Según han indicado a Europa Press en fuentes parlamentarias, los nacionalistas vascos, que comparten posición en este punto con ERC y BNG consideran la "redacción difusa" de la norma, que ya contemplaba que la prioridad de los convenios empresarios sobre los provinciales, permite que en caso de conflicto, las condiciones pactadas a nivel nacional se supediten a las regionales.

"Por eso no vamos a pasar", aseguran y exigen un compromiso previo del Gobierno para que este extremo se corrija en la tramitación parlamentario del decreto, vía enmiendas a cambio de un posible apoyo.

Hasta ahora, los socialistas daban por hecho que podrían salvar la norma en Pleno jugando con la abstención del PNV, Coalición Canaria y UPN, y buscaban sumar a esta posición a CiU, pese a que su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran i Lleida, la rechazó desde el primer momento por decantarse, a su entender, hacia las tesis de los sindicatos en lugar de las de la patronal.

El PP no piensa anticipar su voto hasta la próxima semana pero tanto el PSOE como las formaciones nacionalistas cuentan con que el PP acabe absteniéndose, tal y como hizo hace un año con la reforma laboral.

EL GOBIERNO NO LOS VE RELEVANTES

Sin embargo, el ultimátum del PNV complica las negociaciones que el Grupo Socialista ha mantenido en los últimos días y hace que el resto de grupos nacionalistas que aún no han definido su posición se decanten por un ‘castigo’ al Ejecutivo por no respetar una de sus mayores aspiraciones en la reforma de los convenios.

De hecho, la memoria económica que el Gobierno ha entregado al Congreso junto al decreto, y a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que los 88 convenios autonómicos suscritos en España no se consideran representativos para evaluar un impacto de la reforma, "dado su escaso volumen en la actualidad", que sólo alcanza al 5,8% de las empresas y el 8,4% de los trabajadores.

MODERACIÓN SALARIAL

La norma destaca que los convenios de empresa, que presentan una mayor moderación salarial frente a los sectoriales, lo cual no implica –según el Gobierno– que los trabajadores tengan salarios inferiores, sino que se permite la negociación de otros conceptos como la retribución variable, más vincula a los ciclos económicos y los resultados de la empresas.

Asimismo, destaca que con carácter general los mayores incrementos salariales corresponden a los convenios provinciales, mientras que los estatales se han situado mayoritariamente por debajo. Los datos de los convenios autonómicos no se consideran representativos "dado su escaso volumen en la actualidad".