En este sentido, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha informado a Europa Press de que, en la junta de jueces de Primera Instancia convocada para este jueves día 25 de abril, se analizarán los problemas que se derivan de las ejecuciones hipotecarias y se tratará de unificar criterios.

De este modo, y según ha precisado el juez decano de Sevilla, los jueces analizarán la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictamina que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria.

Asimismo, los jueces analizarán el decreto sobre la función de la vivienda aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno, concebido como un "plan de choque para frenar la sangría social" de los desahucios con medidas como la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".

La junta de jueces de Primera Instancia se celebrará este jueves, a partir de las 13,00 horas, en el edificio Viapol.

En este sentido, la Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (Adais) ha emitido un comunicado de prensa en el que informa de que ha solicitado por escrito al juez decano que, en la junta de jueces, se adopten una serie de medidas "a la vista de lo que otras circunscripciones están acordando" respecto a los procedimientos de ejecución hipotecaria y desahucios por falta de pago.

Así, pide suspender todos los procedimientos hasta que se dicte una nueva legislación hipotecaria de acuerdo a los criterios establecidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como paralizar los procedimientos en el momento concreto en el que se vaya a producir la ejecución del desahucio, o bien habilitar un trámite con un plazo de 20 días hábiles –no incluido en la ley procesal– que permita escuchar a los deudores para que estos expliquen si sus hipotecas incluyen cláusulas abusivas.

Por último, solicita que se incluyan por todos los juzgados y en todas las comunicaciones judiciales iniciales de los procedimientos de ejecución la posibilidad de recurrir a la asistencia jurídica gratuita, lo que les permite obtener el nombramiento de procurador y abogado de oficio para el ejecutado.

Todo ello "posee como finalidad esencial el garantizar el derecho de defensa y evitar que, con la continuación de la tramitación de los procedimientos, se puedan producir perjuicios de imposible o difícil reparación para los ejecutados".