El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha informado a Europa Press de que los 22 jueces de Primera Instancia de Sevilla –todos a excepción de los cinco jueces de Familia– se han reunido este jueves en junta y han establecido un acuerdo "de mínimos" hasta tanto en cuanto entre en vigor dicha reforma, para lo que, según ha estimado, podría faltar un mes.

En este sentido, el acuerdo incluye que, en los lanzamientos ya señalados y previa petición de la parte, los jueces "examinarán caso por caso" aquellos procedimientos hipotecarios "en los que se ejecute la vivienda habitual en relación con los consumidores", según ha indicado el juez decano.

De este modo, Francisco Guerrero ha indicado que será cada juez quien, de forma individual, "valore que trámite se sigue" en estos casos concretos.

En la junta, los jueces han analizado tanto el decreto ley de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía como la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictamina que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria.

La Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (Adais) ya hizo público un comunicado de prensa en el que pidió a la junta de jueces que adoptara una serie de medidas "a la vista de lo que otras circunscripciones están acordando" respecto a los procedimientos de ejecución hipotecaria y desahucios por falta de pago.

Así, pide suspender todos los procedimientos hasta que se dicte una nueva legislación hipotecaria de acuerdo a los criterios establecidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como paralizar los procedimientos en el momento concreto en el que se vaya a producir la ejecución del desahucio, o bien habilitar un trámite con un plazo de 20 días hábiles –no incluido en la ley procesal– que permita escuchar a los deudores para que estos expliquen si sus hipotecas incluyen cláusulas abusivas.

Por último, solicita que se incluyan por todos los juzgados y en todas las comunicaciones judiciales iniciales de los procedimientos de ejecución la posibilidad de recurrir a la asistencia jurídica gratuita, lo que les permite obtener el nombramiento de procurador y abogado de oficio para el ejecutado.

Todo ello "posee como finalidad esencial el garantizar el derecho de defensa y evitar que, con la continuación de la tramitación de los procedimientos, se puedan producir perjuicios de imposible o difícil reparación para los ejecutados".