El diputado ‘popular’ Andrés Ayala ha comenzado destacando que todos los grupos, "incluso los que han presentado las enmiendas", comparten el diagnóstico de la situación y los objetivos de la ley, y que su "crítica apocalíptica y feroz" se debe únicamente a que "no pueden consentir que en política de vivienda el PP tenga buenas ideas que solucionen los problemas que acucian al sector".

"¡Ustedes sí que especulan! Todo en sus enmiendas son suposiciones y frases huecas", ha dicho, apuntando que no se tocan los derechos de conservación de los ciudadanos con nuevas cargas, sino que "se normalizan y ordenan" los derechos y obligaciones "dispersos" en diferentes leyes y que "no se están aplicando" por la "maraña" legislativa propiciada por el PSOE.

Asimismo, ha asegurado que la administración pública sigue teniendo la "iniciativa y el control" de todas las operaciones, y que "se refuerza el derecho" al realojo y retorno, a la par que se facilita la mejora de la calidad de las viviendas con el menor costo posible. "Nada especulativo y todo en función de la ciudad, la rehabilitación y la eficiencia", ha concluido.

Ley razonable y necesaria

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, cree que la ley es "razonable" y plantea "objetivos necesarios, sobre todo en un momento de crisis económica y cambio de modelo energético" como el actual. "No nos parece que haya ninguna razón suficiente para que no se trate esta cuestión", ha dicho, matizando no obstante que presentarán enmiendas parciales para enriquecer el texto y espera que "se tengan en cuenta".

Pere Macias, de CiU, ha defendido tanto la "necesidad de legislar" sobre la rehabilitación como la "gran oportunidad" que este proyecto ofrece para "dinamizar la economía y la creación de empleo", reconociendo su coincidencia además con muchos de los aspectos del proyecto. "Nos parece oportuno aprovechar el texto del Gobierno, mejorarlo en lo posible, adecuarlo a las necesidades y que, cuanto antes, dispongamos de un nuevo instrumento de dinamización económica. Llámennos pragmáticos", ha ironizado.

Se deja "desprotegidos" a los ciudadanos

Sin embargo, la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, cree que el proyecto de ley, que "a priori tiene buena intención", acaba siendo una norma "enmarañada, confusa y que genera inseguridad", y además "vuelve a dejar desprotegidos a los ciudadanos" como a su juicio ya ha hecho el Gobierno con la Ley Antidesahucios.

Así, el "mayor despropósito" de este texto es que "no contempla garantías de financiación" suficientes y "ni siquiera incluye incentivos fiscales", sino que hace recaer todo el coste sobre los ciudadanos. "Quién va a poder rehabilitar sin crédito? ¿Por qué no se contempla la rehabilitación aislada o en ámbitos rurales? Tenemos que hablar, no de economía, sino de garantizar el acceso a una vivienda digna", ha dicho la socialista.

Además, teme que la obligación de acometer cierto tipo de obras por parte de los particulares supondrá "una nueva y gravísima modalidad de desahucios" porque "se plantea el riesgo de rehabilitar los centros urbanos a costa de expulsar a los más débiles". En cuanto a la eficiencia energética, el PSOE cree que se desaprovecha la ocasión de introducir medidas en materia de autosuficiencia de consumo o uso prioritario de renovables.

"Dar la vuelta para volver al mismo sitio"

La diputada de la Izquierda Plural Ascensión de las Heras ha justificado su enmienda de totalidad en que el proyecto "pondrá patas arriba la nefasta política de vivienda que ha llevado a la situación de crisis y paro insostenible que hoy sufre el país". "La ley dará, mucho nos tememos, vuelta de 360º para volver al mismo sitio de diferente manera, y no mejor", ha añadido.

Entre otras cosas, su grupo cree que las ayudas públicas no son suficientes, que falta control público, que se desregulariza el sector y que se carga sobre los ciudadanos unas obligaciones excesivamente pesadas, especialmente en el caso de las personas con menos recursos que viven en barrios más necesitados de obras, para quienes "los deberes son más costosos pese a que su capacidad de hacerle frente es más limitado" y todo sin garantizarles si quiera el realojo.

"Se valoran estas zonas en función exclusivamente de su potencialidad para generar plusvalías a disposición de iniciativa privada. Eso, posiblemente, generará una nueva burbuja. Agotado el nicho de mercado de construcción nueva, donde estaban las plusvalías, las constructoras dirigen ahora su mirada ávida a la rehabilitación como una jugosa oportunidad de negocio. Y el Gobierno las atiende diligentemente", ha criticado.

"¿Quién les ha dado vela en este entierro?"

La diputada del PNV, Isabel Sánchez Robles, se ha preguntado "quién ha dado vela en este entierro" al Gobierno, que no tiene competencias en temas de Vivienda. No obstante, ha reconocido que el texto "incorpora novedades interesantes" en materia de rehabilitación, aunque también presenta problemas prácticos, como la falta de apoyo público en forma de financiación o las dificultades en cuanto a la gestión de la propia norma.

Por parte de Compromís-Equo, Joan Baldoví, cree que "bajo la piel de cordero de esta bienintencionada ley se esconde de nuevo el lobo de la especulación, de los negocios para las empresas amigas –constructoras, eléctricas, etc.– y del acoso a los ciudadanos más vulnerables". Ana Oramas, de CC-NC, coincide en que hay que impulsar al sector de la construcción para crear empleo a través de la rehabilitación, pero cree que el contenido del proyecto supone "un retroceso" en los derechos de la sociedad y "puede expulsar a los ciudadanos de menores rentas de los centros urbanos".

Rosana Fernández, del BNG, también coincide en que esta norma puede provocar "un nuevo foco de especulación" y ha lamentado la falta de fondos públicos para renovar los entornos urbanos, que "expulsará" a muchos ciudadanos de sus barrios.

Varios grupos han solicitado además que el texto legislativo regrese al Pleno tras su tramitación en la Comisión de Fomento, posibilidad que la mayoría absoluta del PP ha truncado al votar en contra.