Según Pastor, ello será posible introduciendo en el mercado mayor "flexibilidad con equilibrio" para que propietarios e inquilinos puedan negociar con libertad las condiciones de los contratos de arrendamiento, sin "mermar la seguridad" para ninguna de las partes.

De esta forma, Pastor ha querido dejar claro que la reforma no perjudicará a los inquilinos, razón que sustenta las tres propuestas de enmienda a la totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y BNG, sino que beneficia a ambas partes por igual.

La ministra de Fomento ha recordado además que la ley es una "oportunidad" para modificar, según ha dicho, un modelo inmobiliario desarrollado por los anteriores gobiernos socialistas que no contó con medidas para pinchar la ‘burbuja’ inmobiliaria y que se decantó por la vivienda en propiedad, el principal desencadenante de la crisis.

En cifras, Pastor ha recordado que entre 2004 y 2011 se construyeron 3,9 de inmuebles, de los que sólo 498.000 fueron en régimen de protección, y que, en este contexto, sólo el 17% de las familias viven en alquiler –un 30% en la UE-27– y sólo un 25,6% de las que cuentan con menos ingresos optan por esta opción.

Además, ha recalcado que la Sociedad Pública del Alquiler (SPA) que el Gobierno del PP ha suprimido, sólo intermedió durante los gobiernos socialistas 4.500 alquileres, dejando a su paso una deuda de 42 millones.

Con estas cifras sobre la mesa, Pastor ha considerado que es el momento de desarrollar una política de vivienda "más social", en la que el alquiler cumpla una función de dinamización, también laboral, a través del fomento de una mayor movilidad geográfica. "Podemos contribuir a salir de la crisis", ha espetado a los diputados.

Una ley con contenido equilibrado

Más allá de estas consideraciones, Pastor ha recordado que el proyecto de Ley se nutre de medidas que "corrigen las deficiencias" de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y mejoran la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, el primer objetivo es flexibilizar las relaciones entre propietarios e inquilinos, reduciendo, por ejemplo, los años de prórroga obligatoria de los contratos de 5 a 3 años, pero dando libertad para pactar otros periodos. Al mismo tiempo, ha recordado que esta normativa también da más libertad a la partes para rescindir estos contratos de alquiler.

Por otro lado, Pastor ha defendido también que la reforma "mejora la seguridad del tráfico jurídico" a través de la inscripción voluntaria de los contratos de arrendamiento en los registros, trámite que permite al inquilino conservar sus derechos en caso de venta del inmueble y cuya ausencia permite al nuevo propietario cesar este contrato.