La Cámara ha instado además, por unanimidad, a la Junta a incorporar "los efectos jurídicos" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley Hipotecaria española, en la futura Ley andaluza para la Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria.

PSOE-A e IULV-CA, socios en el Gobierno andaluz, han defendido ante el Pleno sendas iniciativas sobre los desahucios tras la sentencia del Tribunal de la Unión Europea relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores. Ambas iniciativa fueron aprobadas por unanimidad, salvo el punto de la proposición de Izquierda Unida sobre el apoyo de la Cámara a la ILP, ya que el PP-A se abstuvo.

Así, en virtud de la iniciativa del PSOE-A, el Parlamento ha pedido a la Junta que incorpore "los efectos jurídicos de la sentencia del TJUE al proyecto de Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria" en la que actualmente está trabajando el Ejecutivo andaluz.

Asimismo, se ha pedido a la Junta que demande al Gobierno de la Nación "la inmediata incorporación de la referida sentencia del TJUE al ordenamiento jurídico español, y muy especialmente a la aplicación de la suspensión de procedimientos de ejecución hipotecaria cuando conste la presencia de cláusulas abusivas en los contratos firmados, según la Directiva 93/13/CEE".

Otra demanda al Ejecutivo nacional consiste en que "cumpla su compromiso de transparencia en cuanto a la publicación de los resultados reales de la aplicación del RDL 6/2012 de protección de deudores hipotecarios sin recursos y del RDL 27/2012 de medidas urgentes de refuerzo de la protección de los deudores hipotecarios", que aparecen "plasmadas en el artículo 6.4 del RDL 6/2012 y en el espíritu del Anteproyecto de Ley de Transparencia tramitado por el Gobierno central".

El grupo socialista incorporó a su iniciativa una enmienda del grupo popular por la que el Parlamento apoya el proceso de adaptación de la normativa española en materia de ejecución hipotecaria puesto en marcha para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo.

Asimismo, a raíz de la propuesta de IULV-CA, el Parlamento ha expresado su respaldo a la ILP sobre la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización de los desahucios y el alquiler social, pendiente de ser debatida en el Congreso de los Diputados" por considerar que "responde tanto a la voluntad social claramente expresada como a los requerimientos planteados por la Justicia europea en torno al déficit democrático de la legislación española vigente para regular estas cuestiones".

De igual manera, se ha instado a la Junta a "intensificar sus esfuerzos por dar a conocer las oficinas en defensa de la vivienda y por extender los convenios de colaboración con los ayuntamientos para que dichas oficinas puedan profundizar en su labor de asesoramiento y mediación en favor de las familias con amenaza de desahucio".

Por último, se ha emplazado al Ejecutivo andaluz a "utilizar todas sus competencias para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia del TJUE, asegurando la protección de la ciudadanía frente a cláusulas abusivas tanto en la contratación de hipotecas como de otros productos financieros", así como a "realizar los cambios normativos necesarios para hacer efectiva la función social de la vivienda".

"Frenar la sangría"

El diputado del PSOE-A Enrique Benítez ha manifestado que la sentencia del TJUE abre la puerta a la revisión o suspensión de procedimientos de ejecución hipotecaria en los que se han firmado contratos de buena fe cuya resolución acaba representando un grave desequilibrio entre los derechos y obligaciones de los firmantes. Ha indicado que la política de viviendas del Gobierno del PP es un "combustible para el incendio de los desahucios".

En un contexto actual, con cifras alarmantes sobre ejecuciones hipotecarias, según ha indicado, el Gobierno de España debe dar un paso más allá en la defensa de los más vulnerables. Ha señalado que, tras esa sentencia, que habilita un camino legal para mejorar la protección de los deudores hipotecarios y frenar la sangría patrimonial de miles de familias, ya no hay excusas para que el PP rechace la iniciativa legislativa popular.

Por su parte, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha manifestado que a PSOE-A e IULV-CA "les pesa" que el Partido Popular haya tomado iniciativa para resolver el problema de los desahucios. Ha indicado que el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "no hizo nada" para cambiar la ley hipotecaria y atajar el problema de los desahucios.

A su juicio, el interés del PSOE por este asunto llega "tarde", porque en los cuatro años que estuvo en el Gobierno de la Nación no adoptó ninguna medida frente al problema, mientras que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha puesto en marcha varias medidas para lograr un sistema justo y equilibrado que proteja los intereses de los consumidores tal y como determina Europa.

La diputada de IULV-CA Alba Doblas ha criticado que el Estado haya pasado 18 años sin llevar a cabo la trasposición de una directiva comunitaria en materia hipotecaria que podía haber ahorrado parte del dolor de muchas familias españolas. Ha confiado en que la ILP se apruebe en el Congreso de los Diputados sin "matices", y ha expresado su rechazo a las enmiendas que el grupo popular ha planteado a la misma.

Ha pedido al PP que apoye esa iniciativa legislativa popular sin reservas y asuma su responsabilidad porque la gente se lo está pidiendo a gritos.