Según ha informado la Asociación de Consumidores de Baleares (Acuib) en un comunicado, la titular del Juzgado de primera Instancia 6 de Palma, María Isabel del Valle García ha acordado, en una sentencia del pasado 15 de marzo, la suspensión la ejecución hipotecaria y el consumidor afectado podrá permanecer en su vivienda hasta que un proceso ilegal como el de ejecución hipotecaria se rectifique.

De esta forma, indica Acuib, se demuestra la importancia de la sentencia "a pesar de los esfuerzos de diluir su impacto por los mismos expertos que han defendido la seguridad jurídica para rechazar la dación en pago".

"Lo cierto es que la seguridad jurídica de decenas de miles de consumidores que han sido ejecutados ha sido vulnerada durante más de 20 años gracias a que nuestros gobernantes se han decantado de manera absolutamente ominosa por favorecer los intereses de las entidades financieras", indica la entidad.