El Ayuntamiento de Barcelona establecerá un protocolo con el Colegio de Procuradores para que los desahucios sean comunicados a los servicios sociales con antelación para actuar con previsión en todos los casos en los que se vean afectadas familias con una grave situación de vulnerabilidad, ha informado este lunes el consistorio.

La rúbrica del protocolo se hará previsiblemente a finales de mes, y entrará en vigor inmediatamente, con lo que podrá ponerse en marcha en mayo, han explicado a Europa Press fuentes municipales un día antes de que la iniciativa se presente en forma de medida de gobierno en la Comisión de Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación.

El consistorio, que promueve el protocolo a través del Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, actuará así preventivamente cuando haya peligro de desahucio de familias de ancianos, tengan miembros discapacitados o menores de edad a su cargo.

La comunicación de los procuradores permitirá conocer la situación familiar de las personas que serán desahuciadas, y facilitará la tarea de los servicios sociales para prever si se debe buscar alojamiento, almacén de mobiliario u otros servicios para contribuir a disminuir su estrés.

Los desahucios por falta de pago de las rentas de alquiler son procesos judiciales rápidos que pueden durar de tres a cuatro meses desde la interposición de la demanda, mientras que las ejecuciones hipotecarias son procesos más largos y complejos que puedan durar de dos a tres años, ha recordado el Ayuntamiento.

Con el convenio, los procuradores se comprometen a comunicar la diligencia del desahucio para que los datos de los afectados, con previa autorización suya, lleguen a la Dirección de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento, que será el organismo que coordinará las actuaciones.

El colegio contará con un enlace en su propia página web donde el profesional podrá llenar una ficha con el nombre de ‘Informe para servicios sociales relativo a un procedimiento de desahucio de vivienda por falta de pago’, una información que sólo llegará al personal municipal debidamente autorizado.

La iniciativa forma parte de una batería de medidas del Área de Calidad de Vida, que incluyen el trabajo con los cuerpos de seguridad para garantizar la presencia de servicios sociales en los desahucios de familias vulnerables; con organismos judiciales para tener estadística, y la constitución de la comisión mixta sobre desahucios.