El proyecto de ley de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social ha quedado este viernes visto para su aprobación definitiva en el Pleno del Senado de esta semana tras rechazarse los tres vetos presentados por PSOE, PSC e ICV, y aprobarse con el respaldo ‘popular’ el dictamen, que no incorpora ningún cambio con respecto al texto que llegó del Congreso.

El esquema seguido en el Congreso se ha vuelto a repetir en el Senado, donde el proyecto de ley Antidesahucios llegó prácticamente cerrado tras fusionarse la propuesta del Gobierno con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago y con medio centenar de cambios que introdujo el Grupo Popular para reflejar el "espíritu" de las enmiendas de la oposición.

La Comisión de Economía aprobó entonces con competencia legislativa plena –es decir, sin necesidad de volver a debatir el texto en el Pleno– y por la vía de urgencia el proyecto de ley, que sólo contó con los votos favorables del PP frente al rechazo de toda la oposición. Ahora, en el Senado se ha repetido tanto el procedimiento como los argumentos y los posicionamientos.

De esta manera, los ‘populares’ han tumbado los tres vetos en la Comisión de Economía del Senado, aunque aún deberán ser debatidos la próxima semana en sesión plenaria, lo mismo que las 275 enmiendas parciales. De no introducirse cambios en el proyecto, como es previsible, éste no tendrá que volver al Congreso, por lo que quedaría aprobado definitivamente con ese trámite.

"Es un proyecto de querer y no poder"

El socialista Juan Manuel Fernández ha ironizado con que el proyecto va en línea con toda la gestión del Gobierno ‘popular’, ya que "se opta por recortar" tanto en el tiempo de debate como en los contenidos, que considera "raquíticos". "Es un proyecto de querer y no poder, insuficiente para un problema que está generando una enorme herida social", ha dicho, pronosticando que pronto habrá que volver a legislar sobre el tema porque estas soluciones no serán suficientes.

Además, ha reprochado que no se incluyan medidas de segunda oportunidad y que se fijen unos intereses de demora en el 12% cuando el Banco Central Europeo (BCE) acaba de bajar los tipos al mínimo histórico de medio punto, "24 veces menos". "No estamos haciendo lo suficiente, no se aborda el problema de fondo. El Gobierno sólo está aplazando y empeorando el problema", ha añadido.

El senador Jordi Guillet, de la Entesa, ha defendido los dos vetos de su grupo (PSC e ICV) argumentando que el proyecto "es del todo insuficiente" ya que no prevé una segunda oportunidad, aplica "de forma arbitraria" la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, "no resuelve" los procedimientos de ejecución en curso y tampoco "repara el daño producido" a quienes ya han sido desahuciados, y se mantiene un Código de Buenas Prácticas "tan estricto que excluye a casi todos".

Además, ha criticado el procedimiento de tramitación "por la vía de urgencia", con "falta de diálogo" y presentando un texto que "muy poco tiene que ver" con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago. "Si el PP consideraba que la ILP no se adaptaba a sus criterios sobre cómo tratar este problema tenía que haber votado en contra, pero no aprobarla y luego transformarla en un proyecto en las antípodas", ha zanjado.

Ocasión perdida

Ramon Alturo, de CiU, ha lamentado que se haya desaprovechado la ocasión para hacer de este proyecto "la ley del consenso, de los grandes pactos", por lo que ha pedido al PP que aproveche los días que aún quedan hasta el Pleno de la próxima semana para negociar sobre las enmiendas de la oposición. "El PP tiene la mayoría absoluta pero la razón absoluta difícilmente la tenga. Alguna propuesta habrá que sea positiva", ha añadido.

El senador del PNV Jokin Bildarratz cree que "no es normal" que prácticamente no haya habido debate en la Cámara Alta porque el texto llegó ya sin posibilidades de cambio, y ha reflexionado sobre si los poderes públicos han gestionado la política de suelo y de vivienda en pro del interés general, tal y como estipula la Constitución. Además, cree que es "momento de exigir a las entidades financieras que devuelvan a la sociedad lo que ésta le ha dado con creces".

José Manuel Mariscal, de Izquierda Unida, ha comenzado reconocido que en este tema "ya está todo el pescado vendido" y ha lamentado que el "fraude político" cometido con la ILP no va a permitir "rescatar a las personas empobrecidas". "Podrá ser absolutamente legal lo que hacen con este texto pero es absolutamente ilegítimo. El tiempo nos dará la razón, porque con este texto no se van a paralizar los desahucios ni el drama social. Con esto no se resuelve el problema", ha añadido.

"Indudables ventajas frente a la nada"

El portavoz ‘popular’ de Economía, Francisco Utrera, ha reprochado a la oposición que, tras haber acordado en el Congreso la unión del proyecto de ley del Gobierno y la ILP, ahora "se quejen del procedimiento porque no les ha gustado su resultado", y ha recordado que si "todos acordaron" esta vía fue para "evitar una demora en la aplicación de unas medidas muy importantes".

Además, ha recordado que el PSOE rechazaba la dación en pago cuando estaba en un Gobierno que "no hizo nada de nada" para solucionar este problema cuando ya empezaba a apuntar, por lo que ha pedido a los socialistas "humildad, sensatez y modestia" ante un texto que da respuesta a muchos de los afectados y que supone un paso adelante en la mejora de la regulación hipotecaria.

"El proyecto de ley incluye ventajas indudables, sobre todo si las contrastamos con la nada que había antes", ha llegado a decir, dejando abierta la puerta a que los intereses de demora bajen con los próximos Presupuestos, donde se podría "relajar" el precio del dinero en línea con la baja de tipos del BCE.

Finalmente, Utrera ha justificado su voto en contra de los vetos en que "no recogen ninguna propuesta novedosa" y ha asegurado que su grupo estudiará "una a una y con detenimiento" las 275 enmiendas parciales de la oposición para "incorporar a la ley durante el debate en Pleno del miércoles todas las que supongan una mejora del texto". No obstante, el PP ha renunciado a la presentación de propuestas de cambio en el articulado.