El Ministerio de Justicia está buscando alternativas a los registradores de la propiedad y mercantiles para la gestión del Registro Civil que debe ponerse en marcha a partir del próximo 15 de julio, han informado a Europa Press fuentes ministeriales.

La decisión del departamento dirigido por Rafael Catalá de encomendar a este colectivo este servicio ha levantado duras críticas en los últimos meses. Los partidos de la oposición, funcionarios de la administración de Justicia, sindicatos u otros colectivos como los secretarios judiciales, han expresado su oposición a lo que consideran una "privatización" encubierta.

Por ello, el Ministerio intenta alcanzar un "consenso" que satisfaga a estos sectores críticos y se ha mostrado dispuesto a estudiar cualquier propuesta que se le haga en este sentido. "El Ministerio sigue trabajando para cumplir con el mandato de las Cortes y sigue abierto a las sugerencias que le hagan llegar registradores, secretarios judiciales, sindicatos y grupos de la oposición", han indicado estas fuentes.

"Gratuito, público y telemático"

El ministro ha reiterado en incontables ocasiones que el Registro Civil no se va a privatizar y ha garantizado que este servicio seguirá siendo "gratuito, público y cercano al ciudadano" gracias a la progresiva implantación de medios telemáticos.

También ha asegurado que seguirá siendo prestado por "funcionarios públicos". La intención es acometer la reforma con un trabajo conjunto con las Comunidades Autónomas, a través de grupos de trabajo y mesas de negociación que permitirán coordinar este proceso de cambio hacia el nuevo Registro Único.

El Ministerio de Justicia debe poner en marcha un mandato del Parlamento que, a través de la Ley 20/2011, que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, estableció un Registro Civil desjudicializado con el objetivo de modernizar un servicio público esencial para el ciudadano. Se busca así un modelo más eficiente frente al actual, que presenta deficiencias o demoras hacia los ciudadanos.

El Ministerio y las Comunidades Autónomas se han comprometido, además, a mantener íntegramente el empleo público existente en los registros civiles. Los trabajadores que se dedican a esta labor pasarán a reforzar la Administración de Justicia en los distintos juzgados y tribunales.