Según aseguró ante los medios de comunicación en el despacho de su abogado de oficio, Manuel López, la mujer dijo sentirse "vilipendiada" y "humillada" y anunció que presentaría recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y es que, según una sentencia aportada por su abogado, se resolvió que no cabía la petición de nulidad de actuaciones que formuló contra todo el proceso.

Según su relato, sus cuentas habían sido embargadas en 2010 por Hacienda, pero numerosas notificaciones llegaban a su domicilio, desde el "impuesto de vehículos" hasta "multas de tráfico". Por este motivo, aseguró que no entendía por qué el banco no le comunicó con una carta certificada que se iba a proceder a la ejecución presupuestaria.

"Se trata de una ejecución hipotecaria en la que yo soy consciente de que estoy sin casa en el mes de febrero -de este año 2011- cuando la casa se ha embargado, subastado y vendido en el mes de octubre -de 2010-, y me entero en febrero porque la inquilina me llama para decirme que no puede ingresar en la cuenta, como todos los meses, porque la cuenta está cancelada", aseguró Begona C.V.

Tras llamar a Atención al Cliente del banco correspondiente, afirmó que le informaron de que el piso "ya no era suyo desde octubre". Por este motivo, solicitó una "nulidad de actuaciones", porque aseguró que "no se le había notificado, de ninguna forma ni manera, ni a través del banco ni del Juzgado". "No hubo ningún tipo de notificación", aseveró.

En el auto judicial, sin embargo, se hace referencia a un correo electrónico, de mayo de 2010, en el que figura el apellido de la mujer, y en el que se interesaba por el saldo pendiente de la deuda, comunicando que había sido judicialmente reclamada. Begoña C.V. admitió además que había impagos en la cuenta de la hipoteca.