En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Torres-Dulce ha indicado que el Ministerio fiscal ya ha tomado decisiones "de tipo general y particular" en relación a las preferentes.

"Se está interviniendo en procesos penales porque se ha llegado a la conclusión de que habida cuenta de las circunstancias personales de quien contrató preferentes y otros productos bancarios parecidos podría haberse incurrido en un engaño y, por lo tanto, en un delito de estafa", ha afirmado.

El fiscal general del Estado ha señalado que en algunos casos el Ministerio Público entiende que ha existido una negociación "con visos de no mucha transparencia desde el punto de vista de las actuaciones de algunos organismos reguladores pero sin transcendencia penal".

"Tenemos cada vez más procesos penales en marcha sobre los que el Ministerio fiscal va a estar al lado de quien reclame una infracción por razones de estafa", ha apuntado.

Por otra parte, también ha recordado que está abierto el campo de los procesos civiles donde el Ministerio Fiscal interviene en procesos de consumo "para pedir una acción de cesación", un tema que están tratando en Andalucía, Baleares y Galicia.

"Este campo está muy limitado. Mi consejo es que todos aquellos ciudadanos que hayan visto defraudadas sus expectativas mediten con la asistencia letrada si les conviene ir a un proceso civil o a uno penal", ha añadido.

Finalmente, Torres-Dulce ha insistido en que el Ministerio Fiscal considera "todas aquellas posibilidades de procesos penales en los que la capacidad de comprensión del producto financiero por los ciudadanos no podía ser de tal manera o en algún caso excepcional cuando la situación interna de determinada corporación financiera hacía ya inviable ese producto financiero".