A falta de que se inicien las conversaciones sobre el proyecto de ley antidesahucios derivado del decreto de urgencia que aprobó el Gobierno para establecer una moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias, los socialistas han plasmado en forma de proposición de ley sus ideas sobre cómo atajar este drama social, que se debatirán el martes en la Cámara baja.

Así, proponen elevar el umbral de rentas a partir del cual los ciudadanos pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas, que prevé la posibilidad de renegociar las deudas hipotecarias o emplear la dación en pago, así como modificar los baremos de precios de las viviendas, con el objetivo de que "un mayor número de familias puedan acogerse".

En la misma línea, sugieren obligar a las entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a ofrecer la posibilidad de aplicar esas medidas, así como a iniciar negociaciones con el deudor y a adherirse al convenio notarial.

Además, se modifica el anexo de la actual ley para que los deudores que lo soliciten en el momento de la dación en pago puedan quedarse en su vivienda durante un plazo máximo de dos años como arrendatarios, "satisfaciendo una renta anual del 2% del importe total de la deuda (viva) y con el límite máximo de un tercio de los ingresos familiares".

Sobreendeudamiento

El PSOE también cambia el concepto de sobreendeudamiento para considerar que hay insolvencia actual o inminente en los casos de deudores de buena fe que, "por causas sobrevenidas de carácter objetivo, tenga que destinar al pago de sus deudas no profesionales más del 50% de los ingresos netos" de la unidad familiar.

Por otra parte, se propone rebajar "aún más", hasta dos años, el tiempo con el que cuentan los ciudadanos para que, consignando las cantidades vencidas por el principal e intereses, puedan liberar sus viviendas de los procedimientos de subasta. También se estipula que en los procedimientos de ejecución hipotecaria "la cantidad reclamada no podrá ser incrementada más que por las costas, y éstas no podrán ser superiores a las fijadas en la escritura y, en ningún caso, al 2% de lo reclamado", para evitar un "coste excesivo".

Para mejorar el amparo de los ciudadanos, los socialistas proponen que puedan contar con el asesoramiento de una asociación de consumidores antes del procedimiento extrajudicial y también durante todo el proceso de elaboración de un plan de saneamiento económico para reestructurar la deuda. Asimismo, se incorpora un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios a la comisión de seguimiento del Código de Buenas Prácticas, en el que actualmente sólo está representado el sector bancario (además de las instituciones).

Limitar las hipotecas

Finalmente, en la proposición de ley se propone imponer límites a la duración de las hipotecas –30 años–, a su importe –80% del valor de la vivienda– y a la variabilidad de los tipos de interés –5 puntos–.

Además, se busca evitar llegar a la dación en pago como forma de saldar la deuda hipotecaria, haciendo que los ciudadanos que puedan beneficiarse de fórmulas similares a las que tienen los empresarios para renegociar sus deudas, como el concurso de acreedores, lo que en otros países se llama una "segunda oportunidad".

Ley del alquiler

Por otra parte, el Congreso debatirá el jueves las tres enmiendas de totalidad presentadas por el PSOE, la Izquierda Plural y el BNG contra del proyecto de ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, alegando que "desprotege" a los inquilinos y beneficia la especulación en el sector inmobiliario.

Según la enmienda socialista, la reforma "rompe" con la función de amparo y defensa que debe tener la ley para beneficiar a los arrendadores, además de "privar de la necesaria estabilidad" a los contratos con la reducción de su duración. Asimismo reduce la capacidad negociadora de los inquilinos y encarece los costes que deben soportar, "desincentivando la demanda".

Por su parte, la Izquierda Plural afirma que el proyecto "favorece única y exclusivamente los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales", además de "fomentar aún más la precarización del alquiler" al consagrar el ‘desahucio exprés’.

Entre los argumentos para su rechazo a la norma, IU-ICV-CHA cita también que se convierte el alquiler en una opción "meramente temporal, incomparable con la seguridad" que garantiza la compra; y "acentúa la debilidad del inquilino al conceder carácter prioritario a la voluntad de las partes". Así, a su juicio la norma "genera dudas sobre su constitucionalidad" y supone un "grave retroceso que no conseguirá fomentar el mercado del alquiler,

En el mismo sentido, la enmienda del BNG acusa al Gobierno de plantear una "reforma parcial que se centra en debilitar la posición de los inquilinos y en estimular fiscalmente a las empresas de inversión inmobiliaria", y de provocar la "práctica desaparición de las garantías judiciales de los arrendatarios bajo el pretexto de facilitar el desahucio".