El Ministerio de Justicia estudiará la incidencia de las tasas que aún se mantienen para las personas jurídicas (empresas, pymes, cooperativas y ONGs) y no contempla su supresión, aunque si fórmulas como que sea posible eximir de su pago cuando la cuantía del litigio sea inferior a lo que impugna la tasa.

Así lo ha señalado la subsecretaria de Estado de Justicia, Áurea Roldán, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados tras ser preguntada por unas declaraciones del ministro Rafael Catalá en las que éste, en una entrevista concedida a Europa Press, no descartaba incluso un incremento de las mismas.

Roldán ha manifestado que lo que el ministro de Justicia ha señalado es que "se va a producir un estudio que determine" la incidencia de estas tasas.

Para Roldán "no se trata de supresión sino estudiar cuando se exime" o bien que cuando la cuantía del litigio sea inferior la tasa no se imponga. Además, ha recordado que estas tasas son deducibles en el impuesto de sociedades, "por lo que no es lo mismo que su incidencia en las personas físicas".

Por otra parte, ha descartado que lo recaudado por este concepto se destine a la justicia gratuita y ha recordado que en la Ley que aprobó estas obligaciones no se establecía una vinculación directa, sino una afectación. El dinero, en todo caso, llega al Tesoro Público como ingreso diferenciado y no puede ir destinado al Ministerio de Justicia tal y como reclaman otros grupos parlamentarios.

Concesiones de nacionalidad

Roldán ha señalado que se va a introducir un procedimiento electrónico y administrativo para la tramitación de este tipo de expedientes que ya se contempla en una norma que entrará en vigor en octubre de este año.

Para ello está pendiente la aprobación previa de un reglamento en el que el Ministerio está trabajando. Por su parte, el Presupuesto prevé destinar más de dos millones de euros a la implantación del procedimiento electrónico necesario.