Según ha explicado la formación en una nota de prensa, su objetivo es que el llamado ‘banco malo’ firme convenios con diferentes agencias de vivienda estatal, autonómicas o locales, y con entidades sin ánimo de lucro o redes de intermediación social para poder alquiler los pisos que le traspasen las entidades financieras que reciban ayudas públicas para su saneamiento.

La idea es que crear un parque público de viviendas en alquiler que se gestione según las "las condiciones que se determinen reglamentariamente". Asimismo, IU quiere que el suelo que se aporte a la Sociedad de Gestión de Activos se use "prioritariamente" para usos productivos que ayuden a cambiar el modelo productivo y siempre "con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental".

Gran oportunidad

Según la coalición de izquierdas, la creación del ‘banco malo’ ofrece una "gran oportunidad para crear un stock de viviendas públicas en alquiler a precio protegido en función de la capacidad económica del beneficiario", medida pertinente ante el incremento del número de desahucios y ejecuciones hipotecarias.

"La crisis está provocando que un número creciente de personas no puedan acceder a una vivienda digna", argumenta IU, recordando a renglón seguido que "parece alejado del sentido común" que el suelo que poseen los bancos pueda ser destinado a la construcción de viviendas, ya que España cuenta ya con "un exceso evidente" de pisos construidos y vacíos.

Ésta no es la primera vez que IU propone una medida de estas características en el Congreso. Ahora, la coalición opta por la vía de enmiendas a la Ley del Alquiler –cuyo plazo concluye el próximo lunes–, aprovechando además la oportunidad abierta por el Gobierno, que ha anunciado su intención de pactar con la oposición medidas para hacer frente al problema de los desahucios.

También el PSOE ha anunciado este lunes una enmienda similar, si bien los socialistas precisan que su intención es destinar a alquiler social las viviendas que hayan sido objeto de una ejecución hipotecaria, y dando prioridad en el acceso a las personas que han sido desahuciadas.