El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha propuesto que los secretarios judiciales asuman el trámite de conciliación entre las entidades financieras y los deudores con el fin de frenar los desahucios y buscar soluciones amistosas entre las partes.

El SISEJ ha emplazado a acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la que se introduzca, "con carácter obligatorio" y sin comportar ningún coste añadido para la ciudadanía, este trámite de conciliación ante los secretarios judiciales en el marco de la ejecución hipotecaria.

Esta vía podría dar lugar a soluciones amistosas como la dación en pago, el alquiler social, la reducción de la deuda o en el importe de las cuotas, o moratorias en el pago, que garantizarían el mantenimiento de la vivienda y facilitarían "las condiciones para ambas partes o la entrega de la vivienda con extinción de la obligación".

El SISEJ ha expresado su "enorme preocupación" por el "imparable" aumento de los lanzamientos de viviendas habituales y que los secretarios judiciales observan a diario con "indignación" al ser los responsables de la ejecución de las resoluciones de los jueces ante el impago de las hipotecas.

"Observamos con indignación cómo familias con menores a su cargo o personas con problemas de movilidad o salud, al tiempo que pierden su hogar, asumen por completo el importe de una deuda generada en plena ‘burbuja inmobiliaria’, condenando a estos ciudadanos a una segura exclusión social", ha destacado en un comunicado.

Los secretarios judiciales recuerdan su experiencia en actos de conciliación tras la entrada en vigor de la Ley 13/2009 y añaden que, hoy en día, tratan de buscar, cuando la situación lo permite, soluciones para demorar los lanzamientos y minimizar los "gravísimos perjuicios" que comportan.

Sin perjuicio de esta propuesta, el SISEJ insta a recoger también la posibilidad de derivar a las partes a un proceso de mediación ante especialistas en esta materia en los casos que el secretario judicial entendiera que resulta necesario o así lo solicitaran las partes.

Papel de la Administración Pública

A su entender, estas vías deben ser garantizadas por la Administración Pública para no agravar aún más la situación de los deudores. Entiende que esta solución "no puede quedar al arbitrio de ninguna de las partes, al compromiso social de muchos ciudadanos implicados ni a la concienciación de entidades aisladas".

"La principal causa de oposición a este tipo de reclamaciones es que las obligaciones deben cumplirse de la manera pactada. Esto puede valer en circunstancias ordinarias, pero ahora estamos ante una situación excepcional, y por ello reclamamos el establecimiento urgente y sin más demora de mecanismos que detengan esta sangría social, a la que los Secretarios Judiciales asistimos diariamente", remarca.

Por otra parte, la organización se muestra favorable a la regularización de la dación en pago de manera que, al menos, pueda extinguirse la deuda en los casos "más sangrantes", si la vivienda hipotecada es la habitual y la única del deudor y la imposibilidad de pago está acreditada y "no responde a su simple voluntad de no pagar"

Entre tanto, el SISEJ no descarta estudiar ninguna opción que, en el marco de la legalidad, permita atenuar el daño que se causa diariamente a cientos de ciudadanos.