Así lo ha recordado la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, en la Comisión de Fomento del Congreso, al ser preguntada por el problema de los pisos vacíos por parte del portavoz adjunto de UPyD en la Cámara Baja, Carlos Martínez Gorriarán.

Librero ha defendido que "las viviendas que han recibido algún tipo de ayuda o beneficio públicos no deben permanecer desocupadas, sino que deben ser habitadas, cumpliendo así la función para la que han sido construidas", si bien ha recordado que la competencia en esta materia recae en las comunidades autónomas –y parcialmente en algunos ayuntamientos–, por lo que cualquier solución ha de pasar necesariamente por un "respeto escrupuloso" a esas competencias y por la colaboración entre administraciones.

En este sentido, ha recordado que una de las principales medidas aprobadas por el Ejecutivo ‘popular’ fue el real decreto del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, aprobado el pasado mes de abril.

En dicho documento se introducía una modificación normativa para que, con carácter "excepcional", las administraciones públicas puedan acordar la "descalificación de las viviendas de protección oficial, devolviendo las ayudas públicas que en su caso se hubieran recibido y, sobre todo, para posibilitar la recalificación de viviendas protegidas para venta en viviendas protegidas para alquiler, de forma que viviendas de protección oficial que estaban destinadas a la venta puedan destinarse al alquiler".

"De esta forma, las viviendas de protección oficial vacías que no encuentran comprador podrán destinarse al alquiler y beneficiarse así del empuje creciente de este mercado. Un empuje que se debe, en buena medida, a los principios de flexibilización y fomento del mercado de alquiler y que se va a ver aún más apoyado con la inminente entrada en vigor de la ayudas estatales contempladas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016", ha apostillado Librero.

Falta información estadística

No obstante, la secretaria general ha reconocido que, "por increíble que parezca", no existe en estos momentos "ningún instrumento" informático para poder consultar información sobre todas las viviendas que en los últimos años han recibido ayudas públicas ni para poder hacer un seguimiento de su estado y su ocupación. "Sin información fiable sobre lo que realmente está ocurriendo, difícilmente puede desarrollarse ninguna política eficaz", ha señalado.

Por eso, el Ministerio de Fomento está trabajando en una base de datos agregada con información de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otras fuentes, y pretende constituir un Registro General Estatal de Viviendas de Protección Oficial con toda la información, desagregada según tipologías de viviendas de protección oficial, el promotor, si ha estado incluida en una autopromoción cooperativa, si estaban destinadas al alquiler o a la venta, si han sido ocupadas alguna vez y las causas por las que están vacías.

Para lograr estos objetivos, el Gobierno también está teniendo "muy en cuenta" los estudios e informes redactados por otras instituciones como el Defensor del Pueblo o la ponencia de la Comisión Especial del Senado para el estudio de las nuevas formas de exclusión social como consecuencia del fuerte incremento del desempleo.

"En cualquier caso, desde el Ministerio y dentro del Observatorio de la Vivienda y el Suelo, éste es uno de los temas de seguimiento en los que participan expertos y al que asisten también técnicos de comunidades autónomas. De acuerdo con la política que en materia de Vivienda se está impulsando con carácter general desde el Gobierno, pensamos que la principal vía de salida de estas viviendas desocupada ha de ser la de su entrada en el mercado de alquiler", ha concluido Librero.