Con carácter general, durante la declaración del estado
de alarma hasta su finalización queda suspendido el cómputo de los
plazos de las actuaciones inspectoras, que se reanudará cuando finalice el
estado de alarma.

No obstante se establecen las siguientes excepciones:

a) Actuaciones relacionadas con hechos derivados
del estado de alarma o de las medidas adoptadas. En estos casos, el funcionario
actuante debe emitir, en diligencia u oficio al efecto que se comunicará al
sujeto inspeccionado, indicando la motivación que debe basarse en que
la actuación está relacionada con estas circunstancias. A modo de ejemplo, se
consideran excepciones a la suspensión de plazos las comprobaciones efectuadas
en orden a:

– la vigilancia del cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales ante el riesgo de contagio por COVID-19;

– la vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia
de orden social dictada durante el estado de alarma (permiso retribuido
recuperable, carácter preferente del trabajo a distancia,…);

– emitir el correspondiente informe solicitado por la
autoridad laboral en supuestos de ERTES.

b) Actuaciones por la gravedad o urgencia de la
situación. Son aquellas que, de no iniciarse o continuarse, afectarían a la
eficacia de la actuación inspectora y por ende al bien que se pretenda proteger
(por ejemplo, supuestos de riesgo grave e inminente; accidentes de trabajo
graves, muy graves o mortales; huelgas o cierres patronales; faltas de alta…)

También deben motivarse los  requerimientos, que a
juicio de funcionario actuante, no sean susceptibles de aplazamiento por las
mismas causas expuestas anteriormente (situaciones derivadas de la declaración
del estado de alarma, o gravedad o urgencia).

Aunque no se inicien actuaciones inspectoras, el plazo
de prescripción de las infracciones se mantiene suspendido, excepto en los
supuestos en los que las actuaciones inspectoras transcurren con normalidad,
sin suspensión de sus plazos de duración.

Se aclara que los expedientes liquidatarios de cuotas de
la Seguridad Social también están afectados por la suspensión de plazos
administrativos.