Así se desprende de una enmienda transaccional entre PSOE y CiU, a la que ha tenido acceso Europa Press, que dictamina igualmente que, con este objetivo, el Gobierno deberá desarrollar, en un plazo máximo de tres años, una legislación específica que lo posibilite y fije su entrada en vigor. Esta propuesta parte de una enmienda presentada por CiU, finalmente pactada por el PSOE y respaldada por el resto de grupos. El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en el Congreso, Jordi Jané, se ha congratulado de que la competencia judicial relativa a la asistencia y protección social pública se atribuya a la Jurisdicción social.

Según ha explicado, de esta manera se acelerará la resolución de las demandas presentadas por las dificultades o demoras que sufren las solicitudes de estas ayudas, derivados de los problemas surgidos en la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad de las personas que requieren esta prestación.

El parlamentario de CiU entiende igualmente que la jurisdicción social es la sede adecuada para tramitar estos litigios porque es "más ágil, más próxima y de más fácil acceso" que la jurisdicción contencioso administrativa, además de más económica".

CAMBIOS MUY IMPORTANTES

Desde el PSOE, se destaca que este nuevo texto recoge enfoques y cambios "muy importantes" desde la perspectiva de la mejor defensa de los derechos de los trabajadores frente a los empresarios, y su defensa también ante los servicios públicos que gestionan las prestaciones a que tienen derecho, sea la Seguridad Social, el INEM, o cualquier otro.

El ponente del PSOE, Manuel de la Rocha ha asegurado que la norma aspira a "ofrecer una mayor y mejor protección a los trabajadores y beneficiarios de prestaciones sociales públicas agilizando los procesos, equilibrando la protección y tutela de los distintos intereses en conflicto y protegiendo mejor a los trabajadores frente a los accidentes laborales".

Es más, considera que el proyecto de ley mejora la legislación actual y tiene como objetivo que el Juez de lo Social sea de verdad el juez natural de los conflictos individuales y colectivos que surgen como consecuencia de las relaciones laborales, así como de la protección social pública.

En concreto, indica que se trata de impulsar un procedimiento ágil y rápido que resuelva en corto espacio de tiempo cuestiones que afectan a la subsistencia del trabajador y su familia, y también a la seguridad y competitividad de las empresas.

Para ello concentra en el orden social el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por esencial conexión, puedan calificarse como "sociales".