El Gobierno de Cantabria regulará por ley las viviendas de protección oficial para cubrir el vacío legal que se produce al desaparecer del nuevo Plan Nacional de Vivienda la VPO para venta. Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero del ramo, Francisco Rodríguez Argüeso, quien ha ofrecido consenso a los grupos de la oposición y también ha destacado su intención de impulsar la inspección de viviendas con protección.
Según ha dicho, al menos el 12,5% de las VPO en las que se incoan expedientes se ponen a la venta y el 7% se ponen en alquiler. El consejero ha anunciado que este año 2013 se pondrá en marcha un plan de inspección de VPO para evitar estas prácticas y, por primera vez, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para que "todo el mundo sepa los criterios de inspección".
Rodríguez Argüeso ha hecho estas afirmaciones con motivo de una interpelación del PRC sobre los criterios del Gobierno en materia de vivienda protegida, una política en la que a juicio del exconsejero del ramo, el regionalista José María Mazón, "hay un silencio total y un vacío".
El consejero le respondió con críticas a la gestión del Gobierno anterior, al que acusó de construir sin estudiar primero la demanda, lo que está dificultando la venta de VPO pese a la rebaja general de precios del 10% aprobada por la empresa pública Gesvican en 2012. Asimismo, destacó que el Gobierno está invirtiendo un importante volumen de recursos para finalizar las VPO que encontró en construcción.
Rodríguez Argüeso destacó la necesidad de reestructurar la política de vivienda, de acuerdo a tres criterios: abrir nuevos horizontes a la construcción mediante el fomento de la rehabilitación; colocar en el mercado las viviendas vacías a precio asequible; y fomentar el alquiler a precios razonables.
Y sobre la vivienda protegida, destacó que a Cantabria se le plantea una "problemática de envergadura" al desaparecer del Plan Nacional la VPO para venta, porque no existe una regulación sobre esta materia y, sin embargo, la Ley del Suelo, obliga a reservar un porcentaje para VPO en cada promoción.
El consejero responsabilizó al PRC, partido que ha gestionado la política de vivienda durante los últimos 16 años (ocho en coalición con el PP y otro ocho con el PSOE), de que Cantabria sea "la única comunidad autónoma que no tiene una ley" de VPO, porque "siempre ha llevado su política en función del decreto nacional".
Subcontratas
Además, en el Pleno, Rodríguez Argüeso ha explicado, a preguntas del PRC, que los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria "están trabajando" en el informe que analiza la viabilidad legal de incorporar en los contratos de obras o servicios entre el Ejecutivo regional y las contratas una condición que garantice el cumplimiento por parte de estos últimos de sus obligaciones legales de pago con los subcontratistas.
El consejero ha señalado que ya existe cumplimiento un "primer informe" y confía en tenerlo concluido en mayo, cuando expira el plazo dado por el Parlamento de Cantabria al Gobierno regional para su elaboración.
Aunque el informe no está acabado, el consejero ha adelantado que no podrá haber una ley autonómica para obligar a las contratas que realizan obras o servicios para el Ejecutivo regional a que paguen en un plazo de treinta días a sus subcontratas, tal y como fija la Ley de Contratos con la Administración, hasta que no se apruebe, al menos, una directiva europea.
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