Durante la inauguración de unas jornadas sobre esta nueva normativa, la dirigente madrileña explicó que la norma tiene como objetivo "garantizar la protección de los derechos de los consumidores mediante el fomento de la transparencia en la contratación hipotecaria de la Comunidad de Madrid".

Con esta nueva ley autonómica, a partir de este lunes, todo ciudadano que contrate una hipoteca en la Comunidad de Madrid tendrá información clara en las tres fases de la contratación. Primero, con carácter previo a la elaboración del contrato, la entidad de crédito deberá facilitarle por escrito una información detallada y sencilla de todas las cláusulas de la hipoteca.

Después, una vez que haya sido tasada la vivienda o el bien de que se trate, la oferta en firme que hagan los bancos deberá especificar claramente las condiciones en que se da el crédito. "Y sobre todo, debe quedar claro si es un crédito garantizado con todos los bienes presentes y futuros del firmante o si la deuda quedará saldada con la entrega de la vivienda", señaló Aguirre.

Por último, la presidenta del Ejecutivo madrileño explicó que el consumidor tendrá tres días para examinar el documento contractual que será entregado al notario. Así, podrá hacer todas las consultas que estime necesarias antes de firmar la hipoteca.

Además, en caso de que haya un avalista, algo que, según la presidenta madrileña, suele ocurrir con las parejas jóvenes, donde entran como avalistas "los padres de él o de ella", éste también quedará informado de los riesgos que asume al avalar el pago de la hipoteca.

"Quiero recordar que hasta ahora el avalista no estaba protegido por la normativa nacional de protección al consumidor, y eso que era el responsable último, y por tanto, el más vulnerable, de la hipoteca", resaltó Aguirre.

Multas de hasta 600.000 euros

En este punto, Aguirre indicó que esta ley es "tan contundente" que prevé multas para los incumplidores de hasta 600.000 euros, algo que no está recogido en otras normativas autonómicas o estatales, por lo que ha destacado que se trata de una ley pionera en España en este sentido.

Tampoco en las leyes nacionales se obliga a las entidades financieras a facilitar la información de las cláusulas hipotecarias, la pidan o no el ciudadano, algo que con la ley madrileña cambia porque el banco está obligado a hacerlo, haya o no solicitud por parte de la persona que va a contratar la hipoteca.

Con esta ley, la presidenta autonómica cumple el compromiso electoral que contrajo con los madrileños en las elecciones de mayo de 2011 alegando que "las hipotecas representan la decisión económica más importante para las familias madrileñas y es crucial que estas decisiones se tomen con la mayor información y transparencia".

De hecho, lamentó que el hecho de que hasta el momento esta información no haya sido clara ha provocado que muchas familias, al no poder pagar su hipoteca, se pensaran que dejando la vivienda terminaba su deuda cuando en realidad tenían hipotecados todos los bienes presentes y futuros, con los consiguientes embargos y desahucios.

Para Aguirre, a esto se le suma que durante los últimos años, antes de empezar la crisis, los precios de las viviendas fueron creciendo y la financiación por parte de los bancos fue, en su opinión, "excesivamente generosa" pasando de cubrir el 80% de los gastos al 100%.