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Todos estamos de acuerdo en que
en el sistema de reparto con que está previsto financiar las pensiones, lo principal es que haya muchos trabajadores
empleados y con salarios altos para que su cotización pueda sufragar el gasto
de las pensiones ya causadas. Pero nadie da ideas para conseguirlo. Aunque sí
se reclaman salarios más altos, lo cual en la conformación empresarial que
tiene España es difícil de conseguir, ya que fundamentalmente está compuesta
por empresas pequeñas. Y lo grave es que no se demandan políticas encaminadas
a tener empresas grandes, que sean competitivas con las multinacionales
establecidas en nuestro territorio y en los países de nuestro entorno para
evitar que éstas, por no ver satisfechas sus exigencias de producción, decidan
trasladarse a otros países donde puedan obtener mayor rentabilidad. Por el
contrario, se aboga por ayudas fiscales y sociales para las pequeñas y medianas
empresas, así como para la creación de autoempleo, cuya aportación contributiva
es escasa, tanto al fisco como a la Seguridad Social.

No tenemos una estructura
industrial que nos garantice un importante producto interior bruto. Y son las
empresas, el capital privado, las que pueden elevarlo; especialmente las de
producción más que las de servicios. No el Gobierno, que sólo puede hacerlo
aumentado el número de funcionarios, cuya contribución al erario tiene que ser
a través de establecer impuestos o el cobro de servicios al contribuyente.

Si no se encuentran soluciones
posibles, no quedará otro remedio que la financiación del sistema de pensiones
tenga que hacerse estableciendo un impuesto específico. No sólo a la banca,
como ha propuesto un dirigente político, pues eso seguramente redundaría en las
comisiones que cobran las entidades a sus usuarios, algunas de las cuales se
deben a obligaciones de pago establecidas por ley. Mientras que si el impuesto
fuera generalizado se crearía un agravio para quienes obligados a pagarlo no
tuvieran el derecho  a lucrarse, en su
día, de una pensión.

Por eso, lo más lógico parece que
sigan siendo los posibles beneficiarios de prestaciones los principales sujetos
de financiación. Para lo cual se precisa, al menos en estos momentos, un gran
sacrificio, como ya se ha hecho en los momentos de crisis. A la vez que una
importante reforma del sistema, racionalizándolo una vez más, para que las
pensiones sean lo que deben ser, en lugar de lo que muchos –incluidos los
últimos gobiernos que ha tenido la nación—han logrado interesadamente que sean. 

Habría varias maneras de hacerlo, si quienes lo tienen que llevar a cabo
pensaran en el futuro, sobre el que expertos en economía piensan que el trabajo
fijo es una figura a extinguir; que la movilidad geográfica ha de aumentar y el
empleo será por proyectos. Así como que nuevas ocupaciones aun ignoradas han de
imponerse, a la vez que desaparecen algunas de las actuales generadoras de
empleo.

Una manera drástica de aumentar
los salarios –y por exponerla aquí puedo ser tratado de loco– podría ser
reduciendo el porcentaje que de los mismos, pagan como cuota a la Seguridad Social
las empresas, las cuales, mediante una ley, deberían aumentar los salarios
brutos de sus empleados existentes en el momento de entrada en vigor la misma
en el mismo porcentaje; a la vez que lo reducido a las empresas pasara a ser
pagado por el trabajador. De ese modo las cotizaciones serían más altas y los
trabajadores, además de contribuir más para el pago de las pensiones actuales,
generarían unas superiores para ellos. Y fiscalmente no les perjudicaría,
porque lo pagado como aportación a la Seguridad Social se deduciría de sus
ingresos por trabajo.

Otra forma de ingresar más podría
ser la desaparición en las nuevas contrataciones de la indemnización por
despido y que los salarios que deban pagar las empresas se vieran aumentados en
el nueve por ciento, que vendría a ser como los 33 días por año de servicio
establecidos ahora para el despido improcedente, o en otro porcentaje menor que
estuviera entre el citado y el establecido por la finalización de los contratos
temporales.

Y, teniendo en cuenta el espíritu
solidario de nuestra Seguridad Social, podría plantearse aumentar más el tope
máximo de cotización, con lo cual la recaudación de la Seguridad Social sería
mayor y tanto las empresas como los trabajadores podrían reducir de sus
impuesto (IRPF o de sociedades) los importes pagados en concepto de cuotas. De
esa manera serían menos gravosas las compensaciones que por existir topes
máximo y mínimo de pensión, han de hacerse para pagar los complementos a
mínimos que perciben quienes han cotizado poco con lo que dejan de cobrar
quienes su base reguladora de pensión supera la cuantía máxima.

Supongo que estas ideas distarán
de las que previsiblemente pronto –aunque con más de un año de retraso–
presentará al Gobierno la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. Porque
son difíciles de negociar con los empresarios y los sindicatos, aparte de que
la idea del ministerio competente parece ser aligerar sus propios gastos y
centrarse en el índice de sostenibilidad que ha de entrar en vigor en 2019.
Pero…, aquí las dejo.