Así aparece en el borrador del Real Decreto que regulará el que se ha denominado Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016, al que ha tenido acceso Europa Press.

Según explica Fomento, el plan contempla ayudas estatales para organismos y empresas públicas, sociedades mercantiles partícipes íntegra o mayoritariamente por las administraciones públicas u organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas sin ánimo de lucro que promuevan viviendas para destinarlas a este uso durante al menos 30 años.

Las ayudas ascenderán a un máximo de 18.000 euros por vivienda y no podrá superar el 20% del coste final de la edificación, con independencia de la co-financiación que puedan aportar otras administraciones públicas.

Ahora bien, estas viviendas habrán de destinarse a inquilinos con ingresos no superiores a tres veces el Iprem, es decir, unos 1.600 euros mensuales, para su uso entre uno y dos años, con lo que se trata de un parque de viviendas en rotación. Además, estas viviendas protegidas habrán de ser edificadas en suelos cedidos por los ayuntamientos y tendrán una superficie no superior a los 90 metros cuadrados.

Así, en tanto que el precio del alquiler será "proporcionado" a la superficie de la vivienda, sin que pueda superar los 4,5 euros por metro cuadrado de superficie útil al mes, la renta no superará en ningún caso los 400 euros mensuales.

El 25% de los pisos, para usuarios de servicios sociales

Por otro lado, el documento que maneja Fomento prevé que el 25% de la oferta de estas viviendas sociales se reserve a familias que estén siendo atendidas por los servicios sociales de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, o por ONGs o entidades privadas sin ánimo de lucro, que por su menor nivel de renta no puedan beneficiarse de otras ayudas al alquiler que contempla el Plan.

Para evitar un mal uso de este programa de ayudas, el borrador prevé la transferencia de las ayudas a los promotores de estas viviendas en dos plazos. El primero, en el que se aportará el 60% de la ayuda, una vez aportada la licencia municipal de obra, la calificación provisional como vivienda protegida para alquiler social y el certificado de inicio de obra.

El segundo plazo, por importe del 40% de la subvención, se dotará cuando conste el certificado de final de obra y la calificación definitiva como vivienda protegida para alquiler social.

Además, entre ambas entregas no podrá mediar un plazo superior a 24 meses, salvo que se trate de promociones de más de 80 viviendas, en cuyo caso el plazo se podrá extender a 30 meses. En el caso de no cumplirse este plazo, el beneficiario de la ayuda tendría que reintegrar la primera parte de la subvención que le fue abonada.