La junta de jueces de Primera Instancia y Mercantil de Palma han solicitado a los secretarios judiciales que durante un mes suspendan los procedimientos de desahucio y ejecución hipotecaria, con el objetivo de "dar un margen" a los ciudadanos para que pueda estudiarse cada caso y determinar quiénes pueden acogerse al decreto ley de medidas urgentes aprobada en este sentido.

Así lo ha anunciado el decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, quien ha explicado que los secretarios prevén informar directamente a las personas afectadas para analizar si cumplen los requisitos económicos y sociales establecidos en la normativa para que puedan beneficiarse de la paralización de los desahucios durante dos años.

En concreto, el servicio común de lanzamientos del partido judicial de Palma tiene señalados desde este lunes al 19 de diciembre un total de 66 lanzamientos de ejecuciones hipotecarias, de los cuales se verán afectados por la suspensión de un mes los de viviendas habitadas, tal y como han informado, por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Por el contrario, si se trata de locales no destinados a vivienda (como por ejemplo comerciales) o viviendas vacías, serán ejecutados. Tal y como ha manifestado Martínez Espinosa, esta medida pretende "dar margen" a los ciudadanos para evitar que, por la "premura" de la Ley, los ciudadanos se encuentren en la calle antes de hacer vales su petición de ampararse a la nueva normativa.

Sobre su valoración acerca de la moratoria de dos años, el juez decano confía en que tras esta medida "haya una reforma de calado en las ejecuciones hipotecarias" ya que, de no ser así, el Real Decreto "no tendría sentido si únicamente es puntual".

Confía en una "ulterior y sosegada reforma de la ejecución"

Tal y como ha incidido al respecto, con este decreto al ciudadano "se le suspende el lanzamiento pero no la ejecución, lo que provoca la acumulación de intereses de demora". Ante esto, ha recalcado la necesidad de que la entrada en vigor del Decreto Ley conlleve "una ulterior y más sosegada reforma de la ejecución hipotecaria".

En este contexto, Martínez Espinosa ha hecho hincapié en que los lanzamientos se derivan tanto de juicios por desahucio como de ejecuciones hipotecarias, al no poder hacer frente a los préstamos hipotecarios o por el cumplimiento del acuerdo contractual.

En concreto, según ha especificado, entre el 1 de enero y el 9 de noviembre de 2011 se pidieron un total de 859 ejecuciones hipotecarias (personas que han dejado de pagar su hipoteca) mientras que, en el mismo periodo de este año, se han solicitado 1.169.