La Asociación hipotecaria Española (AHE) dice que la sentencia del pasado 14 de marzo del Tribunal de Justicia de la UE "no supone, en ningún caso, juzgar el caracter abusivo de ninguna cláusula en concreto", sino que fija unos criterios -a la luz de la Directiva- "que servirán al juez para enjuiciar las mismas".

Señala la AHE que la sentencia invoca el “principio de efectividad”, muy importante a la hora de interpretar el Derecho Comunitario, que en suma viene a decir que, aunque los Estados miembros tienen autonomía para implementar los mecanismos procesales de ejecución forzosa como estimen pertinente, nunca lo podrán hacer de forma que “hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil” el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el Ordenamiento Jurídico de la Unión” (y aquí fundamentalmente la Directiva de Cláusulas Abusivas).

Según el comunicado emitido por la Asociación Hipotecaria, indica que "la sentencia es clara y producirá los siguientes efectos en relación con la primera cuestión prejudicial planteada":

‐ En el orden judicial, y hasta que haya un nuevo marco legal, en los procesos de ejecución hipotecaria, los jueces deberán aceptar como un motivo de oposición el hipotético carácter abusivo de una cláusula (incluso considerarlo de oficio) y, por su parte, los jueces intervinientes en un juicio declarativo sobre estas cláusulas podrán paralizar procedimientos ejecutivos.

‐ En el orden legislativo, es evidente que hay que cambiar la LEC, pero es importante señalar que la sentencia no obliga a adoptar la doble medida de ‐por un lado‐ permitir que en el juicio declarativo el juez que analiza la abusividad de la cláusula cuestionada paralice la ejecución y –por otro‐ también introducir en el procedimiento ejecutivo como nuevo motivo de oposición la abusividad, basta incorporar una de las dos medidas. La AHE ha manifestado tener preferencia por la segunda solución, "aprovechando la regulación del incidente que ya recoge el artículo 695 LEC (que regula las causas actuales de oposición), y tratando de dilucidar la duda jurídica y reanudar – cuando proceda‐ la ejecución lo antes posible". En su opinión, con esta modificación legal se dota al deudor de un mecanismo eficaz y de mayor protección, en línea con el contenido de la sentencia prejudicial, sin menoscabo de la eficiencia y agilidad requeridas a los procesos de recobro hipotecarios.

Por último, la AHE insiste en "dar una urgente solución legislativa para evitar vacíos legales  y pronunciamientos judiciales precipitados" y reitera en la importancia de la puntualidad del pago como una característica de "máxima fortaleza de nuestro mercado".