Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha declarado nulo el despido de la investigadora –que además estaba embarazada– y ha condenado a la entidad a la "inmediata readmisión de la trabajadora, con abono de los salarios dejados de percibir".

No obstante, la trabajadora fue readmitida y vuelta a despedir, después de darle su correcta indemnización, al considerar el centro que la sentencia le obligaba a volver a realizar el cálculo de su indemnización.

La investigadora trabajaba en la UAB desde abril de 2001 –cuando empezó con un contrato por obra y servicio–, y en abril de 2011 recibió un burofax de la UAB donde se le notificaba su despido, en el que se alegaba la finalización del contrato entre la UAB y la ACA.

El juez ha señalado que hay un error en la indemnización, que alcanzó los 13.847 euros –20 días por año–, y que la universidad calculó en base a su jornada reducida en lugar de calcularla según su jornada completa y con periodos de antigüedad incorrectos, lo que según el juez sumaría una indemnización de 16.578,63 euros.

En declaraciones a Europa Press, el gerente de la UAB, Santiago Guerrero, ha defendido que la investigadora formaba parte de un proyecto financiado por la ACA, por lo que no formaba parte del capítulo uno –de personal–, sino del seis –que contempla otras vías de financiación–.

Al finalizar la subvención de la ACA para este proyecto, la universidad se vio obligada a suspender el contrato de esta investigadora, ha esgrimido Guerrero, quien ha señalado que se trata de una situación habitual –la dependencia de convenios– y que unos 600 investigadores de la UAB dependen de estas subvenciones.

Cuando el proyecto se terminó, la UAB consiguió recolocar a uno de los tres empleados afectados, mientras que otras dos personas fueron despedidas –una de ellas la denunciante–.

Ahora la UAB entiende que el despido es nulo por el error de cálculo en la indemnización: "La hemos reincorporado y hemos procedido a su despido con la indemnización correspondiente", ha explicado Guerrero.

Además, ha augurado que aunque la investigadora vuelva a tomar acciones legales, el juez dará la razón a la universidad porque en la sentencia no ha entrado en el fondo de la cuestión, que es la rescisión de contrato por el fin de la subvención.

"Cuando entre en el fondo nos dará la razón", ha asegurado Guerrero, que ha defendido que a la universidad le es imposible incorporarla en la plantilla porque no hay plazas.