El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha considerado "muy complicado" que las nuevas medidas legislativas que Gobierno y PSOE están negociando sobre los desahucios puedan aplicarse de manera retroactiva.

"Nada es imposible pero lo veo muy complejo. Lo que se propone es un decreto-ley que paralice las ejecuciones y permita durante un tiempo estudiar la manera de resolver mejor este grave problema social", ha señalado Moliner en el marco de las VIII Jornadas de Comunicación y Justicia del CGPJ, que han arrancado este lunes en Bilbao.

El presidente del Poder Judicial ha rechazado que este órgano vaya a proponer reformas al Gobierno en este ámbito argumentando que "no le corresponde al Consejo hacer propuestas legislativas, no tiene funciones de este tipo y, por lo tanto, no lo va a hacer".

"Los jueces pueden hacer mucho"

En todo caso, ha valorado "positivamente" los acercamientos entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición y ha defendido que "los jueces pueden hacer mucho" en este ámbito. En su opinión, el magistrado no debe constituirse en un mero "aplicador de la letra de la ley" sino que debe interpretarla para que en situaciones de "emergencia" se puedan "paralizar, modificar o actualizar" las ejecuciones hipotecarias en función de "las circunstancias del caso".

"Hay iniciativas comunitarias, principios constitucionales y de derecho contractual que en ocasiones producen casos gravísismos de verdadera crispación y de atentado a un derecho fundamental como es el de la vivienda, ahí pues se podría arbitrar", ha dicho.

Preguntado por las críticas de la Abogada General del Tribunal de Luxemburgo a la Ley Hipotecaria española, se ha limitado a decir que es un "tema delicado" y que aunque en "algún caso" la legislación nacional pueda afectar a los derechos de los consumidores eso "no siempre" es así.

"Si yo no pago mi hipoteca pudiendo hacerlo, soy un consumidor que no tengo derecho a no pagar", ha argumentado antes de diferenciar este caso del que pueda sufrir "una señora en situación de exclusión social, sin familia y que se encuentre con unas condiciones leoninas". "Hay que establecer un criterio para que el juez pueda discernir situaciones", ha dicho.

Valoración etica de la Ley

Por su parte, el presidente de la Sala Civil del Supremo, Juan Antonio Xiol, que tendrá que fijar el criterio general de aplicaciones de todos los tribunales españoles sobre esta materia, ha considerado "evidente" que el juez debe "incorporar en la valoración de la ley valoraciones y consideraciones de carácter ético".

"No debemos considerarnos vinculados automáticamente por la ley en la forma en que decía Montesquieu, como ‘la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar su fuerza ni su rigor’", ha apuntado. Por el contrario, ha defendido la necesidad de que, en el marco del "respeto absoluto" a la Constitución y a la normativa europea, la ley sea sometida a "un control de carácter ético".