Así se lo ha indicado la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda al Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas en respuesta a la consulta vinculante que le formuló en ese sentido.

Este instituto colegiado destacó en un comunicado el "importante ahorro económico" que ello supondrá para las comunidades de propietarios que inicen un procedimiento judicial no sólo para reclamar deudas.

A modo de ejemplo, el Consejo General de Administradores indicó que si un vecino impugna un acuerdo de una junta, como puede ser la retirada de un aire acondiconado, valorado en 8.000 euros, y el importe fijo establecido para el juicio ordinario por razón de la materia es de 300 euros, con un porcentaje del 0,1%, la tasa a pagar se se sitúa en 308 euros. Ello supondrá un ahorro de 32 euros respecto al pago de una tasa del 0,5%.

Ley de servicios profesionales

Por otra parte, ante el anuncio del Gobierno de la aprobación de la futura Ley de Servicios Profesionales que desregularizará la mayoría de las profesiones colegiadas en España, el Consejo de Administradores de Fincas ha presentado un documento en defensa del mantenimiento de la colegiación para ejercer esta profesión.

El organismo considera que "se trata de una actividad de interés general que ganratiza los derechos de los consumidores y usuarios en materia de vivienda".

Entre los profesionales que firmaron el documento figura el socio-presidente del bufete Roca Junyent, Miquel Roca, quien declaró que los "administradores de fincas colegiados son la garantía de la seguridad jurídica en el sector inmobiliario".