En respuesta a una interpelación de la senadora de la Entesa Iolanda Pineda, el titular de Economía ha dicho que el beneficiario del fondo social deberá formalizar un contrato de arrendamiento, que exigirá un pago mensual de entre 150 a 400 euros, con un límite máximo del 30% de la renta familiar neta de la unidad y tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por uno más, salvo que la familia desee cumplir alguno de los criterios marcados.

De Guindos ha dicho que este fondo social está dirigido a aquellas personas de "especial vulnerabilidad", al tiempo que ha adelantado que este convenio entre bancos y administraciones públicas cuenta con el respaldo de "la gran mayoría de las autoridades de crédito", que cederán 6.000 viviendas.

El ministro ha explicado que los inmuebles incorporados al parqué de viviendas sociales deberán ser propiedad de las entidades de crédito, no podrán haber sido transferidas al ‘banco malo’, tendrán un valor inferior a 150.000 euros en el momento de la compra y estarán en condiciones "adecuadas de habitabilidad".

Las entidades financieras que se adhieren al convenio deberán informar a través de sus propios medios de los inmuebles a los que pueden acceder los potenciales beneficiarios. Además deberán trasladar información a las partes integradas en el contrato y a la comisión de seguimiento y coordinación del mismo.

De otro lado, el ministro de Economía ha señalado que se pondrá en marcha una comisión de seguimiento y valoración en cuanto al cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los bancos que se reunirá cada tres meses y que contará con la participación del Ministerio de Economía, Sanidad, Fomento, Banco de España, de la Federación española de municipios y provincias y de las entidades financieras adheridas.

La comisión será informada de las medidas, resultados e incidencias que se den en los acuerdos previamente pactados en el convenio, al tiempo que en los bancos estarán obligados a acreditar el cumplimiento de lo señalado sobre el convenio del fondo social de viviendas destinado a desahuciados después de enero de 2008.

En esta comisión tendrán también cabida organizaciones sociales no gubernamentales así como entes de carácter local agregadas al convenio que seleccionarán a las familias con derecho a adquirirse al fondo social y facilitarán a estos un asesoramiento para solicitar la vivienda. "No somos ajenos al clamor popular", ha sentenciado.

Para finalizar, el ministro de Economía ha dicho que el Gobierno "está dispuesto" a tomar medidas adicionales dado que "hay que actuar" ante este contexto. Sin embargo, ha puntualizado que el Ejecutivo "ha tomado medidas".

De su lado, la senadora de la Entesa ha dicho que la mercantilización de la vivienda "ha sido un gran fracaso porque pone en peligro a personas y familias" por lo que ha considerado que se requieren cambios legislativos en cuanto a los desahucios, que según ha calificado es "una emergencia nacional".