Durante su intervención en el pleno de control al Gobierno, a instancia del parlamentario de EB, Mikel Arana, Arriola ha admitido un aumento de las actuaciones judiciales de desahucio "motivadas por procesos de ejecución hipotecaria" en Euskadi, cuyo origen, en muchos casos, "se remonta a la época de bonanza" en la que el mercado hipotecario fue "muy eficiente, facilitando una financiación abundante y en excelentes condiciones de coste y plazo".

Según el consejero, como consecuencia de la crisis, se producen, en la actualidad, "situaciones dramáticas en las que personas y familias, sobreendeudadas, pierden sus hogares".

Arriola ha recordado que la actual Ley Hipotecaria española prevé la posibilidad de contratar hipotecas bajo la modalidad de responsabilidad limitada, cancelándolas "con la entrega de la vivienda" aunque ello "podría incrementar el riesgo del denominado fenómeno de la insolvencia estratégica", afectando a las condiciones financiación, "mucho más cara y restringida que en el régimen actual de responsabilidad ilimitada".

No obstante, Arriola ha defendido la posibilidad de que se desarrolle la responsabilidad limitada en el mercado hipotecario, "de tal manera que los consumidores pudieran elegir entre ambos modelos y asumir sus ventajas e inconvenientes con libre e informada decisión".

Arriola ha agregado que, al margen de las actuaciones futuras, el Ejecutivo vasco no puede quedarse "de brazos cruzados ante un problema de primer orden para la ciudadanía", porque "las medidas que se vienen adoptando hasta el momento, como la prolongación del plazo de las hipotecas o la ampliación de las posibilidades de rescate de los fondos de pensiones por citar algunas, no están siendo todo lo efectivas que sería deseable".

El responsable vasco de Vivienda ha recordado diversas actuaciones de su Departamento, como la orden 4 de noviembre de 2009 que da preferencia de acceso a Bizigune a quienes pierden la vivienda por ejecución hipotecaria, como consecuencia de la extinción de su contrato de trabajo o la modificación del decreto de Colaboración Financiera para facilitar la concesión de los créditos hipotecarios, estableciendo la garantía de recompra por parte del Gobierno vasco de las viviendas de VPO, en caso de morosidad sobrevenida como consecuencia del desempleo".

También ha indicado que el gabinete López ha encargado a la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración Financiera el análisis de la dación en pago, si bien el adelanto de las elecciones "ha impedido que esta Subcomisión concluyera su trabajo, quedando pendiente este asunto para la próxima legislatura".

Arriola ha asegurado que, al margen de este asunto, el Gobierno vasco cree necesario "plantear propuestas que repercutan directamente en las personas afectadas, con el objetivo de intentar, en la medida de lo posible, evitar la pérdida por desahucio de la vivienda habitual, como consecuencia de la ejecución hipotecaria".

En este sentido, ha dicho que, antes de llegar a la ejecución hipotecaria, "hoy en día también se vienen produciendo acuerdos entre las entidades financieras y los deudores hipotecarios con dificultades para hacer frente a sus obligaciones de pago", mediante una renegociación directa de las condiciones del crédito hipotecario.

En caso de que ésta fracase, el Ejecutivo ve necesario "establecer un sistema que permita una intervención, que, en última instancia, trate de evitar la ejecución hipotecaria". "En este sentido, el plan en el que estamos trabajando afecta a los Departamentos de Vivienda y de Justicia, y pretende hacer frente a esta situación mediante un sistema de mediación entre las partes afectadas, basado en un plan de liquidación ordenado de la deuda hipotecaria", ha explicado.

Según ha precisado, tras realizar el inventario de activo y del pasivo del deudor y comprobar que éste se encuentra en situación de sobreendeudamiento, el servicio de mediación "elaboraría un plan de pagos adaptado a las posibilidades reales de la persona, y lo propondría a la entidad financiera y al deudor hipotecario, como fórmula de renegociación de las condiciones del crédito hipotecario".

"Este proceso debe ser una intervención previa al proceso judicial, sin perjuicio, por supuesto, de que el acuerdo que se alcance pueda ser objeto de homologación jurisdiccional, ya que desde el Gobierno creemos firmemente que este plan de pago de la deuda hipotecaria tiene como objeto el conjugar el interés de las dos partes afectadas: el de las entidades financieras, porque no tendrán que instar el procedimiento judicial de ejecución y, el de los deudores, por razones evidentes", ha dicho.

PLAN

Arriola ha afirmado que el Gobierno ha constituido un grupo de trabajo integrado por los Departamentos de Vivienda y Justicia, para concretar el servicio de mediación y trabaja ahora "en definir los compromisos y cometidos concretos, el procedimiento para acceder a este servicio, las necesidades, en su caso, de recursos humanos, la posibilidad de desarrollar las potencialidades que ofrece el Servicio de Cooperación con la Justicia, etc".

Además, según ha dicho, analiza "experiencias en este sentido por parte de otras comunidades autónomas", entre ellas, la de Cataluña con el servicio OFIDEUTE. Una vez concretados los "puntos" el Gobierno vasco contactará con las entidades financieras "para ofrecerles el servicio de mediación, como instrumento que permita evitar las ejecuciones hipotecarias".

"Cumplidos estos pasos, es necesario regular mediante una orden, el servicio de mediación, determinando, entre otras cosas, el procedimiento de acceso al mismo", ha puntualizado.

Una vez concluidos estos trámites, el Gobierno López pondría en marcha el servicio de mediación, y "abriría la posibilidad de que los ciudadanos afectados puedan solicitar este servicio" que busca evitar el deshaucio o limitar el número de casos.

Arriola no ha concretado los plazos en que podría estar operativo el futuro servicio de mediación. "Necesitamos un tiempo apara concretar con solvencia y hablar con las entidades financieras. Nuestro objetivo es ser los más diligentes posibles, pero garantizando la seguridad jurídica y solvencia", ha señalado.

ARANA

Tras las explicaciones del titular de Vivienda, el parlamentario Mikel Arana ha criticado que el proyecto del Gobierno se limite a "una oficina que recalcula la forma del abono del crédito" e "intenta llegar a un acuerdo con los bancos".

"Da la sensación de que, cuando hay que defender o rescatar a entidades crediticias, financieras, ahí se legisla, se regula, se decide con el dinero de todos. Cuando se va al microproblema, el de la familia, la responsabilidad se la trasladamos a la familia. No dividimos las responsabilidades entre los dos", ha censurado.

A juicio de Arana, mientras los bancos son "intocables" para el sistema, a las familias se les emplaza a ver "en qué pufos se metieron". No obstante, ha admitido que "si se pone en marcha este servicio" será "mejor que nada".