Las asociaciones de jueces y magistrados han calificado de "muy positivo" el dictamen emitido este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que ha declarado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas, y han pedido modificar la legislación y paralizar las ejecuciones hipotecarias para evitar "daños irreparables".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha declarado que su asociación valora "muy positivamente" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha agregado que dicha resolución declara que la legislación española "concede importantes privilegios y ventajas a los bancos frente los ciudadanos" y que les deja en "situación de indefensión al no poder oponerse a las cláusulas abusivas de las entidades bancarias".
Bosch ha explicado que, en su opinión, la sentencia supone un "revés importante para el Gobierno que se había empeñado en mantener esta situación y no había adoptado las medidas correspondientes de protección de los consumidores".
Por esta razón, como portavoz de Jueces para la Democracia, Bosch ha pedido al Gobierno que "se sitúe al lado de los ciudadanos y no siga protegiendo a las entidades financieras" y que adopte una "verdadera reforma legal" del sistema hipotecario, "en lugar de los parches" que, desde su punto vista, "ha llevado a la práctica hasta ahora".
"Creemos que resulta necesaria una nueva legislación procesal que permita que los hipotecados tengan la posibilidad de defenderse legítimamente, como señala la sentencia de la jurisdicción europea, y al mismo tiempo también creemos que se requiere la adopción de medidas de protección para que no se sigan produciendo desalojos que afecten al derecho fundamental a la vivienda", ha remachado.
Así, desde JpD se reclama una "legislación integral de sobreendeudamiento familiar y la regulación legal de la dación en pago". "Resulta de cierta gravedad que en estos últimos años se hayan estado ejecutando decenas de miles de procedimientos hipotecarios con importantes dramas familiares y que ello se haya llevado a cabo con una legislación que se ha declarado contraria a Derecho, sin que el Gobierno o el Poder Legislativo hayan tomado medidas para impedir esta situación anómala", ha denunciado Bosch.
Supone una "clara inflexión"
Por su parte, el portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, ha hecho una valoración "positiva" de la sentencia emitida por el tribunal europeo y ha señalado una vez más que supone una "clara inflexión" en el Derecho español en lo que se refiere a la Ley Hipotecaria y de Ley de Enjuiciamiento Civil.
"Hasta que se modifique la ley interna una recomendación que ya hicimos en noviembre es que se deberían paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria para evitar que se generen daños irreparables, que es lo que viene a decir la sentencia del Tribunal de Justicia", ha apuntado Dolado.
En este sentido, el portavoz de FJI ha insistido en que "no basta con acudir a un procedimiento para una mera indemnización, sino que lo que hay que evitar es el lanzamiento de las personas sin que los jueces españoles hayan podido analizar si el préstamo hipotecario tiene cláusulas abusivas".
Dolado confía en que, "igual que el Gobierno ha hecho muchos reales decreto leyes, en estos momentos haga un real decreto ley para adaptar la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil a lo que indica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
"Sin duda" un paso adelante
Por último, el miembro de la junta directiva de la asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y juez decano de Cáceres, Joaquín González Casso, ha afirmado que la sentencia es "sin duda" un paso adelante para frenar los desahucios que se venían ejecutando.
"En la última reunión de jueces decanos que tuvimos en Barcelona ya denunciamos la situación que se estaba produciendo", ha recordado González Casso, al tiempo que ha dicho que "probablemente" cambiar la Ley Hipotecaria será suficiente para que España se adapte a los parámetros exigidos por Europa. "Pero hay que modificarlo claro", ha enfatizado.
Para González Casso, el fallo del tribunal europeo era "previsible", puesto que "desde hace ya varios años el Tribunal Europeo de Justicia ha insistido mucho en todas aquellas directivas que hacen referencia a las cláusulas abusivas, que por ello son nulas de peno derecho porque perjudican a los consumidores y usuarios".
En esta línea, ha concretado que "ya hubo una cuestión prejudicial que se planteó desde un tribunal catalán y que", según ha precisado, dio lugar a una sentencia dictada por el tribunal europeo "en junio del año pasado".
"Ha habido una cuestión prejudicial posterior que ha dado lugar a otra sentencia del mismo tribunal a finales del año 2012 y, finalmente, lo que ha pasado ahora con el tema de las ejecuciones hipotecarias es algo similar a la línea que estaba diciendo el Tribunal Europeo de Justicia en las dos sentencias anteriores, es decir, que puede haber unas serie de cláusulas que son nulas por abusivas", ha detallado.
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