva estadística de desahucios coincidirá prácticamente con el primer año de vigencia de la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, en marcha desde mayo de 2013.

Esta norma no incorporó finalmente la dación en pago universal y retroactiva que se reclamaba en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que estuvo en su origen junto al proyecto de Ley elaborado por el Gobierno.

En su lugar incluye como medida ‘estrella’ la suspensión durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan unas condiciones de especial vulnerabiliad.

Entre ellos, se señala que los ingresos de los miembros de la unidad familiar no podrán superar la cantidad de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el equivalente a 19.000 euros anuales.