La Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio de Fomento, presenta pérdidas por valor de 45 millones de euros acumulados durante los años que ha estado en funcionamiento, desde su creación en 2005 en la etapa de María Antonia Trujillo al frente del Ministerio de Vivienda.

Según los datos de Fomento presentados en el Congreso por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, en estos años la SPA ha intermediado en poco más de 4.500 contratos de arrendamiento y ha acumulado "más de 45 millones de pérdidas", por lo que "el impacto en el gasto público no se justifica por el resultado".

Fomento está procediendo a la extinción de esta sociedad ya que su balance final se ha "acreditado bastante deficiente". La disolución se está realizando de forma "ordenada", tanto en materia de personal –se está negociando un ERE con los sindicatos– como en relación con los contratos intermediados.

"Habrá una subrogación, ya veremos si con el Ayuntamiento de Madrid o con las comunidades autónomas, pero dando garantías en todo caso a los propietarios y los inquilinos", ha avanzado.

Ayudas al alquiler

En su opinión, el mercado del alquiler no debe estar intervenido por la Administración General del Estado, que "debe dedicarse a promover reformas legislativas" que dinamicen este sector y, en este sentido, el Ministerio defiende su proyecto de ley de Fomento del Alquiler, que tiene como objetivo "pasar de un mercado residual que apenas representa el 17%" a tasas "comparables" con las de otros países europeos.

"Queremos un marco normativo que genere confianza y agilice (el mercado del alquiler) para que sea una realidad y ni propietarios ni inquilinos se encuentren desprotegidos o se llegue a un parque de alquiler muy insuficiente", ha dicho, avanzando que la norma podría llegar al Congreso en septiembre.

En cualquier caso, y en lo relativo a las ayudas al inquilino o para el alquiler, Fomento garantiza que "quienes han generado un derecho lo seguirán manteniendo", aunque no se concederán a nuevos beneficiarios.

Esto es así porque el Gobierno es "crítico" con el gasto que este tipo de iniciativas han supuesto. "Hemos encontrado que algunas actuaciones, que pueden tener mucho sentido, han generado un gasto por encima de las previsiones", ha dicho, poniendo como ejemplo que las 68.199 subvenciones concedidas a inquilinos generaron un gasto un 23% superior del dotado inicialmente.

"Hay problemas de control del gasto público, lo que indica que son necesarios planteamientos de sostenibilidad, ver qué políticas facilitan el acceso a la vivienda pero dentro de las capacidades financieras de las administraciones públicas", ha insistido.

Ley de Rehabilitación y Suelo

Finalmente, el secretario de Estado se ha referido a la Ley de Rehabilitación y Suelo en la que trabaja el Ministerio, en la que se quieren incluir "soluciones" a los problemas planteados a algunos ciudadanos por los últimos cambios normativos.

En este sentido, se analizarán las circunstancias de algunos propietarios "de buena fe" que adquirieron su vivienda con todas las bendiciones legales y un buen día se encuentran con que por sentencia judicial son ilegales y las van a demoler". Por ello, Fomento critica a quienes hablan de "amnistía urbanística" porque "hacen un flaco favor a encontrar soluciones" a estos problemas.

Además, ha defendido que las medidas de fomento de la rehabilitación que planea el Gobierno permitirán "enfocar más los recursos públicos" a estas actuaciones en lugar de seguir construyendo vivienda nueva, algo que "no es razonable" cuando existen más de 700.000 pisos vacíos y sin vender en el país.