El CAFBL hace pública su adhesión a las reivindicaciones y demandas planteadas por jueces y fiscales en torno a la nueva Ley de Tasas aprobadas por el Ministerio de Justicia. Una normativa que incrementa el coste de los procesos judiciales y que está recibiendo el rechazo de los diferentes colectivos relacionados con el ámbito judicial. En Cataluña estas tasas del Estado se acumulan a las que fueron acordadas por la Generalitat por la Llei 5/2012 y que también grava el derecho de los ciudadanos a solicitar el servicio de la Administración de Justicia

Según detallan los representantes de este colectivo profesional, ésta normativa perjudicará seriamente tanto a las comunidades de propietarios a la hora de hacer valer sus derechos e intereses, principalmente, respecto a las reclamaciones por defectos constructivos o reclamaciones de cuotas impagadas por las promotoras, como a los inmuebles en régimen de propiedad vertical, por las reclamaciones en los casos de impago de rentas o alquileres, lo que sin duda generará nuevas incertidumbres para los propietarios en un momento en que se está promoviendo el mercado del alquiler.

Estas nuevas tasas, contra las que este Colegio formuló en su día oposición, supondrán de hecho que para llevar a cabo una reclamación judicial, hacer efectivo un elevado coste, (un simple desahucio por falta de pago no menos de 400 € en primera instancia, más 920 € en caso de apelación) que los propietarios no deberían tener que asumir y una muy difícil o imposible recuperación incluso en caso de condena con costas ante la falta de solvencia de los deudores en la mayoría de los casos. Son propietarios de inmuebles la gran mayor parte de ciudadanos del país, por lo que, de una forma o de otra, todos van a verse afectados por esta nueva imposición tributaria.

El CAFBL denuncia que con estas regulaciones se contribuye a la morosidad y se genera una nueva inseguridad en el funcionamiento de las relaciones de vecindad y arrendaticias, perjudicándose el buen gobierno y el necesario mantenimiento del inmueble y de sus servicios. Afirman asimismo que la Ley promovida por el Ministerio de Justicia, puede llegar a afectar a la tutela efectiva y al derecho de igualdad de todos los ciudadanos.